La reciente ley de “Solidaridad social y reactivación productiva” enviada al Congreso da indicios de las líneas generales que tendrá la política económica en el marco de la crisis heredada. Se busca redistribuir ingresos hacia los que menos ingresos tienen, con el doble objeto de paliar la situación social y, al mismo tiempo, de movilizar el consumo para “encender los motores de la economía”. En ese sentido deben leerse los aumentos a jubilados de menor ingreso, beneficiarios de la AUH o el congelamiento de tarifas, mientras se actualiza los Derechos de Exportación o se incrementan las alícuotas de Bienes Personales.

En paralelo, se toman medidas para enfrentar la principal restricción que enfrenta la economía para atender la frágil situación externa. El mantenimiento de las restricciones a la compra de dólares se refuerza con un impuesto a su compra que desincentiva el turismo externo, la compra con tarjetas en el exterior o el ahorro en divisas, mientras se incentiva el ahorro en el sistema local desgravando a los plazos fijos. Sin embargo, una medida desentona con esa precaución, ya que se dispone el uso de 4751 millones de dólares de las reservas -el 10 por ciento del total que dispone el Banco Central y algo más del 40 por ciento de las operativas en el corto plazo- para pagar deudas.

Esa cifra para pagar deuda equivale al total de vencimientos de capital en pesos y dólares de diciembre de este año. Dado que sólo 1410 millones de dólares son necesarios para cubrir vencimientos en dólares, el resto podría retornar al Banco Central para cubrir pagos en pesos o deuda intra sector público. Si se toma esa consideración, el monto apartado permite cubrir los vencimientos de capital e interés con el sector privado hasta febrero del próximo año.

Aún así, el anuncio sorprendió a propios y extraños, especialmente porque el ministro de Economía, Martín Guzmán, había declarado que por dos años Argentina no contaba con capacidad de pago y que los acreedores debían esperar a que la economía local crezca y solucione las urgencias sociales, para pasar a cobrar. Es más, el propio Macri había decidido posponer el pago de los vencimientos de agosto, impulsando un reperfilamiento forzoso de 6 meses. El mercado había descontado que el gobierno entrante no haría frente a esos vencimientos y los volvería a reperfilar. Por eso, al conocerse el proyecto de ley, los bonos treparon entre 8,5 y 13,5 por ciento en sus cotizaciones.

La sorpresiva medida de pagar los próximos vencimientos de la deuda hace recordar a la estrategia de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. En ese entonces, Argentina honraba los vencimientos de deuda aún cuando enfrentaba el asedio de las calificadoras, organismos internacionales y el bloqueo buitre al acceso a los mercados. Esa voluntad pagadora poco pragmática terminó debilitando las reservas y generando una vulnerabilidad económica que luego se traslado al ámbito político. Es un aleccionador antecedente para el gobierno de Fernández y no se entregue voluntariamente con la guardia baja a un golpe de mercado.

@AndresAsiain