Vender, comprar o usar pirotecnia estará vedado estas fiestas en más de 100 municipios de todo el país, según la Asociación de Padres de Niños Autistas (Apadea) pero la prohibición total fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema bonaerense y diferentes ONG reclaman una ley nacional que impida sólo aquellos artículos que producen ruidos de más de 84 decibeles.

Mientras APADEA reedita su campaña "Pirotecnia Cero" y un grupo de activistas de Jujuy propone identificar con azul las casas donde vive una persona con trastornos del espectro autista (TEA); la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA) lanzó el pasado viernes la campaña "Elegí pirotecnia con más luces y menos ruidos", y en Change.org 160.000 usuarios firmaron 400 peticiones sobre el tema.

No obstante, el uso de productos pirotécnicos bajó considerablemente en los últimos años por las restricciones legislativas y estas campañas, pero también por la crisis económica.

"La pirotecnia tiene un triple impacto: las personas con discapacidad, los animales y el medioambiente; sin embargo no hay una norma específica que la regule, sino una ley ómnibus sobre armas y explosivos", explicó a la agencia Télam Horacio Joffre Galibert, presidente de APADEA.

El abogado aseguró que una mayor regulación de estos productos debe ser "una política pública" porque el Estado debe garantizar que "los objetivos sociales de estas empresas no causen daño".

La organización destacó que "el 40% de los niños con TEA tienen sensibilidad auditiva" y el estruendo de la pirotecnia de alto impacto sonoro provoca en ellos "estrés, ansiedad, miedo y autolesiones".

"Hay tres tipos de ruidos que los afectan y la pirotecnia los tiene todos: los inesperados, los de tono alto y los múltiples", agregó. "Por eso lo que para una familia es motivo de fiesta, para otras es sufrimiento: a mi hijo había que ponerle casco para evitar la autoagresión y tapones en los oídos; además de cerrar todo como si esperáramos la guerra", dijo. 

Por su parte,el director de Relaciones Institucionales de CAEFA, Ezequiel Asquinasi se pronunció categóricamente en contra cualquier tipo de prohibición e incluso de la necesidad de una ley específica sobre pirotecnia, por entender que la ley 20.429 de 1979 y su decreto reglamentario 302/83 ya "regulan todo lo que tiene que ver con la actividad". Sin embargo, en los últimos 10 años más de 100 municipios de todo el país sancionaron ordenanzas que establecen algún tipo de restricción al uso y comercialización de pirotecnia. 

De ese grupo no forma parte la Ciudad de Buenos Aires, pero en territorio bonaerense, el uso y venta de pirotecnia está prohibido o restringido en 25 localidades.

"Pero una ordenanza municipal no puede prohibir un producto de venta libre a nivel nacional", dijo Asquinasi. Con éste y otros argumentos, CAEFA demandó a muchos de esos municipios,obteniendo fallos favorables en siete casos. 

Empero, su mayor logro judicial fue el fallo de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires que en septiembre de 2018 declaró inconstitucional la ordenanza dictada por la municipalidad de General Alvarado (Miramar). 

Además, la sentencia ordena al gobierno local que "dicte una nueva ordenanza, sustituyendo la prohibición absoluta por una reglamentación razonable" y "compatible" con la normativa vigente.

"Las prohibiciones no son el camino porque la gente los utiliza igual, con el riesgo de hacer proliferar el mercado clandestino cuyos productos sí son peligrosos", dijo.

Por otro lado, la disparidad de legislaciones hace que la gente compre "en el municipio de al lado" donde no está prohibida; mientras que "el uso particular no se puede controlar", dijo. "Además hay 60.000 familias que viven gracias a la pirotecnia", agregó.