![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/mario-wainfeld.png?itok=HmY4fH-g)
*El presidente Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de ley ómnibus de notables ambiciones temáticas y políticas. Se le imprimió un tratamiento expeditivo porque el país está en llamas, se acerca fin de año y varios impuestos no podrían percibirse en 2020 si la sanción se retrasara pocos días.
*Los diputados de Juntos por el Cambio (JpC) se encabritaron decidiendo no dar quórum. Amagaron con obstruir la jura de colegas, un abuso de derecho. Los disuadieron parcialmente y regañaron a viva voz correligionarios gobernadores: Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Rodolfo Suárez (Mendoza). Una grieta intra cambiemita, ahí. Se ahondan las querellas y las deserciones de legisladores.
*Diputados de bloques menos numerosos (Alternativa Federal, Consenso Federal) eligieron otro camino. Debatir en comisiones, en los pasillos, durante la sesión. Pulsear, negociar. Consiguieron reformas del texto original, contribuyeron a mejorarlo.
*Las críticas en el recinto y en los medios a ciertos puntos del proyecto de ley indujeron a la Casa Rosada a formular aclaraciones respecto de cómo se aumentarán las jubilaciones . También a enviar un proyecto urgente para derogar las jubilaciones de privilegio.
*Fernández atendió cuestionamientos, reperfiló la redacción, anunció nuevas acciones. De ese modo aunque sin verbalizarlo, reconoció errores o contradicciones en la norma, que los hubo.
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Las etapas de Guzmán: Si se habla en serio es imposible cifrar en una palabra una ley arbórea con 83 artículos que regula cuestiones bien diversas. Si de colar consignas se trata la oposición puede denunciar “ajuste” y el oficialismo mencionar solo la solidaridad. El nombre es arquetipo de la cosa, la norma se designó como “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia económica” (“la Ley” en adelante). El rótulo cacofónico le pasa más cerca a la cosa pero lo mejor es analizar con detalle. Mirar el contexto, además.
“La Ley” forma parte de un amplio conjunto de medidas. Una de las principales es negociar la deuda externa con inversores privados y con el Fondo Monetario Internacional.
De concretarse el propósito los recursos del PBI asignados al respecto “volverán” al Presupuesto nacional, cuanto menos en los dos próximos años. Servirán para promover reactivación, crecimiento, políticas redistributivas.
Aumentar la recaudación es el (progresivo) propósito de las retenciones, el alza de alícuotas de Bienes personales y el impuesto a las compras realizadas en el exterior.
Dicho de otro modo: si el conjunto del “programa” se encamina los recursos estatales de 2020 y 2021 no se perderán en la canaleta del pago de deuda externa. Se incrementará la inversión social y productiva. Poco serio llamar ajuste a esa estrategia, que debe afrontar varias pruebas ácidas… y que puede fallar, como decía Tu Sam.
¿Uno por ciento del PBI, uno y medio, un poco más? “Vade retro” respondes funcionaries cuando se les pide que estimen la suba de la recaudación merced a los nuevas gabelas. En parte porque en el Congreso hubo retoques, en parte porque el quantum depende del aumento de la actividad. Asimismo, añade el cronista, porque cualquier reforma impositiva transcurre en el espinoso mundo real y no en un laboratorio. La compañera Pandora sale de la caja e interfiere en los cálculos de los actuarios o en la lógica de la ciencia.
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Jubilaciones, derechos y privilegios: La suspensión de la actualización de las jubilaciones imantó críticas severas, algunas pertinentes, otras irrazonables. Entre estas ranqueamos a la del ex oficialismo, deslegitimado para defender a quienes esquilmó y desamparó en su mandato. El equipazo del ex presidente Mauricio confiaba en pagar menos porque en 2018 bajaría la inflación. Pifiaron los aprendices de brujo, el índice de precios al consumidor se fue por las nubes. La fórmula devino una bola de nieve, impagable, conforme reconocen hasta los especialistas de la prensa hegemónica.
Modificar el método se tornó imprescindible. Mejorar la ecuación relativa de quienes cobran el mínimo, achatando la diferencia con el resto (“la gran Néstor Kirchner) fue el método elegido que exige sintonía fina para instrumentar y destreza para comunicar. El Gobierno dejó bastante que desear en ambos aspectos. Se rectificó en cuestión de horas, buen reflejo si eso se traduce en los bolsillos de los beneficiarios. En criollo: no se trata de definir a priori cuántos pesos son sino de ver si mejoran o no la capacidad adquisitiva cuando se cobren. El margen para operar es estrecho, condicionado por normas y jurisprudencia previas.
