“La actualización del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, marca líneas de trabajo claras: para los equipos de salud, sobre los principios rectores legales, bioéticos y médicos. Para las mujeres, en tanto les da asertividad sobre sus derechos, y porque expresa la voluntad política de su implementación.” Nada más y nada menos, sostiene la médica Analía Messina, jefa histórica del Servicio de Obstetricia del Hospital Alvarez, integrante de la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redas) y una de las expertas convocadas para sentarse junto al ministro de Salud, Ginés González García, el día que anunció la actualización y la implementación efectiva de esta guía técnica en todo el país, tal como se confirmó ayer en la convocatoria a los ministros de Salud provinciales. La presencia de Messina en la Casa Rosada no sólo se trató del reconocimiento a una feminista, defensora de los derechos de niñxs, mujeres y personas con capacidad de gestar. También fue un gesto político, la contraseña de un futuro verde y violeta que se irá construyendo en el respeto “a los derechos reproductivos y no reproductivos”, como ella elige describirlo.
¿Qué quiere decir con eso?
-Que difícilmente un equipo de salud acepte dar acceso a la práctica si no comprende que las mujeres tienen derecho a parir y a elegir no parir también. Cuando digo parir estoy hablando de parir en libertad, con autonomía, de forma respetuosa y cuidadosa. Si uno tiene esta mirada, la abre cada vez más. Es imposible ir para atrás.
¿Y qué significa este protocolo-guía para la vida de las personas gestantes?
-Implica proponer los lineamientos para dar acceso en un marco legal y de seguridad, tanto para las mujeres como para lxs profesionales. Porque lo que abrió el fallo F.A.L. es la concepción integral de la salud en todas sus dimensiones, físicas, psíquicas y sociales. No tengo que demostrar que sufro un riesgo tal o cual de morir o de enfermar, simplemente invoco que no estoy dispuesta a soportar ese riesgo y que en este momento no puedo tramitarlo. Y lxs profesionales deben estar dispuestxs a escuchar esto, como parte de una decisión autónoma. Con seriedad, porque no es que van a llegar hordas de mujeres a pedir abortos, como cuando se abrió el debate de ligaduras de trompas y se decía que iban a inundar los quirófanos. Eso es infantilizarlas. Una mujer que está informada y toma su decisión de manera autónoma, puede acceder a la práctica. Es un evento importante que forma parte de la vida reproductiva, pero lo mejor que nos puede pasar es tomarlo de forma reflexiva o con la opinión de un profesional, o con el acompañamiento de otrxs. Porque después hay recuperación para todo. Unx no se queda fijadx en esa pena o en ese tormento. Para mí la violencia es no poder elegir.
Trabajar el aborto en clave de salud pública fue un punto central del anuncio.
-¡Es uno de los fundamentos para la despenalización y la voluntarización de la interrupción del embarazo! Ese argumento habla por sí mismo. Pensar que hay mujeres que mueren o que se enferman gravemente por recurrir a un aborto inseguro, si sabemos que 30 mujeres mueren por año y que se producen unos 50 mil egresos anuales por abortos inseguros, es suficiente prueba basada en las evidencias de la salud pública. Es una política sanitaria que da por sentados derechos.
Para acceder a la ILE sólo se deberá pedirla, dar consentimiento informado y firmar una declaración jurada donde conste que la situación está dentro de los casos comprendidos por la ley. ¿Qué ocurre con lxs adolescentes?
-Hay un cambio en los códigos Civil y Comercial que fija la progresividad de la autonomía. Las niñas menores de 13 años necesariamente deben estar acompañadas. Entre los 13 y los 16 es ideal que lo estén, pero a veces surgen conflictos, y eso señala que hay acompañar el deseo de esa adolescente, no hay que avasallarla en sus derechos. Si una chica de 14 años llega sola al equipo de salud, es un llamado de atención para preguntarnos qué pasa con ella, y debería estar contenida en una red de sostén. Nos sucedió a veces que eran docentes de la escuela quienes acompañaban. En la Guía está precisado que cuando existe un conflicto entre la joven y lxs adultxs se aplica el principio pro hominem, es decir el que más garantice derechos. Y establece que no hacen falta otras autorizaciones ni judicializaciones: se trata de escuchar la voz de las adolescentes. Son cuestiones sociales que atraviesan la práctica médica. Y es caso a caso. Quiero decir que cada mujer tiene su individualidad y está transcurriendo un momento determinado de su vida. La ley, el fallo F.A.L. o el Protocolo nos marcan un piso y un camino, pero después el equipo de salud debe escuchar los problemas y las necesidades que trae esa mujer, o la situación abusiva que está viviendo esa niña, quién está cometiendo ese delito y obviamente nos enfocaremos en eso. Es una simplificación creer que no nos importa qué va a pasar con esas niñas. Importan antes, durante y después.
