La Cancillería argentina no dará curso al pedido de detención que se libró contra el destituido presidente de Bolivia, Evo Morales, según dejaron trascender desde el entorno del presidente Alberto Fernández. Argentina sigue sin reconocer al gobierno de facto que encabeza Jeanine Añez, por lo que tampoco considera válidas sus resoluciones. De esta manera, la "orden de aprehensión" emitida contra Evo por la Fiscalía Especializada en Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, en el marco de una causa por los supuestos delitos de "sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo", directamente no será respondida. Fernández se comunicó con Morales para transmitirle su apoyo. Le dijo que se quedara tranquilo y además reforzó su seguridad, por las dudas. En una conferencia de prensa, Evo consideró la orden judicial "inconstitucional" y adelantó que lo defenderá un equipo jurídico encabezado por el ex juez español Baltasar Garzón.
Sin dudas, el traslado de Evo Morales y algunos de sus colaboradores desde México a Argentina puso nervioso al gobierno de facto boliviano que libró la orden de captura basada en un supuesta conversación telefónica en la que el depuesto presidente pedía desde México que se bloquearan las rutas en Bolivia. Alberto Fernández analizó con el canciller Felipe Solá las implicancias que podría tener esta orden judicial y coincidieron que no modificaba en nada la situación previa. Morales está en el país en carácter de refugiado político, por lo que goza de protección diplomática y los derechos de cualquier ciudadano.
"No tiene ninguna seriedad", respondieron en la Cancillería respecto a la orden librada con el sello del Ministerio Público de Bolivia y la firma de los fiscales Jhimmy Almanza y Richard Villaca que ya se encontraba en poder del área de legales. Si Fernández había movido cielo y tierra para ayudar a salir a Evo Morales de su país porque consideraba que su vida corría peligro, poco sentido tendría ahora avalar semejante orden que faculta "a cualquier funcionario público hábil o autoridad para que aprehenda y conduzca" a Morales ante las oficinas de la Fiscalía y que, en caso de ser necesario, podrá ser ejecutada con "la ayuda de la fuerza pública".
Muy activo desde que llegó a la Argentina, Evo Morales se reunió ayer con la titular de Madres, Hebe de Bonafini. Más temprano, dio una conferencia de prensa en el Centro Cultural de la Cooperación para rechazar la orden en su contra dado que "todas las acciones del gobierno de facto de Bolivia son nulas". Es más, agregó que "después de revisar legalmente la situación, debo decirles que Evo sigue siendo el presidente". Explicó que presentó su renuncia -forzado por el Ejército- el 10 de noviembre pasado y que, de acuerdo al artículo 170 de la constitución boliviana, la Asamblea Legislativa debe reunirse para aceptarla o rechazarla. Hasta que eso no ocurra, no es efectiva. Y eso nunca sucedió, por lo que legalmente seguiría siendo el presidente.
"La autonombrada (dijo, aludiendo a la presidenta de facto Áñez) se reunió con su gente, sin convocatoria y sin quórum, y se autoproclamó. Eso es totalmente inconstitucional. No cumple ni con las normas de la Asamblea ni con las de la constitucional política del Estado", dijo Morales, con lo que concluyó que "todos los actos del gobierno de facto son nulos", lo que incluiría la orden de detención en su contra.
Reveló que armó un equipo jurídico para enfrentar la orden de arresto con el ex juez de la Audiencia española Baltasar Garzón a la cabeza, acompañado por "muchos expertos que vienen de la lucha de los pueblos de Sudamérica, a los que se han plegado abogados bolivianos aunque tenían mucho miedo". "Vamos a demostrar jurídicamente que esa orden de aprensión no es constitucional ni legal", adelantó.
"Si quieren elecciones libres y transparentes dejen de perseguir a los dirigentes y ministros, dejen de amedrentar", sostuvo Morales, y reiteró que una vez que se convoque a elecciones el próximo 2 de enero será necesario la presencia de autoridades internacionales para que hagan cumplir las normas. "No creo en la delegación de la OEA a la cabeza de Luis Almagro", lanzó. Subrayó la necesidad de la presencia de "instituciones de mucho respeto, como el Centro Carter" y que pedirá la participación de premios Nobel de la Paz latinoamericanos para que "hagan el seguimiento con sus técnicos de los comicios, para garantizar la transparencia".
Como prueba de lo inquieto que está el gobierno de facto con la presencia de Evo cerca de Bolivia, ayer, la canciller interina Karen Longaric dijo que hará una consulta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para que aclare si Morales tiene permitido desarrollar actividades políticas en Argentina. "Esperaremos que el Alto Comisionado responda sobre el particular y después de ello hacer la queja formal ante el gobierno de Argentina", agregó Longaric. El gobierno de Fernández ya avisó que considera que Evo tiene los derechos de cualquier ciudadano por lo que es libre de realizar las actividades que le parezca.
