Desde Santa Fe

Rosario/12 ya informó que Miguel Lifschitz está bajo la lupa de Omar Perotti. Ayer, el gobernador suspendió las designaciones, contratos y ascensos de unos 300 empleados públicos que su antecesor decretó en los últimos seis meses de gestión, desde el 10 de junio hasta el traspaso del poder, el 11 de diciembre. Perotti consideró que Lifschitz no cumplió la ley de Responsabilidad Fiscal y específicamente la norma de fin de mandato que le impedía aumentar el gasto corriente en sus últimos 180 días en la Casa Gris y asumir erogaciones que comprometieran el presupuesto del sucesor. Por lo tanto, suspendió todos los nombramientos y acomodos políticos y los mandó a un limbo: una comisión del gabinete que revisará los 300 casos, uno por uno, integrada por funcionarios de la Fiscalía de Estado y de los Ministerios de Economía, Trabajo y Gestión Pública. “Es lo que manda la ley, Perotti está obligado a cumplirla y es lo que hizo”, explicó el vocero del gobierno Leonardo Ricciardino.

La norma de fin de mandato es el artículo 15 bis de la ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal que impide al Presidente de la República y a los gobernadores aumentar el gasto corriente en los últimos 180 días de gestión para no impactar en el presupuesto de sus reemplazantes. En su último semestre, Lifschitz firmó 166 decretos que designan, contratan o ascienden a unos 300 empleados públicos. “Entonces, ¿qué hizo Perotti?”, se preguntó Ricciardino. “Lo que le manda la ley: suspendió esos contratos y dispuso un mecanismo de revisión” para establecer si los “actos administrativos” se ajustan a la legalidad. “Es lo mismo que hizo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con las designaciones de último momento de Mauricio Macri”, aclaró.

“Acá no hay ningún debate político acerca de si corresponde hacerlo o no. Es la ley de Responsabilidad Fiscal la que obliga a hacer estas revisiones” porque Lifschitz la pasó por alto. “Entonces, cada uno de los designados o contratados podrá hacer su descargo (ante la comisión del gabinete) y allí se evaluará cada caso entre el fiscal de Estado y los funcionarios de Economía, Trabajo y Gestión Pública y seguirá el “procedimiento administrativo”, precisó el vocero.

“Es importante destacar que esto no tiene nada que ver con los contratados viejos que reclaman el pase a planta permanente desde hace tiempo. Esa es otra situación que el Estado deberá atender en su momento”, aclaró.

-Qué son: ¿designados, contratados, ascendidos? –se le preguntó.

-Hay de todo: designados, funcionarios políticos que lograron un ascenso en planta permanente. Hay que revisar, caso por caso, pero siempre en el marco de la ley de Responsabilidad Fiscal. Lifschitz firmó 166 decretos que involucran a 300 personas aproximadamente -insistió. 

El decreto 089 del Poder Ejecutivo que ordena revisar las designaciones es una denuncia a Lifschitz. La Legislatura aprobó la reforma a la ley de Ministerios que solicitó Perotti el 21 de noviembre y en los 20 días que faltaban para que asumiera el electo, Lifschitz firmó 70 decretos que asignaron “funciones” a 127 empleados, a pesar de que ya se habían creado nuevos ministerios, fusionado otros y suprimido dos carteras y una Secretaría de Estado. “Eso empeora la situación (de los beneficiarios) porque siguieron las designaciones después de saber que ya no habría 14 ministerios, que eran dos menos. Con lo cual, muchos de esos nombramientos quedan en falsa escuadra porque hay designados en áreas que ya no existen. Hasta ese punto llegó”, la gestión de Lifschitz. “Por eso, el gobierno de Perotti está obligado a revisar esas designaciones, porque lo manda la ley”, puntualizó el vocero.

Ricciardino recordó que en la primera reunión de la transición, el 3 de julio, el actual ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, les advirtió a los ex ministros de Gobierno Pablo Farías y de Economía, Gonzalo Saglione, sobre la ley de Responsabilidad Fiscal y la norma de fin de mandato que le impedía a Lifschitz aumentar el gasto corriente. “Se lo dijo por escrito, les pedimos por favor que no realizaran estos actos administrativos y los realizaron igual”, cerró Ricciardino.