Más de 40 participantes de diferentes provincias argentinas se encontraron este 20 de diciembre en una de las salas del Congreso nacional para presentar la síntesis del informe que realizó la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano, que da cuenta de la serie de entrevistas y reuniones con víctimas de violaciones a los derechos humanos en ese país. En conferencia de prensa se destacó que el grupo constituyó “una delegación plural y multidisciplinaria de dirigentes y profesionales con amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos, para aportar no sólo solidaridad, sino también recabar información fidedigna y directa, así como proveer un canal de denuncia seguro, frente a la clausura de las vías judiciales y los ataques a la libertad de expresión por parte del gobierno de facto”.

En cada uno de esos encuentros, “se tomaron testimonios de un centenar de personas en una locación segura de la localidad de El Alto, se visitaron domicilios particulares de otras víctimas, se visitaron personas hospitalizadas y se realizaron reuniones en distintos puntos de La Paz con actores de la política y los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas”.

Como parte de las denuncias, hay un capítulo que analiza la violencia sexual contra las mujeres y disidencias sexuales, como una de las dimensiones del golpe de Estado patriarcal, racista, capitalista. En la síntesis del informe leído en el Congreso se afirma “que el terror desatado sobre las mujeres, como así también sobre las disidencias, busca disciplinarlas a través de métodos violentos sexualizados. La amenaza de violación sexual pesa sobre ellas en cada población pobre y en cada movilización. Y a la vez es utilizada como extorsión para los varones de la familia”.

Se constató que estos modos de violencia se iniciaron en los días previos al golpe de Estado. El 7 de noviembre, la alcaldesa de Vinto, Cochabamba, Patricia Vera, fue golpeada, le cortaron el pelo, la orinaron, le echaron gasolina para quemarla, pintura roja, la obligaron a caminar descalza hasta la plaza, la obligaron a arrodillarse y la humillaron.

“Los autores de estas acciones son grupos armados fascistas paramilitares, como la “Unión Juvenil Cruceñista” y la “Resistencia Juvenil Cochala”, provenientes de Santa Cruz y Cochabamba, que llegaron a operar en todo el país. Fueron ellos quienes violentaron a mujeres de pollera, aymaras y quechuas, autoridades y dirigentas del MAS. Su forma de operar busca generar terror lanzando petardos. Se mueven en motos, en grupos de a decenas, donde son todos varones, y golpean con palos y bates de béisbol a las mujeres, lanzan gases lacrimógenos, y actúan como francotiradores disparando contra las movilizaciones desde las azoteas”.

Durante la presentación del informe, integrantes de la comunidad boliviana que asistían a la actividad informaron de nuevas agresiones realizadas por estos grupos sobre la población en resistencia y la divulgación de ejercicios de formación militar, en los que hablan de estar preparándose para actuar también en territorios de la Argentina habitados por la comunidad boliviana, a los que ya estarían llegando.

Quienes participaron de la delegación señalaron que costó mucho acceder a las denuncias de las mujeres sobre violencia sexual, dado que hay una historia de humillaciones sufridas por las mujeres, y especialmente las mujeres indígenas, “de pollera”, que empuja al silencio. En un caso quien denunció fue el marido, y en otro caso el padre.

En la experiencia de los feminismos latinoamericanos, se reconoce que fue mucho lo que costó a las mujeres y a las disidencias -en algunos casos más de 30 años-, denunciar los crímenes sexuales realizados por las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80. Un manto de silencios, miedos y complicidades los invisibilizó, hasta estos tiempos en los que el crecimiento de los feminismos permitieron mirarlos como parte de un modo sistemático de tortura, y empezaron a ser denunciados y juzgados como crímenes de lesa humanidad.

Romper siglos de silencio ha sido un proceso doloroso pero muy sanador. En este caso, se agrega el componente colonial y racista, del ataque específico a las mujeres indígenas, que tienen su memoria larga en las guerras de conquista y colonización.

En la síntesis del informe se recuerda que “la violencia sexual en el marco de los terrorismos de Estado es una realidad identificada no solo en nuestra región, sino en conflictos de todo el mundo. En este contexto, son las mujeres quienes además de padecer detenciones ilegales y torturas, son víctimas de una vulnerabilidad agravada por la condición de género. Las violaciones y otros ataques sexuales son utilizados por las fuerzas del Estado como estrategias de control e imposición de poder”.

Se señala en el informe los antecedentes jurídicos internacionales de tratamiento de los delitos sexuales, y se especifica: “En particular, cabe referir a la causa “Prosecutor v. Akayesu” del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, considerada un hito, en tanto se erigió como la primera condena internacional en la que se reconoce la violación y la violencia sexual como actos constitutivos de genocidio, definiendo en forma amplia violación sexual como invasión física de naturaleza sexual, y estableciendo que desnudez forzada califica como forma de tratamiento inhumano”. Se aclara también que “Los delitos sexuales cometidos en estos contextos deben ser considerados delitos de lesa humanidad y así deben ser considerados en todos sus efectos jurídicos. En este sentido, resulta relevante lo resuelto por la Corte IDH en el caso “Gelman vs. Uruguay”, cuando se analiza por primera vez la violencia de género contra mujeres secuestradas durante terrorismo de Estado y la califica como delito de lesa humanidad (Corte IDH. Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y reparaciones, Sentencia de 24 de febrero de 2011. Párr. 99 y nota 113).”

Entre los testimonios recibidos se mencionan amenazas de muerte a las mujeres que se animen a denunciar o a socorrer a las víctimas; golpes y gases a mujeres de pollera. Se denuncia que una mujer fue violada después de muerta. En los ataques a las casas de autoridades del MAS, para obligarlos a renunciar, se tomó de rehenes a sus madres, hijas y esposas, con la amenaza de golpearlas y violarlas si no renunciaban, quedando los cuerpos de las mujeres como rehenes y prendas de extorsión.

Se denunciaron también los actos de violencia sexual contra las mujeres detenidas, y el caso de un varón trans, que fue torturado y se le obligó a inculparse acusado de terrorismo, por llevar una wipala y piedras. En estos casos, la violencia sexual fue utilizada también como “escarmiento”.

En todas las masacres y en todas las acciones violentas contra las poblaciones, en Chasquipampa, en Sacaba, en Senkata, y en otros territorios, la amenaza de violación a las mujeres es algo permanente. Varios testimonios de mujeres vecinas de Senkata dan cuenta sobre la violación sexual perpetrada por policías contra el cadáver de una mujer asesinada. Este símbolo es utilizado para sembrar el terror en las mujeres y en las comunidades. Dice el informe que “el abuso sexual de sus cuerpos no se detiene ni ante sus cadáveres porque, como es sabido, la violación no responde a un deseo sexual sino a una intención de dominación y opresión”.

A pesar de todas estas amenazas, agresiones, golpes, violencias, humillaciones, las mujeres indígenas organizadas y las no organizadas, en la medida en que se sienten escuchadas, comienzan a levantar la voz, y a señalar a los violadores, a los asesinos, a los fascistas –policiales, militares y civiles-. ¡La wipala se respeta! ¡Las mujeres de pollera se respetan! Piden el acuerpamiento, la solidaridad, el abrazo de los feminismos y de los pueblos, para que el golpe de Estado reciba el repudio más amplio de pueblos y de los gobiernos hasta ahora cómplices. Para que nadie considere normal los ataques del fascismo patriarcal y racista. Para que las mujeres, desde el corazón de la Resistencia, puedan levantarse y pronunciar con fuerza un Ya Basta, a estos intentos de revertir la dignidad recuperada, el orgullo de ser mujeres de polleras, no víctimas sino autoras de la historia.