¿Cuál es el modelo de atención que propone la Guía?
-El que se basa en la calidad y el respeto por la autonomía. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define que la calidad atraviesa todo el evento. Antes, para situar cuál es la situación y proponer a las personas con capacidad de gestar la información y los métodos disponibles para realizar la intervención. Durante, al aplicar las metodologías apropiadas, medicamentosas o por Aspiración Manual Endouterina (Ameu). Y el después es también garantizar que, en la medida de lo posible, no vuelvan a pasar por ese evento y tengamos la oportunidad de ofrecerle consejería anticonceptiva e implementación de métodos anticonceptivos efectivos, que les garanticen que puedan vivir una vida sexual plena, tranquila, sin temor a repetir momentos críticos.
Enlaza con la otra decisión política de decir que la ILE es un procedimiento seguro.
-Porque siempre tenemos que advertir que cuando hablamos de complicaciones y de muertes es por abortos inseguros. El aborto es una práctica segura si cumplimos con todos esos estándares, y ésta es la primera vez que se expone con tanta claridad. El debate en el Congreso fue riquísimo porque sacó el tema del placard y empezó a ponerlo en voz alta, pero muchas veces se tropezó con temores y oscurantismos. El gesto más importante ahora es que disponemos de un protocolo legal, de la voluntad política y de mujeres que están dispuestas a que se cumpla la ley. Sé que divide aguas pero también tengo claro que a nadie se le va a obligar a continuar con un embarazo ni a abortar porque el equipo médico lo decida. Tenemos que entrenarnos en la escucha y el poder acompañar.
Hay argumentos opositores que sostienen que el aborto no es la principal preocupación de las mujeres pobres.
-Son argumentos clasistas. Las mujeres pobres no tienen el mismo acceso a la salud que las que tienen recursos. Hay muchos problemas, desde ya. Tenemos un país con un 40 por ciento de niñxs por debajo de la línea de pobreza. Pero este también es un problema, porque cuando una mujer se muere por un aborto clandestino, los hijxs que la sobreviven tienen cinco veces más riesgo de morir que aquellxs que conservan a su madre. Esa muerte afecta a muchas más personas involucradas, ya que las que se ocupan de lxs niñxs y de las personas mayores, en su enorme mayoría, son las mujeres. Es el triple cuidado basado en género: cuidamos a lxs hijxs, a lxs ancianxs y al trabajo. Y en el caso de aquellas sobrevivientes de abortos inseguros que quedaron severamente enfermas o con falta de órganos, se trata de mujeres que no acceden al mundo laboral y que tienen dificultades de todo tipo en su vida cotidiana y en sus vínculos. Esas mujeres son muy importantes porque nos cuentan una trayectoria. Muchas de ellas buscaron soluciones y no se las ofrecieron. Fueron arrojadas al aborto inseguro justamente por no tener una política clara de acceso a la salud, que es lo que nos ofrece en este momento la Guía.
Que además achica la capacidad de daño de la objeción de conciencia sobre los derechos de lxs pacientes.
-Las instituciones no tienen conciencia, son ladrillos. Las constituyen los individuos, que sí tienen moral y una individualidad que les permite o no determinadas cuestiones. Cada ser humano tiene derecho a su expresión, pero no estoy de acuerdo con la obstrucción de conciencia, porque hay profesionales que además de manifestar después obligan a la mujer a hacer un camino más largo y recorrer instituciones. Además la objeción de conciencia es para la práctica, no para la información. No puede ser un obstáculo que impida el acceso de las mujeres a hacer lo que sea necesario para sí mismas.
¿Cómo se están cumpliendo las causales?
Las causales son el riesgo para la vida o para la salud, el peligro para la vida o la violación en cualquiera de sus formas, intramatrimoniales, intrafamiliares, ocasionales. Como equipo médico tenemos que concentrarnos en escuchar cuál es la causal que se invoca, y ésa es la famosa certificación de la causal. Por ejemplo, hay mujeres que tuvieron experiencias malas en embarazos anteriores, que sufrieron enfermedades asociadas y no quieren volver a pasar por esas situaciones. Son causales, porque es el riesgo que ella percibe para su salud. El peligro para la vida ni qué definirlo, mujeres que están severamente enfermas y han quedado embarazadas. Y la violación es un problema, porque la violencia basada en género aún no fue tomada en su real dimensión a pesar de que hace años venimos trabajando este tema y, aun desde el hito de Ni Una Menos, todavía para el sistema de salud es difícil de visibilizarla. Sin embargo, por este problema las mujeres recurren con mucha mayor frecuencia al servicio de salud que a la Justicia o a la policía. Por la cantidad de síntomas secundarios que tienen, por el politrauma o por ese embarazo forzado acuden al sistema de salud. Si los equipos de salud no nos entrenamos en percibir estos síntomas, volvemos a arrojarlas al precipicio. Cuando se piensa en términos de violación, muchas veces se imagina un evento clandestino, callejero, pero en realidad las estadísticas revelan que en parte de ese complejo de violencia familiar en la que muchas mujeres están sumergidas, existe la violencia sexual, y los mayores agresores sexuales son parejas o ex parejas. No podemos desconocer esa realidad.