El pago de suma fija en la emergencia es una táctica válida. Discernir una “cifra de corte”, relegando a muchos que igual cobran poco es antipático y puede pecar de injusto para una masa de jubilados.
El nuevo “modo de actualización” prometido en buena hora por Alberto Fernández, entiende este cronista, debería seguir el camino trazado en los gobiernos de Cristina Kirchner. Un coeficiente legal, vinculado a la recaudación y a los sueldos, pensando en la sustentabilidad futura. Dilema global que recorre el mundo del que pueden dar fe los franceses embravecidos y su presidente trémulo, Emmanuel Macron.
Fernández garantizó que no habrá congelamiento de las jubilaciones superiores a la mínima sino aumentos trimestrales “preservando que no se sigan deteriorando los ingresos”. De nuevo: la postura es correcta, a condición de que se implemente con coherencia. Como dice el excelente panorama económico de David Cufré en Página/12: el aumento trimestral de marzo “deberá reconocer un piso común para todas las prestaciones y, en todo caso, elevar más los ingresos de las escalas”. Imperativo de equidad que también atiende al frente judicial.
La perspectiva de demandas dependerá de esas variables. Los ciudadanos gozan de derecho a preservar sus ingresos, más allá (antes que) del modo de lograrlo. Si no hubiera pérdida, los reclamos serían abstractos.
Desde ya, los jueces no acostumbran rehusarle un cigarrillo o un amparo a nadie. Es una fija que la tendencia crecerá a partir de la revisión de las jubilaciones de privilegio, otro tópico de la semana.
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Corporaciones en estado de alerta: Quedaron fuera del congelamiento las jubilaciones de privilegio y regímenes especiales odiosos para la gente de a pie.
Las jubilaciones de privilegio, en sentido estricto, dejaron de concederse en 2002 como corolario del “que se vayan todos”. A partir de ahí ningún funcionario o legislador pudo sacar un retiro faraónico luego de un mandato corto, de un mes o contados años. Los que los perciben ostentan un derecho adquirido. Difícil que el chancho chifle o que los Tribunales los anulen aunque se promulgue una ley que lo establezca.
Los regímenes especiales benefician a jueces y diplomáticos de carrera. Los magistrados, para colmo, no pagan impuesto a las ganancias, canonjía que defienden con uñas y dientes porque “afectaría la independencia del Poder Judicial”. No se ruborizan al decirlo.
Ni el macrismo gobernante ni los medios que integran su coalición se interesaron desde 2015 por el tema quizás porque podría perjudicar a prohombres como Claudio Bonadio. Desde el jueves pasado exigen que truene el escarmiento.
El oficialismo excluyó esas jubilaciones. Pretendió crear una comisión dándole seis meses para analizar qué hacer… plazos y mecanismos imbancables en la contingencia cuando se piden sacrificios compartidos. Fernández rectificó el criterio; habrá proyecto de ley y ampliación de las sesiones extraordinarias. La derogación viene impuesta por la opinión pública, la viabilidad futura depende de los propios “damnificados”. Agarrate, Catalina.
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El Congreso, la Rosada y la calle: La Cámara de Diputados albergó gritos, roscas y pluralismo. La sesión del Senado resultó más tranqui, formalista. Lo habitual. La democracia funciona así, da más para celebrar que para enardecerse con falso purismo.
El Gobierno impuso su criterio en general, haciendo concesiones. Fue flexible en particular. Alberto Fernández vivió on line las jornadas, supo reacomodarse. Dispone de una caja de herramientas fundamental.
Minga de definitiva la victoria: los oficialismos son validados o reemplazados por sus realizaciones, no por los discursos ni por la tapa de los diarios. El veredicto más importante lo dicta la gente común, en las calles siempre, en las urnas cada dos años.
En unos meses se verá si los laburantes están mejor, si hay más comida en la mesa de los argentinos, si jubilados acceden a remedios gratis, si los precios respectivos bajaron y quedaron estables para los demás ciudadanos. Si cesa la caída de la economía y comienza la reactivación. Si se detienen el industricidio y la destrucción de empleo.
El saldo luego de doce días que parecieron un trimestre es que cambiaron el oficialismo, el estilo político, para bien. Su prioridad son los más necesitados y hay un oído atento a las voces del Agora.
Saludables diferencias con la gestión de Macri, hipotético jefe de la oposición que comandó al Frente del rechazo desde Qatar.
El Plan Argentina contra el Hambre está en marcha lo que amerita una breve nota aparte.
