La designación de Cristina Caamaño como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) la pondrá frente al desafío de apartar a los servicios de inteligencia de la injerencia en la vida judicial y política argentina. En los últimos cuatro años, con la excusa de la lucha contra el crimen organizado, la central de espías se llenó de ex comisarios, tanto de la Federal como de la Bonaerense, así como ex militares de las distintas fuerzas. La irrupción de los uniformados y el liderazgo del PRO derivaron en operaciones groseras: un show de escuchas telefónicas contra líderes opositores, las maniobras de los D'Alessios, Fariñas y abogados gestionados por la ex SIDE, la mano permanente en Comodoro Py y hasta inéditas visitas de jefes de la AFI a jueces, como Luis Carzoglio, poniendo presión para que directamente metan presos a líderes no alineados con el gobierno de Cambiemos. La lógica indica que la AFI deberá estar concentrada, en forma exclusiva, a la prevención del terrorismo y otros peligros que afronta el país, así como a contrainteligencia, es decir a la detección de agentes de otros países operando en la Argentina.

Números

Hoy por hoy, nadie tiene del todo claro cuántas personas trabajan en el edificio de la calle 25 de mayo y en las otras dependencias de la AFI. Algunos mencionan la cifra de 1.700, pero existen versiones de que la cantidad de agentes orgánicos subió fuertemente con la incorporación, obra del macrismo, de otros 600 u 800 agentes, repartidos entre policías, militares y en muchos casos, ñoquis que nunca trabajaron.

El mayor ejemplo de lo hecho con Cambiemos fue el armado de lo que se llamó AMBA, Area Metropolitana Buenos Aires, al principio reclutado por el ex titular de la Bonaerense, Daniel Salcedo. Hoy dos de los convocados, los ex comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi se hicieron famosos por su vínculo con Marcelo D'Alessio: todo indica que los dos ex uniformados, ahora presos en la causa de Dolores, eran los intermediarios entre el falso abogado y la central de espías.

El proyecto AMBA saltó por los aires después que los policías en actividad de la Bonaerense empezaron a chocar, según se dice porque integrantes de AMBA "cortaban boleto", es decir que le cobraban coimas a los delincuentes, chocando en ese rubro con los jefes policiales activos.

Judiciales

Desde la restauración de la democracia, el vínculo entre servicios, jueces y políticos ensució todo el sistema. A finales de 2015, CFK intervino la SIDE, puso en marcha la AFI, y el objetivo era cortar ese circuito ilegal. Quienes estuvieron a cargo, Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, no pudieron conseguirlo. En primer lugar porque no hubo tiempo, pero también por la guerra que, sin cuartel, incluyó operaciones alrededor de la denuncia y la muerte de Alberto Nisman y una feroz ofensiva judicial contra la ex mandataria.

Con Cambiemos en la Casa Rosada, las operaciones de la AFI treparon a niveles inéditos, entre otras cosas por el estilo burdo de los comisarios pero, sobre todo, por la conducción política del PRO. Los medios se llenaron de escuchas telefónicas, filtradas por el aparato de intervenciones telefónicas que quedó en la órbita de la Corte Suprema, aunque también filtradas por la AFI, que manejó parte de las escuchas o estaba a cargo de la transcripción. El gobierno de Mauricio Macri ya venía con tradición de realizar operaciones de espionaje, tal como se comprobó en la causa que tuvo como principal imputado al espía Ciro James, contratado por el gobierno porteño.

El siniestro juego de la intervención en las causas judiciales y políticas se redondeó con la influencia en Comodoro Py y en los expedientes contra el gobierno kirchnerista. Fariña y D'Alessio son el mejor ejemplo de arrepentidos a los que les dictaban lo que tenían que decir, pero también la AFI plantó dos falsos testigos --hoy a punto de ir a juicio-- para remover al juez Sebastián Casanello de una causa judicial.

El colmo llegó con la irrupción de dos altísimos funcionarios de la ex SIDE, el jefe de finanzas y el jefe de jurídicos, exigiéndole a dos jueces distintos que metan presos a Hugo y Pablo Moyano, lo que incluyó hasta la redacción de los fallos que debían firmar.

Como se ve, Caamaño desembarca en un campo minado, es decir en un aparato que viene virtualmente dedicado a este tipo de operaciones.

División

Un plan que ya barajó el gobierno de Alberto Fernández es el de sacar de la ex SIDE todo lo que tiene que ver con las supuestas investigaciones de delitos. Se argumentaba que era imprescindible que la central de espías interviniera en casos de narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero o grandes bandas. Eso llevó a llenar la AFI de ex policías y, además, acentuó el vínculo con los jueces, en especial, los jueces federales.

La idea ahora es que todo lo que tiene que ver con la lucha contra el delito esté en el Ministerio de Seguridad y salga de las competencias de la AFI. Esto va acompañado con otra decisión casi segura y es que el aparato de escuchas retorne al Ministerio Público. La propia Caamaño estuvo a cargo en su momento y durante su gestión no se filtró ni una letra, algo que todos los sectores elogian.

Estas medidas son la base para que se mitigue la promiscuidad de servicios de inteligencia con delitos y causas judiciales. Por supuesto que la clave estará en la conducción política.

Servicios

Frente a quienes afirman que la AFI y los servicios de inteligencia deben ser disueltos, están los que consideran que es una cuestión de soberanía tener servicios de inteligencia, porque ningún país puede estar desguarnecido, sin información, sobre los peligros que lo acechan. Desde ya, el terrorismo, que en la Argentina ya produjo dos tremendos atentados, pero en la escena internacional y regional es necesario tener información sobre amenazas múltiples.

En paralelo, la base de la argumentación es que igualmente un país no puede dejar de prestarle atención a que operen otros servicios de inteligencia dentro de sus fronteras, ya sean norteamericanos, rusos, chinos, de Medio Oriente o de donde sean. Eso es lo que se denomina "contrainteligencia".

Es obvio que, nuevamente, todo dependerá de la conducción política. Casi todos los desastres de la central de espías provinieron de las órdenes de los gobernantes, aunque es verdad que los servicios se dispararon también con sus propias lógicas, operaciones y hasta negocios. Pero no se puede desconocer que dentro de la SIDE hubo departamentos como Protección del Orden Constitucional o Conflictividad Social, concentrados en el espionaje interno y con informes pedidos por los mandatarios.

 

Desde la Casa Rosada, pasando por la intervención de Caamaño, habrá que ver si pueden avanzar en enfrentar lo que hasta ahora pareció un problema insoluble. No es casualidad que el presidente lo haya llamado: "los sótanos de la democracia".