Se trata de poder leer que la mujer no dio su consentimiento, aun cuando se lo manifieste desde el silencio.
-Y además porque hay muchas parejas violentas que impiden que las mujeres usen anticonceptivos, en una especie de complejo de que los van a usar con otros. Cada vez que una mujer nos dice tengo que consultarlo con mi marido o mi pareja, es una alerta que se enciende. Es tu cuerpo, son tus derechos. Hay mucho por deconstruir. Cuando en el hospital pedimos que vengan con sus parejas, sobre todo en los consultorios de adolescentes, aprovechamos para incluir a los varones y darles una consejería sobre cómo cuidarse y tener conductas saludables en todos los sentidos, porque ellos no consultan por cuestiones vinculadas a los problemas reproductivos. Las que vienen son las mujeres, y éste es el otro cuidado de género: todos las prevenciones de anticoncepción recaen en las mujeres.
¿Quiénes son lxs que más recurren?
-En general, de todo el espectro reproductivo las mujeres de 20 a 30 años son las que más solicitan parto respetuoso o interrupción, pero también coincide con la edad de mayor frecuencia de embarazo. En Ciudad tenemos una situación privilegiada, ha habido un fuerte descenso del embarazo adolescente, y eso tiene mucho que ver con el trabajo de los equipos. Sea quien fuere que gobierne, hay un grupo intenso que trabaja en derechos y en acceso a derechos reproductivos y no reproductivos que no se da por vencido. Podemos tener más o menos insumos, pero funcionan consultorios de Salud Sexual y Reproductiva en todos los Cesac y en todos los hospitales. La institución hospital tiene ventajas que son indiscutibles: hay una impronta y la política del servicio es una. En aborto también necesitamos equipo, porque una de las cosas que les facilita mucho a los prendevelas, a los celestes, es que en una guardia haya un solo profesional que garantice el servicio, para empezar a hostigar. Pero cuando hay un equipo que trabaja varios días a la semana, naturalizás la práctica dentro de todas las que pueden realizarse en una maternidad, y es más difícil focalizar.
Esta semana el ministro de Salud dijo que va a estimular la producción estatal de misoprostol, pero qué ocurre con la mifepristona, otra droga esencial según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y medicamento para interrumpir embarazos.
-No tenemos mifepristona, todavía no se autorizó en el país pese a que es muy necesaria. Pero entiendo que estaría pronta para salir del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de genéricos de la provincia de Santa Fe, que ya produce misoprostol, la otra droga que figura en la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS. Lo importante hoy es que a partir de un amparo que presentó este Ministerio de Salud, la Justicia suspendió una cautelar que prohibía la venta de misoprostol en farmacias y la droga volvió a comercializarse sin restricciones en todo el país.
¿Cuáles son las provincias donde hay que trabajar la implementación de la Guía en profundidad?
-Muchas. Son pioneras Santa Fe, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires pese a la Resolución 1252/12 del ex ministro Jorge Lemus, que imponía condiciones restrictivas de ILE y que ahora la Corte Suprema va a analizar a la luz del fallo F.A.L.. Por eso es tan importante una guía-protocolo de Nación, porque es facilitadora. Si bien en el fallo F.A.L. se recomienda que cada jurisdicción elabore sus propuestas normativas, también es cierto que si se cuenta con una norma de alcance nacional puede recurrirse a ella cuando se impongan requisitos por encima de lo necesario.
¿Qué expectativas tiene sobre la legalización del aborto?
-Necesitamos equipos de salud capacitados y cumpliendo, necesitamos mujeres exigiendo ese cumplimiento y contamos con la voluntad política para tener al alcance todas las herramientas necesarias para implementarlo. Aunque apareciera una ley de interrupción voluntaria del embarazo, si no se diera esta triangulación no existiría, como tantas otras cosas que cuestan tanto en nuestro país. Por ejemplo la ley de Educación Sexual Integral (ESI), cuántos años tiene ya y hay muchísimos lugares donde no se cumple. Todavía cuesta impregnar a la sociedad. Para que cualquier norma funcione necesita equipos, necesita políticas y políticos, y necesita comunidad empoderada o dispuesta a exigir que se cumplan estos derechos. Si no, podemos escribir los mejores protocolos esta noche (risas) y no van a tener ningún efecto. Esta guía es virtuosa porque contiene los principios legales, bioéticos y médicos. No hay dudas de cómo se tiene que enfocar el tema. Y para la gente que tenga dudas, que la lea.