En la primera reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para buscar una solución “a la grave crisis humanitaria” que se vive en las cárceles bonaerenses, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reclamó “medidas de acción inmediatas”. Una de ellas es que el cuestionado procurador general de la Suprema Corte, Julio Conte Grand, tome la decisión de derogar resoluciones que condujeron “a la sobrepoblación record” que se registró durante los cuatro años de gobierno del macrismo, algo que no ocurrió sólo en la provincia sino en todo el país. De la reunión convocada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, participaron el Premio Nobel de la Paz y presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, y el titular de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo de Lázzari.

En la reunión de apertura, en la que quedó conformada la Mesa de Diálogo, los representantes del gobierno, de la justicia y de organizaciones humanitarias, analizaron “la dramática situación que viven las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires”. En el encuentro se plantearon distintas alternativas tendientes a buscar una solución a “la grave crisis humanitaria” que se vive en las unidades penitenciarias, un tema que tiene una larga historia, pero que alcanzó dimensiones extremas durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos.

En su informe anual, la Comisión Provincial por la Memoria volvió a denunciar este año “el sistema de la crueldad” vigente en las cárceles y comisarías bonaerenses, donde durante 2018 un total de 469 personas denunciaron 2428 casos de tortura y malos tratos. Si se suman los hechos similares ocurridos en cárceles federales, las víctimas son 1621 y los hechos llegan a un total de 6300 casos. Estas situaciones son las que dieron lugar a que la protesta en las cárceles de la provincias de Buenos Aires se replicaran en otras unidades penitenciarias, desde Villa Devoto a Córdoba.

En la Mesa de Diálogo, Pérez Esquivel sostuvo que “es imprescindible descomprimir las cárceles bonaerenses que tienen una sobrepoblación récord y un hacinamiento que genera condiciones inhumanas de detención”, pero al mismo tiempo “también hay que luchar contra la tortura adentro de las cárceles”. La CPM aportó un informe actualizado, con datos de este mes, resultado de “un monitoreo de emergencia” que se hizo cuando comenzaron las primeras huelgas de hambre.

Luego de recibir información que señala claramente que la extrema gravedad “pone en riesgo la vida de las personas detenidas”, el ministro Alak sostuvo que “es imposible sostener esta política criminal” sostenida a lo largo del tiempo y con violencias extremas en los cuatro años de gobierno por parte de la ex mandataria María Eugenia Vidal y el ex ministro de Seguridad Cristian Ritondo, quien llegó a decir públicamente que prefería “presos amotinados (reclamando por sus derechos), que presos en libertad”.

Alak, dijo la CPM en su informe sobre la reunión reconoció “una de las causas fundamentales del colapso penitenciario, íntimamente vinculado con una política punitivista que en los últimos años se promovió y profundizó desde todos los poderes del Estado”. Sobre este punto, el titular de la Suprema Corte, Eduardo de Lázzari, reconoció que “el poder judicial debe trabajar en serio para solucionar el problema”.

La CPN propuso en el encuentro que se sumen a la mesa “representantes de personas privadas de libertad y a las organizaciones de familiares”. El organismo que preside Pérez Esquivel insistió en que la mesa debe abordar “no solo el tema de la sobrepoblación carcelaria sino también el de la tortura sistemática”, un problema presente y sin solución, dentro de las fuerzas de seguridad, heredado de la dictadura militar. Por esa razón, la CPM se opuso a iniciativas tendientes a propiciar el traslado de detenidos a comisarías, donde la violencia contra los detenidos es igual o peor que en las unidades penitenciarias.

Se planteó, además, la necesidad de que, más allá de los avances que se logren a través de la mesa, se deben tomar “ya mismo medidas importantes, por ejemplo, que el procurador provincial (Julio) Conte Grand derogue resoluciones que contribuye a la sobrepoblación o que Casación dicte plenarios adecuando a los estándares del sistema interamericano” en las cárceles provinciales.

El subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, será el coordinador de la mesa de diálogo, de la que participarán los jueces y el defensor del Tribunal de Casación, el Procurador General, la Defensoría del Pueblo, el arzobispado de La Plata, senadores y diputados, jueces de primera instancia, representantes de universidades, organizaciones no gubernamentales y comisionados del Comité Nacional de Prevención de la Tortura.