La crisis aguda del sistema de jubilaciones público y de reparto, después de cuatro años bajo ataque sistemático del gobierno de Cambiemos, desafía a la administración de Alberto Fernández. La herencia no podría ser peor. Los jubilados vienen de perder unos 20 puntos de poder adquisitivo en los últimos dos años. La actualización de los haberes con la fórmula que idearon Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto, por entonces en la oposición, quedó muy por detrás de lo que fueron los aumentos de precios. En 2018 las prestaciones aumentaron 28,5 por ciento y la inflación fue del 47,6. Este año será 51,1 y cerca del 54 por ciento, respectivamente.

Los jubilados sufrieron una catástrofe con Cambiemos, que incluyó la quita de coberturas y derechos, como los medicamentos gratuitos, y fueron empujados a un endeudamiento masivo con la Anses, a tasas de interés que ahora los asfixian. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) se comprimió a menos de la mitad. La relación entre aportantes y jubilados se deterioró por el aumento de la desocupación y la informalidad laboral, al tiempo que se le crearon más obligaciones al sistema con la llamada Ley de Reparación Histórica. Se redujo el financiamiento de la Anses con la disminución de las contribuciones patronales a la seguridad social. Un fallo de la Corte Suprema, además, obligó a coparticipar con las provincias un 15 por ciento del presupuesto del organismo. No faltó nada por hacer para poner al régimen jubilatorio en máxima tensión, incluida la bomba que dejó Macri con la fórmula de movilidad que indexa por inflación.

El nuevo gobierno debe desactivar ese escenario explosivo logrando al mismo tiempo que prime el principio de solidaridad en la emergencia, que la solución sea fiscalmente consistente y que además esquive los embates contra la reforma en el Poder Judicial, tanto de jubilados como de actores políticos que operan desde Tribunales.

Para empezar por este último punto, especialistas en derecho previsional identificados con el Frente de Todos advierten que el aumento de jubilaciones de marzo, que el Gobierno dará por decreto, deberá reconocer un piso común para todas las prestaciones y, en todo caso, elevar más los ingresos de las escalas más bajas. Aseguran que la redistribución dentro del sistema previsional encarada de otro modo, con un achatamiento de la pirámide mediante el ajuste de los haberes más altos, le entregará al Poder Judicial la definición sobre lo que se puede hacer y lo que no en un área sensible de la economía, con repercusión sobre las cuentas fiscales. En concreto, sostienen que el piso de 11,5 por ciento de incremento jubilatorio de marzo, derivado de la ley de movilidad que ahora se suspende por seis meses, no se puede alterar sustancialmente sin correr serios riesgos de una nueva explosión de litigiosidad contra la Anses, más allá de los criterios de solidaridad que evidentemente deben ser prioritarios en la actual coyuntura de catástrofe económica.

El abogado y experto Miguel Fernández Pastor ganó un juicio en primera instancia, con ratificación de la Cámara de la Seguridad Social, que cuestiona el mecanismo de implementación de la reforma de la movilidad jubilatoria de Macri que ahora se repetiría con la nueva ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. La norma no puede saltear un período de aumento ya devengado. Para estos juristas afines al oficialismo, ni siquiera la declaración de la emergencia previsional, como establece la ley, salvaría al Estado de una avalancha de juicios frente a esa circunstancia o el riesgo de una acción colectiva que voltee la reforma.

Más allá del debate sobre la legalidad de la acción, que el Gobierno remarca que está garantizada, el Poder Ejecutivo quedaría a tiro de la interpretación de los magistrados y, en última instancia, de la Corte Suprema, sobre cómo se reparten los costos y beneficios en la seguridad social. Los jueces podrían tomar esa determinación al mismo tiempo que se debaten los proyectos de reforma judicial y, si es que finalmente ocurre, tras la derogación del régimen jubilatorio especial para magistrados y fiscales.

Si la contención del gasto público pasara centralmente por una disminución de los aumentos al 35 por ciento de los jubilados en marzo, por otra parte, cualquier sentencia en contrario que obligara al Gobierno a retrotraer la medida impactaría sobre la renegociación de la deuda y en los planes de solvencia fiscal.

La modificación de raíz de la fórmula de movilidad jubilatoria que impuso Cambiemos debe ser implementada de manera urgente. En eso no hay discusión entre expertos de la seguridad social, economistas y abogados defensores del sistema público de reparto. La indexación por inflación obligaría a aumentar el gasto a un ritmo del 50 por ciento el año que viene, cuando los ingresos, si el Gobierno tiene éxito en moderar los aumentos de precios, podrían moverse a una velocidad del 30 o 35 por ciento. Ese desfasaje no haría más que profundizar el déficit de la seguridad social que ya existe este año. El desequilibrio de las cuentas de la Anses (base caja) en 2019 supera los 320 mil millones de pesos.

¿Si Macri hubiera ganado las elecciones podría pagar el aumento de las jubilaciones con la fórmula de movilidad que diseñó su gobierno? No. Con el país en default declarado sobre una porción de la deuda y el resto de los compromisos en default virtual, sin crédito de ningún tipo, atado al FMI, en un escenario económico de caída libre, con la recaudación impositiva en retroceso acelerado, Cambiemos también hubiera tenido que corregir lo que proyectó apenas dos años atrás.

Frente a esa realidad, para el nuevo Gobierno es prioridad atender primero a quienes se encuentran en peor situación. Empezó a actuar en consecuencia con el bono de 5000 pesos en diciembre y enero para los haberes mínimos y la fijación de un piso de ingresos de 19.068 pesos para todos aquellos que perciben un solo beneficio. Esa acción apunta al mismo tiempo a otro aspecto clave para darle sustentabilidad al plan económico: encender la economía para que empiece a generar trabajo y más recaudación.

La salida hacia adelante deberá profundizar en esa línea. La Anses tiene que ser un canal de promoción del crecimiento, con la inyección de recursos que levante la demanda y la inversión. No hay solución de fondo para el sistema previsional sin expansión de la economía. Pensar que a los jubilados les puede ir bien cuando todo se cae a pedazos no es real.

La nueva fórmula de movilidad, en ese sentido, deberá estar atada al crecimiento de la economía y deberá ofrecer consistencia con los ingresos disponibles. Pasado el aumento de marzo que, como se planteó más arriba, sería necesario que se mantenga en línea con el 11,5 por ciento ya previsto para evitar su impugnación judicial, el mecanismo de actualización de haberes que instrumente el Gobierno sí podrá regular los incrementos para alinearlos al nuevo escenario de menor inflación, con una recomposición gradual de las jubilaciones. Para apuntalar esa mejora en los sectores más castigados, una opción posible es elevar lo que se conoce como salario indirecto mediante, por ejemplo, la refinanciación de deudas con la Anses, la distribución de medicamentos y el congelamiento de tarifas de servicios públicos, entre otras herramientas.

El kirchnerismo entre 2003 y 2015 fue capaz de revertir el caos absoluto que había dejado la experiencia neoliberal de Menem y De la Rúa y logró configurar un sistema previsional público y solidario cada vez más robusto. Cuando le tocó asumir en aquella oportunidad la jubilación mínima estaba en 200 dólares. Su gestión la llevó a más de 500 y amplió la cobertura como nunca. Hoy otra vez el haber mínimo ronda los 200 dólares. Será cuestión de volver a empezar.