El primer proyecto de Daniel Lipovetzky como diputado nacional por Buenos Aires fue una presentación para que la provincia adhiera al protocolo nacional de ILE, impulsado y oficializado por el Ministerio de Salud de la Nación.
“Acabo de presentar mi primer proyecto, adhiriendo al Protocolo de Abortos No Punibles. Esperemos que muy pronto en nuestra provincia quede garantizado el derecho de las mujeres a realizar una ILE”, expresó por Twitter Lipovetzky.
De esta manera, Lipovetzky continúa la pelea por la legalización del aborto que comenzara cuando el ex presidente Mauricio Macri enviara al parlamento el proyecto, que después de una gran campaña de difusión y discusión fuera aprobado en Diputados y rechazado en el Senado. El legislador por Cambiemos, en ese entonces presidente de la Comisión de Salud de la cámara baja, fue uno de los más entusiastas impulsores del proyecto. Con el cambio de gobierno, cambia también la situación en la provincia, que durante el mandato de María Eugenia Vidal ni adhirió al protocolo nacional ni tuvo uno propio.
En los últimos días del macrismo en el gobierno hubo varias idas y vueltas con el tema del protocolo. Tras el fracaso del proyecto de legalización, seguía en vigencia el protocolo que había sido modificado en 2015, con las causales que la legislación argentina reconoce para una interrupción legal del embarazo: violación y peligro para la salud física o psíquica de la mujer.
Poco antes de terminar el mandato, el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, publicó en el Boletín Oficial el protocolo de Ile. El presidente Macri lo vetó y forzó su renuncia. A raíz de esta estrafalaria situación, con el cambio de autoridades el actual ministro Ginés González García volvió a oficializarlo.
Lo más importante del protocolo, aseguró el ministro en la presentación, es garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo cuando la ley las ampara y proteger la seguridad de los profesionales de salud que realicen la práctica (y se refirió específicamente a casos como el de los médicos tucumanos con una denuncia penal por haber interrumpido el embarazo de una nena de 11 años violada por la pareja de su abuela).
Otro punto a destacar es que se admite y defiende la objeción de conciencia pero sólo a nivel personal, no institucional.
