La Cámara de Diputados de Chile aprobó el llamado a plebiscito para la redacción de una nueva Constitución. Los diputados tuvieron que votar una reforma a la actual Constitución ya que no permitía el llamado a la consulta popular. También aprobaron los artículos que regularán todo el proceso de reforma. Mientras se estaba desarrollando la sesión un grupo de feministas ingresó al Congreso para manifestarse en contra del proyecto. Pedían que se apruebe la paridad de género en la elección de los constituyentes que redactarán la nueva Carta Magna. Finalmente la Cámara rechazó tanto ese pedido como el de un cupo mínimo para independientes e indígenas.
Los diputados tuvieron que alcanzar una mayoría de dos tercios para modificar la actual Constitución de Chile, ya que no permitía llamar a plebiscito para una reforma de la Carta Magna. Tras duras negociaciones la Cámara votó la reforma por 127 votos a favor, 18 en contra y cinco abstenciones. Ahora el proyecto pasó el Senado donde deberá ser ratificado. De esta manera la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) parece tener los días contados.
Por falta de quórum se rechazaron las disposiciones que contenían la paridad de género y otras para asegurar la inclusión de independientes y de grupos indígenas. En la previa había posiciones encontradas dentro de sectores minoritarios de la derecha chilena sobres estos puntos. Pero la amenaza del principal partido de gobierno, la Unión Demócrata Independiente (UDI), de rechazar por completo la reforma Constitucional para habilitar el plebiscito, alineó a todos sus partidos. El artículo sobre paridad contó con 80 votos a favor, 62 en contra y 7 abstenciones, pero necesitaba llegar a los dos tercios de los votos. Desde la oposición criticaron a los diputados del frente que encabeza Sebastián Piñera. "Las manifestaciones no se van a detener; la derecha va a seguir provocando que haya más gente en las calles", dijo la diputada del opositor Frente Amplio, Camila Rojas.
La votación en el Congreso estuvo marcada por manifestaciones de grupos feministas que exigieron la inclusión de la paridad. Varias mujeres irrumpieron durante el debate al grito de "¡Alerta machista, que todo el territorio se vuelva feminista!". Tras ser desalojadas interpretaron en las puertas del Congreso la famosa performance "Un violador en tu camino". "La constitución será con nosotras o no será", dijo durante el debate la diputada Catalina Pérez del opositor Revolución Democrática (RD). También desde la bancada del Partido Socialista (PS) criticaron el rechazo a la paridad de género. “Logramos echar abajo tierra la Constitución de Pinochet. Y en ese sentido, encuentro impresentable que pretendamos construir una nueva Carta Magna sin mujeres, pueblos originarios e independientes. No se puede construir una nueva casa inclusiva, partiendo por la exclusión", sostuvo la diputada Daniella Cicardini (PS).
El acuerdo que alcanzaron los diputados establece la realización del plebiscito el 26 abril de 2020. Allí la ciudadanía deberá responder dos preguntas: si se quiere o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano la redactará. Las opciones son una Comisión Mixta Constitucional o una Convención Constitucional. La primera estará integrada en partes iguales por parlamentarios en ejercicio y ciudadanos elegidos para la ocasión. La Convención Constitucional, en cambio, estará formada solamente por personas elegidas para esa finalidad.
Si el plebiscito es aprobado, la elección de los miembros de una u otra instancia se realizará en octubre de 2020 bajo sufragio universal y con voto voluntario. En esa misma elección se elegirán las autoridades regionales y municipales. Pero la ratificación de la nueva Constitución se realizará con sufragio universal y voto obligatorio.
De llegarse a una nueva Constitución la actual quedará derogada. Eso implica que la nueva Constitución será completamente nueva y no una versión reformada ni basada en la actual. Este es uno de los puntos que más tensó la discusión, porque la oposición apostaba por una redacción desde cero y el oficialismo quería que la base del nuevo texto fuera la Constitución de 1981. El acuerdo se aprobó tras intensas negociaciones entre los principales partidos de la oposición y la coalición del gobierno.
La redacción de una nueva Carta Magna es uno de los principales clamores en las calles de Chile. Los manifestantes culpan a la actual de ser el origen de las grandes desigualdades del país. En ella el Estado ocupa un rol subsidiario al brindar servicios básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización. Si bien el gobierno de Piñera tomo una serie de medidas para calmar la situación social, las mismas no lograron apaciguar los ánimos en las calles. El 21 de octubre empezaron las protestas en Chile, con convocatorias masivas a colarse en el subte de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa. Esa fue la chispa que devino en masivas revueltas donde millones exigen un modelo económico más justo.