El proceso de privatización de la educación en Argentina es lento pero persistente. Al igual que en el resto de Latinoamérica, en las últimas dos décadas creció la matrícula del sector privado y aumentó la presencia de organizaciones no gubernamentales y del sector empresario en áreas de planificación, formación y definición de contenidos. En la Ciudad de Buenos Aires, bastión del macrismo desde 2008, se trata de una grieta que parte al medio al distrito: unx de cada dos estudiantes asiste a una escuela privada. Es un “logro de gestión” PRO. En diez años, la matrícula privada del nivel primario creció un 17 % y la de nivel secundario, un 10 %.

Mientras algunxs padres y madres representantes de sectores religiosos conservadores piden “con mis hijos no te metas” y levantan carteles que rezan “educación y Estado, asuntos separados”, las escuelas confesionales son las que menos respetan la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y al mismo tiempo, son las más beneficiadas por los subsidios.

Caer en la escuela confesional

“Estoy a favor del aborto y quiero que mis hijxs crezcan libres, sin prejuicios. Me gustaría no tener que mandarlos a una escuela católica pero trabajo todo el día y necesito que tengan doble turno. Busqué alternativas pero las escuelas privadas laicas, en general bilingües, son muy caras”. Yuliana es empleada en una editorial, tiene dos hijxs en el nivel inicial y su relato resume una situación que comparten muchísimos hogares en la Ciudad de Buenos Aires.

“Yo llevo el pañuelo verde y el naranja siempre. En el jardín hay actividades de ESI pero varias veces escuché que la llaman educación para el amor” cuenta Agustina, que también trabaja y tuvo que optar por una escuela católica porque le fue imposible conseguir una vacante en las escuelas públicas de su zona.

El primer motivo por el cual hay cada vez más chicxs que asisten a escuelas confesionales es el precio de la cuota subsidiada que las hace accesibles para familias de ingresos medios o bajos. Son el 60 % de las escuelas privadas y el 82 % reciben subsidios. Además, más de la mitad recibe el máximo de transferencias, lo que implica que el Estado cubre la totalidad de los salarios, el principal gasto de cualquier institución educativa.

“No nos dejan usar aros ni tampoco el pañuelo verde porque dicen que está fuera del reglamento del uniforme. Nosotras lo usamos igual pero a veces algunes profesores nos obligan a sacárnoslo”, cuenta Nerea, alumna de un escuela parroquial de Caballito. Entre lxs docentes la coerción es mayor por la amenaza de pérdida del trabajo. El año pasado, en medio de la marea verde hubo despedidos por llevar el pañuelo, entre los que trascendió el caso de una escuela bilingüe del barrio de Belgrano.

Durante los meses de debate en el Congreso se viralizaron videos de estudiantes de escuelas católicas obligadxs a marchar, con ritmo militar, en las movilizaciones antiderechos. A lxs despachos de senadores y diputados llegaron cartas escritas por estudiantes de escuelas primarias en las que se repetía la misma fórmula de pedido de rechazo a la legalización del aborto junto con materiales de fundaciones religiosas y hasta fetos miniatura hechos de tiza.

Hace falta una investigación exhaustiva sobre todas las irregularidades que se cometen en las instituciones cuando consideran a lxs estudiantes como botín de la guerra que declararon lxs sectores conservadores contra la “ideología de género”. En el caso de las escuelas católicas, la cruzada llega como bajada directa del Vaticano. En los materiales con los que reemplacen a los oficiales, el sexo es sólo para la procreación y los vínculos que se describen son una apología de la familia heterosexual.

Para bailar, se necesitan dos

Con la Ley Federal de Educación de 1993, hito de las reformas neoliberales, la educación pública pasó a llamarse educación de gestión estatal y a estar a cargo de cada provincia. A la educación de gestión privada la apodaron “educación pública de gestión privada”, y así se garantizaron que el Estado tenga que subsidiarla.

Las transferencias al sector privado se justifican mostrando que brindan al Estado la posibilidad de ampliar la matrícula de estudiantes y al mismo tiempo, reducen los costos. El privado aporta infraestructura, servicios administrativos y otros gastos que el Estado se ahorraría. Este criterio eficientista omite evaluar cuáles son los efectos en la educación pública: cuánto podría mejorar si esos recursos se volcarán a la inversión en nueva infraestructura. En la actualidad, reciben casi el 13 % del total del gasto educativo. Entre las provincias, la disparidad es muy grande: algunas transfieren menos del 5 % a establecimientos privados, mientras que otras superan el 15 % (Córdoba, Santa Fe, CABA, Misiones). En América del Sur, a Argentina sólo la supera Chile, que destina el 35 % del presupuesto educativo al sector privado.

Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, en 2019 se destinaron $14.105 millones a transferencias a escuelas privadas que cobran cuotas que van desde los 1.500 pesos y pueden superar los 25.000 pesos mensuales. El presupuesto para infraestructura escolar, en cambio, fue de 2.900 millones de pesos, casi cinco veces menor.

La culpa no es del paro

Aunque el discurso del sentido común diga que el principal factor por el cual se elije la educación privada son los paros, los números muestran que no es así. La matrícula de los privados creció aún en momentos en los que, en la Ciudad de Buenos Aires, los días de paro disminuían. Para muchas familias, el acceso a la educación privada es un signo de ascenso social más allá de la calidad de la educación. La segmentación neoliberal necesita el desprestigio y el vapuleo de todo lo público para justificar los procesos de privatización, siempre en connivencia con los estados.

La educación privada tiene además efectos positivos para los gobiernos de derecha: mina la actividad sindical al tiempo que facilita la formación de un sentido común empresarial y en buena medida, conservador en términos sociales. Para lxs docentes, la persecución no se da tanto por la actividad sindical como por cuestiones ideológicas. Esta semana, el antropólogo y docente Matías Halpín, fue despedido de la escuela Saint Margart’s School por trabajar con la Carta Abierta a la Junta Militar, de Rodolfo Walsh. Las autoridades pretendían que enseñe “la otra versión” y que “hable de los errores” para referirse a la última dictadura y al holocausto nazi. En la misma escuela, lxs alumnxs denuncian que se persigue a quienes se corren del mandato heterosexual. Hoy a las 12 se hará un acto en repudio en la puerta de la escuela del barrio de Belgrano.

Para revertir la tendencia privatizadora, es necesaria la coordinación de los distintos ministerios involucrados. Un sistema nacional de cuidados como también actividades públicas extracurriculares podrían colaborar para garantizar jornadas completas en el ámbito estatal. Que la educación pública sea la primera opción requiere acciones urgentes en términos de prioridades presupuestaras ¿Qué pasaría si los 14.000 millones de pesos se destinaran a invertir en infraestructura escolar? “Con lxs míxs tampoco” podría ser la contra consigna que exija que no recaiga en quienes defienden el sistema público, el peso cada vez mayor de las transferencias a la educación privada.