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“¡El pueblo, unido, jamás será vencido!”, gritaron 50 mil vecinos y asambleístas de todas partes de Mendoza al gobernador Rodoldo Suárez durante la “marcha más grande de la historia de Mendoza”, para exigir al mandatario provincial que vete las modificaciones hechas a la ley 7722, que habilitan el uso de sustancias tóxicas para la megaminería. Luego de que el gobierno mendocino rechazara el petitorio, se produjo una represión que terminó con alrededor de 16 detenidos que poco después de las 5 de la tarde comenzaron a ser liberados, según relevaron organismos y colectivos de abogades.
Los palos y los gases dieron comienzo poco después de que el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial provincial, Humberto Mingorance, afirmara que “no habrá un veto” a las modificaciones introducidas a norma. El funcionario añadió que los cambios habían sido “impulsados desde el Ejecutivo con consenso pleno de los distintos partidos”.
La concentración multitudinaria frente a la Casa de Gobierno fue la coronación de la “marcha más grande de la historia de Mendoza”, que el domingo por la mañana había partido desde distintos puntos de la provincia en “defensa del agua”, para darse cita en la capital mendocina.
“El gobernador no se hizo presente en la Casa de Gobierno, pero entregamos un petitorio al secretario de Ambiente, Humberto Mingorance; estamos a la espera de una respuesta y si no decidiremos en asamblea cómo continuar”, informó a este diario Mauricio Gnosis de la Asamblea Por el Agua de Tunuyán, antes de que se desatara la represión.
Tras la represión, los manifestantes se replegaron de la plaza y se reencontraron en el denoninado Km 0, San Martín y peatonal Sarmiento, donde se cortó la calle.
La larga marcha contra la megaminería
La movilización partió en la mañana del domingo desde San Carlos y fue nutriéndose en su paso por las localidades de Pareditas, Eugenio Bustos, Jocolí, General Alvear, el Este, Uspallata y San Rafael. La caravana de autos, camionetas y bicicletas llegó a tener 12 kilómetros sobre la ruta 40. En la mañana del lunes confluyeron en el nudo vial de la capital provincial para llegar hasta la Casa de Gobierno.
Además, al mismo tiempo, se mantenían cortes como el de la Ruta del Mercosur, paso a Chile por la localidad de Uspallata. La manifestación tuvo su réplica en la Ciudad de Buenos Aires frente a la Casa de Mendoza.
“La movilización ha sido histórica y la única consigna ha sido la defensa del agua. Hasta el viernes, Mendoza tenía una ley que la protegía del uso de cianuro y ácido sulfúrico y se ha modificado como traje a medida de las mineras. El veto sería importante porque quedó demostrado que no hay licencia social”, sentenció el diputado de Unión Popular, aliado del oficialismo, y ex intentente de San Carlos, Jorge Difonso, a PáginaI12.
La masiva marcha en “defensa del agua” comenzó a generar reacciones en las intendencias provinciales y en el arco político. “Sería importante que los intendentes expresen públicamentre su posición, mientras más se expresen será más posible que se consiga el veto”, destacó el ex intendente de San Carlos y coautor de la ley 7722.
Reacciones en todo el arco político
La represión y la masiva movilización provocaron reacciones en el arco político mendocino y nacional. Aunque el Frente de Todos en su mayoría acompañó la sanción de la ley, el presidente del partido del PJ mendocino, Guillermo Carmoma, solicitó al gobernador que la vete. “Las movilizaciones son impresionantes, el peronismo tiene que estar del lado del pueblo”, señaló Carmona. A través de su cuenta de Twitter, la senadora Anabel Fernández Sagasti advirtió que si el gobernador “elige el camino de la represión, estaré siempre en la vereda opuesta”. “Uno de los límites que planteé claramente es que se deje que la gente se exprese y se los escuche”, señaló
Por su parte, el senador electo por el Frente de Todos y flamante embajador en Francia, Fernando “Pino” Solanas, plantó su posición: “La Ley 7722 de Mendoza protegía el agua prohibiendo el uso de sustancias tóxicas en la minería. Esta norma había nacido en las calles. Su modificación significa una regresión ambiental que pone en peligro el futuro de la región”.
Suárez no deroga
Por el momento, Suárez no promulgó la nueva normativa, pero abrió un campaña pública para defender la apertura de la provincia a la megaminería. Desde la cuenta oficial del Gobierno sostuvo que “la reactivación de la minería moverá recursos por alrededor de 349.234 millones de dólares” y “que la actividad pueda generar 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de 6 proyectos”.
Mientras que desde la UCR de Mendoza y la Secretaría de Ambiente, a cargo de Humberto Mingorance, salieron al cruce con mensajes en los que sostienen que los miles de movilizados son personas desinformadas y aseguran que los controles ambientales serán suficientes. Con respecto al debate sobre el uso del agua de la actividad minera, en una provincia en emergencia hídrica, desviaron a la discusión al mal uso de los recursos hídricos que hacen en el sector agropecuario.
“En todas partes del mundo se han prohibido estas actividades”
“En las asambleas hay equipos de biólogos, geólogos y médicos que llevan años trabajando estos temas”, recordó Gnosis sobre el conocimiento que surge desde la organización ciudadana contra la megaminería y confirmó que los abogados de las asambleas hicieron presentaciones judicialies por la violación del principio de no regresividad de la Ley General de Ambiente.
En cuanto a los controles ambientales, el asambleísta tildó de “ridículo” que “en una actividad donde se utilice cianuro pueda haber sustantibilidad”. “Es un discurso muy pobre, sin base científica. En todas parte del mundo se han prohibido esta actividades”, insistió.
Desde la parte productiva, el ex intendente de San Carlos señaló que “sin agua no hay producción agropecuaria, no hay vida”. Agregó: “Es una ley manifestiamente inconstitucional y que va contra una estrategia de largo y media plazo para Mendoza, que lleva 10 años de crisis hídrica”.
Respecto del ingreso de dólares inmediato que podría generar la actividad, Carmona, en diálogo con la AM 750, señaló que "no hay una linealidad entre la necesidad de divisas y los proyectos mineros", ya que, en caso de mantenerse la vigencia de las modificaciones, "va a demorar entre 5 y 6 años para que comience la actividad".
