El repudio generalizado del sector docente y científico llevó a que el gobierno de Alberto Fernández modificara los artículos 51 y 52 del proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva , que establecía la suspensión por 180 días de la fórmula de actualización jubilatoria y el régimen especial del 82 por ciento móvil para los docentes y los investigadores científicos, y la reemplazaba por aumentos trimestrales por decreto, definidos por el Poder Ejecutivo.

 De esta forma, el proyecto de ley en debate finalmente no afectará el "régimen especial de movilidad jubilatoria para docentes de nivel inicial, primario, medio técnico y superior no universitario"; tampoco al "régimen para personal Docente Universitario" y al "régimen previsional para Investigaciones Científicas".

Tampoco se modificarán las pensiones que reciben los hijos de progenitores víctimas de violencia familiar o de género, amparados por la llamada La ley Brisa.

Eduardo López, Secretario General de UTE y Gremial de CTERA, celebró que el reclamo haya sido escuchado. "Me parece bien que el Gobierno haya dado marcha atrás con los artículos 51 y 52 porque los docentes aportan un 2 por ciento más durante toda su carrera. Es decir, los docentes aportan el 13 para su jubilación. Nos autosolventamos el 82 por ciento móvil, que empezó regir en el año 1957 con el estatuto docente y que distintos gobiernos lo discontinuaron. No es un régimen de privilegio", indicó López en diálogo con Página/12.

En tanto, la CTERA planteó, a través de un comunicado, "su preocupación en la reunión del Consejo Federal de Educación y mantuvo reuniones con distintos bloques legislativos".

Por su lado, la Conadu Histórica señaló que "valoramos de forma positiva que nuestra demanda haya sido escuchada y que ratifica la defensa de las leyes de movilidad jubilatoria que son el producto de grandes luchas de nuestro sector".

La suspensión de la movilidad jubilatoria y los regímenes especiales fue el punto más crítico de la exposición del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien sostuvo que el objetivo, como indica la norma, es poder pagar un monto extra a los jubilados que reciben la mínima, pero negó que se trate de un "congelamiento", ya que el Gobierno decretaría un aumento —sin un criterio previo— para todos los jubilados en los próximos dos trimestres.

Si bien los docentes y científicos finalmente no quedarán afectados, la fórmula de movilidad que utiliza el sistema previsional de la Anses no se aplicaría a otros regímenes especiales, entre ellos la que se otorga a los ex combatientes de Malvinas o al personal del servicio exterior de la Nación.