El ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, informó en conferencia de prensa que la provincia aplicará el protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), al que adhirió en 2018 mediante decreto 584, y no el nuevo, lanzado por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. 

Este protocolo al que la provincia adhirió en 2018 fue establecido por el Ministerio de Salud Pública de la Nación en 2015. El gobierno de Juan Manuel Urtubey dispuso un protocolo restrictivo hasta mayo 2018. La polémica que se desató por casi obligar a parir a una nena de 10 años que había sido violada por su padrastro llevaron al ex mandatario a adherir al protocolo nacional sin más.

“Salta decidió adherir al protocolo nacional. Solo que con la nueva versión queremos ver si se puede aplicar en nuestra provincia, saber qué opinan los médicos y saber si estamos en condición de cumplir”, dijo Villada.

El análisis, sostuvo, es sobre el “rigor científico, legal y político” del protocolo, aunque negó que se dude del rigor científico de quienes lo actualizaron a nivel nacional. “No dijimos que no vamos a adherir”, agregó ante las diversas consultas de las razones por las cuáles llevarán la discusión a la Legislatura Provincial. En el recinto se conoce que la mayoría de los legisladores mostraron descarnadamente su posición antiderechos.

La observación generó cierto malestar en Villada. Los legisladores “fueron elegidos por el pueblo y merecen todo el respeto de este ministro”, respondió y afirmó que para aplicar el nuevo protocolo “tiene que haber fundamentos con rigor científico legal y político”.

Los cambios del nuevo protocolo

El nuevo protocolo avala “otros factores que no tienen que ver con el estado de la gestante”, dijo Villada. Sostuvo que hay diferencias entre el protocolo 2015 y el actualizado: las personas pueden dar de consentimiento autónomo desde los 13 años (antes era a los 14), el sistema de salud tendrá 10 días para concretar el procedimiento de la ILE, el riesgo de vida se amplía “a cuestiones más integrales”, y se aplica un nuevo paradigma (en lo referente a la ley de identidad de género, dado que el protocolo alcanza a hombres trans también o del colectivo lgtbiq).

“La salud es una potestad de las provincias y debe ser analizada en el marco provincial”, agregó el funcionario al indicar que son sus representantes quienes deben decidir “lo que es más conveniente para nuestra provincia”.

El debate a la Legislatura

La ministra de Salud, Josefina Medrano ya estuvo con el fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, frente a los senadores de la provincia planteando la posibilidad de realizar un análisis del protocolo nacional actualizado.

Por su parte, la diputada y una de las candidatas a ser presidenta de la Comisión de la Mujer de la Cámara Baja, Mónica Juárez, dijo que el tema “es muy sensible… nos moviliza y nos separa entre mujeres”. Sin embargo, entendió que es un debate que tiene que ver con “nuestros derechos”, pero acompañó la postura del Ejecutivo provincial al afirmar que “desde lo legal merece un análisis más profundo ya que nuestra Constitución protege la vida desde su concepción”.

En esta línea sostuvo que “hay temas que exceden la posición individual de 83 legisladores por eso entiendo que hay dos posibilidades (al hablar de esta temática): o cambiamos la Constitución, o lo hacemos más amplio y democrático y llamamos a un ‘referéndum vinculante’ para que la opinión de salteñas y salteños definan tamaña responsabilidad”.

Organizaciones de mujeres se movilizaron hoy a la Cámara de Diputados para expresar su rechazo a la posición del gobierno de Gustavo Sáenz, y su respaldo al protocolo de ILE dado recientemente por el Ministerio de Salud de la Nación.