Poco después de las tres de la madrugada del sábado, el Senado sancionó la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica. Se trata de la iniciativa inaugural con la que la gestión del presidente Alberto Fernández busca ponerle freno a la crisis económico y social y marcar las prioridades en un sentido diametralmente opuesto a los establecidos por el macrismo en los últimos cuatro años.

La norma declara la emergencia en materia económica, financiera, administrativa, previsional, fiscal, tarifaria, energética, sanitaria y social. Los senadores del Frente de Todos obtuvieron 41 votos a favor mientras que la oposición cosechó 23 voluntades  y hubo una sola abstención. La alianza de Juntos por el Cambio se negó a reconocer la condición de “tierra arrasada” que dejó su gobierno. 

Se trató de un debate urgente e intenso en el Congreso, que en la construcción de mayorías para su aprobación abrió las puertas al compromiso público del Presidente sobre dos temas altamente conflictivos para cualquier gestión. Uno fue la segmentación de las retenciones para favorecer a los pequeños y medianos productores en la actualización de los derechos de exportación para el complejo agro exportador. El otro fue la ampliación de las sesiones extraordinarias para discutir la eliminación del privilegiado régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos, en el marco de la suspensión por seis meses de la actualización automática de jubilaciones y pensiones. Un plazo que en la Casa Rosada consideran suficiente para elaborar una nueva fórmula para calcular los aumentos y que deberá ser aprobada por el Congreso. Esto última, formó parte de la estrategia oficialista para avanzar con un reclamo que comparte el grueso de la sociedad pero que tropieza con el poderoso lobby de los sectores privilegiados.

El debate en el Senado trascurrió por los mismos carriles que la Cámara baja. El FdT repasando una vez más los índices de pobreza e indigencia, de desocupación, de inflación, la recesión económica, la suba abusiva de servicios básico como agua, luz y gas, la devaluación del peso, el “brutal” endeudamiento externo y el bajo nivel de reservas para afrontar el cúmulo de vencimientos asumidos por el macrismo y que dejó al país en un virtual default.

Los legisladores de Juntos por el Cambio asumieron solo en parte la herencia de la crisis financiera pero minimizaron sus consecuencias para luego culpar al anterior gobierno kirchnerista. Al tiempo que cuestionaban duramente las facultades que el Congreso delegaba al Ejecutivo.

A su resistencia al megaproyecto, la oposición sumó como bandera la exclusión del régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos de la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria, que los equiparaba con los pocos regímenes especiales que exceptuaba el proyecto: docentes, científicos y las pensiones graciables otorgadas a los hijos de victimas de violencia de género (ley Brisa).

“Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)”, anunció Fernández a través de su cuenta de Twitter mientras trascurría la sesión en el Senado. La encargada de comunicarlo en el recinto fue la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT). El compromiso presidencial colaboró a destrabar el conflicto y le arrebató la bandera que pretendían flamear los opositores.

Con el magproyecto convertido en ley, el diputado neuquino Darío Martínez, que --como presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja hasta que tome la posta Carlos Heller-- fue uno de los que encabezó las negociaciones con todos los sectores, sostuvo que esa fue parte de la estrategia oficialista.

"Lo que viene es muy importante y lo acordamos con Alberto desde el inicio", afirmó Martínez en referencia a la decisión presidencial de poner a consideración del Congreso la eliminación del sistema privilegiado para jueces y diplomáticos.

"Teníamos previsto el problema que nos iban a generar algunos jueces planteando recursos legales para mantener sus privilegios previsionales, y eso ponía en riesgo la ley de Emergencia”, explicó Martínez y agregó: "por ese motivo, lo excluimos de la ley (de Solidaridad) para no tener recursos contra ella”. "Ahora planteamos otra herramienta legal para derogar los privilegios previsionales", insistió el diputado neuquino.

"Hay que diferenciar regímenes especiales o específicos en los que los trabajadores hacen aportes diferentes y más altos, o en razón del tipo de actividad tienen una edad más baja para jubilarse, de aquellos que son de privilegio como el de los Jueces y Diplomáticos”, sostuvo a través de un comunicado.

Con la postura asumida por el Presidente, los senadores de JpC solicitaron avanzada la tarde del viernes un cuarto intermedio para “analizar” la media sanción de Diputados que había llegado apenas unas horas antes al Senado. Aunque la interrupción solo respondía a intentar unificar posturas en medio de una dura disputa interna en el principal interbloque opositor, para definir si cumplían su compromiso previo de aportar los dos tercios necesarios para abrir el debate sobre tablas del proyecto del Gobierno.

En una discusión no saldada entre duros y moderados (de la que dio cuenta PáginaI12), los opositores no volvieron al recinto y dejaron que el FdT y sus aliados, con quórum propio consiguieran los dos tercios de los presentes y abrieran el debate.

En la madrugada del sábado, el tablero electrónico marcó los que los opositores no podían cambiar. Con 41 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención, el Congreso convirtió en ley el proyecto con el que el nuevo gobierno le dará impulso a su gestión.