El Congreso de Estados Unidos subió este jueves de 18 a 21 años la edad mínima para comprar tabaco y cigarrillos electrónicos en el país, tras registrarse un fuerte aumento del vapeo entre los jóvenes.
La decisión, adoptada por el Senado como una enmienda a una ley presupuestaria, entrará en vigor el próximo año. Su aplicación asimilará el tabaco y los cigarrillos electrónicos al alcohol, una sustancia cuya compra está vetada a los menores de 21 años. Diecinueve de los 50 estados del país ya habían impuesto esa misma edad mínima para comprar tabaco y cigarrillos electrónicos.
La nueva ley federal extiende esa medida a todo el país, y el cambio será efectivo en unos nueve meses, el tiempo que toma publicar decretos de aplicación que precisen las sanciones contra las tiendas que incumplan la norma.
Esa decisión se adoptó para luchar contra la gran popularidad de los cigarrillos electrónicos entre los alumnos de secundaria, en un momento en que cada vez menos jóvenes consumen alcohol y cigarrillos tradicionales.
Un 27,5 por ciento de los alumnos del último curso de secundaria dicen haber vapeado en el último mes, según la encuesta anual realizada por el gobierno en 2019, frente al 11,3 por ciento que afirmaba haberlo hecho en el sondeo de 2016.
Pero, respecto del cigarrillo tradicional, la proporción de esos alumnos que fumaron en el último mes cayó hasta el 5,7 por ciento, casi la mitad que en 2016.
Otra encuesta de referencia publicada el miércoles, Monitoring the Future, muestra que el 52 por ciento de los alumnos de ese mismo curso declaraban haber tomado alcohol en el último año, frente al 73 del año 2000.
La medida aprobada este jueves queda lejos de lo que barajaba la administración estadounidense en septiembre: una prohibición total de los cigarrillos electrónicos aromatizados, muy apreciados por los jóvenes.
Esa propuesta llegó después de que el consumo de cigarrillos electrónicos provocara una crisis sanitaria en el verano boreal, cuando jóvenes consumidores, a menudo veinteañeros, empezaron a tener complicaciones pulmonares.
Una amplia investigación reveló que la causa era un ingrediente que se añade a menudo a las recargas de marihuana vendidas en el mercado negro: el acetato de vitamina E. Hasta el momento enfermaron 2.409 personas, de las cuales murieron 52.
El presidente Donald Trump, que se había mostrado a favor de prohibir los cigarrillos electrónicos aromatizados, dio marcha atrás después de que, al parecer, sus asesores lo convencieran de que esa medida le iba a quitar votos en las elecciones de noviembre de 2020.
Entre tanto, el líder de los cigarrillos electrónicos, el estadounidense Juul, asociado al gigante del tabaco Altria, dejó de vender en Estados Unidos sus productos con sabor a fruta y conservó sólo los que saben a tabaco y los mentolados.
Trump y las compañías del sector aceptaron finalmente la subida de la edad mínima a 21 años. La medida suscitó sin embargo indignación entre los militantes antitabaco y antivapeo.
"Juul y Altria abrazaron la cuestión de los 21 años por sus propios motivos infames, para disimular su batalla contra la prohibición de los cigarrillos electrónicos aromatizados", declaró Matthew Myers, presidente de la organización Campaign for Tobacco-Free Kids, opuesta a las tabacaleras.
La imposición de una edad mínima legal no ha impedido que generaciones de adolescentes adquirieran alcohol o cigarrillos, recuerda Rob Crane, presidente de la Preventing Tobacco Addiction Foundation, porque, según él, los controles y las sanciones contra los comercios siempre fueron insuficientes.
El paquete presupuestario aprobado en la Cámara Alta no presenta soluciones a otras prioridades de salud para la Casa Blanca y los demócratas, como las medidas para suprimir las facturas médicas de aquellos que acuden a servicios médicos sin saber que estos están fuera de las coberturas de sus seguros sanitarios o el control sobre el precio de los medicamentos altamente recetados.
Además, con esta votación Trump consigue ciertos fondos destinados al muro migratorio en la frontera con México y revoca la carga impositiva establecida por el presidente Barack Obama (2009-2917) sobre los seguros médicos más caros.