El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que habilita la creación de una nueva Constitución en Chile. El proceso consultivo comenzará el 26 de abril con un plebiscito, gracias a un acuerdo político entre distintos sectores. Los chilenos decidirán si quieren o no una nueva Carta Magna que reemplace la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Además deberán elegir el órgano de redacción entre dos opciones: una convención mixta constitucional o una convención constitucional. Mientras Piñera presentaba con orgullo la promulgación de la ley, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) daba a conocer un duro informe donde denuncia las más graves violaciones a derechos humanos desde la recuperación de la democracia en 1990.
"Esta reforma abre las puertas y define un camino para lograr un gran acuerdo constitucional", que "no es una vara mágica que resuelve todos los problemas", dijo Piñera al ponerle la firma a la ley aprobada la semana pasada en el Congreso, una de las principales demandas surgidas de las masivas movilizaciones que sacuden a Chile desde el pasado 14 de octubre.
"Buscaremos avanzar sobre un marco constitucional sólido, compartido, legítimo, para enfrentar los desafíos del presente y las magníficas oportunidades del futuro", dijo Piñera en La Moneda, frente a políticos de casi todos los sectores, incluido el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006).
"Tenemos la oportunidad de lograr con total libertad y en plena democracia un gran acuerdo constitucional, con amplia y efectiva participación ciudadana y con una equitativa participación de las mujeres", dijo Piñera. Agregó que el proceso no sólo contará con un plebiscito de entrada, "sino que también tendremos, si así lo decidimos, la última palabra respecto a los principios y contenidos de esta nueva Constitución a través de un plebiscito ratificatorio".
El proceso de reforma de la actual Constitución no consideraba en un principio la posibilidad de convocar a un plebiscito para esos fines. Por esa razón, fue necesario un acuerdo político entre la izquierda y los partidos oficialistas agrupados en Chile Vamos, alcanzado el 15 de noviembre , dos días después de una jornada de extrema violencia en el país.
Qué se votará en el plebiscito
En el plebiscito del 26 de abril se consultará a los chilenos específicamente sobre dos cuestiones: si quieren o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debería redactar esa nueva Constitución. Las opciones en ese sentido son una convención mixta constitucional, similar al Congreso Constituyente, o una convención constitucional, similar a una asamblea constituyente donde todos los integrantes sean electos por la ciudadanía.
La convención mixta constitucional, impulsada por Chile Vamos, estaría integrada en partes iguales por miembros del actual Congreso y otros elegidos por la ciudadanía. Mientras que en el caso de la convención constitucional, promovida por los partidos de la oposición (Frente Amplio y Partido Socialista entre otros), todos sus integrantes serán elegidos especialmente para esta ocasión, mediante una fórmula que aún no está definida.
En el Congreso, la Cámara de Senadores todavía discute si la eventual Asamblea será paritaria o tendrá cupos reservados para pueblos indígenas e independientes. Los diputados ya aprobaron el proceso en general, pero partidos como el PC todavía ponen en duda su participación en la medida en que no esté asegurada la paridad de género y el cupo de pueblos originarios.
Graves y múltiples violaciones
El mismo día en que Piñera promulgó la ley que habilita el proceso constituyente, el INDH de Chile publicó su extenso informe anual. "A las manifestaciones pacíficas y multitudinarias se sumaron hechos de violencia que generaron una respuesta estatal que produjo, en su conjunto, las más graves y múltiples violaciones de los derechos humanos" desde el retorno a la democracia, afirmó el director del instituto, Sergio Micco, durante la presentación del Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Chile en 2019.
El documento publicado por la institución, un ente estatal pero independiente, recoge las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre en el país trasandino. De las 588 querellas presentadas por el INDH, 476 corresponden a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes del Estado, y la mayoría (433) apunta directamente a miembros del cuerpo de Carabineros.
Según el director del instituto, la crisis social "dejó en dramática evidencia" una situación que el INDH señalaba desde su fundación en 2005: el "rezago y debilidad de Carabineros de Chile para garantizar que el cumplimiento de sus funciones sea con pleno respeto a los derechos humanos". Consultado sobre una supuesta baja en las denuncias por vulneraciones a los derechos humanos tras nueve semanas de protestas, Micco lamentó que estos actos "siguen ocurriendo" pese a "las medidas tomadas y a los llamados al cumplimiento de los protocolos policiales".
