La segunda encuesta a inquilinos porteños arrojó que aumentó en el último semestre del año la porción de los ingresos que las familias deben destinar para el pago del alquiler. Sin contar las expensas ni las tarifas de servicios públicos, los hogares emplean el 41.8 por ciento del ingreso familiar para alquilar. Además, del total de encuestados, el 89.1 por ciento manifestó que no recibe factura al pagar, y el 23.6 por ciento aseguró que las inmobiliarias les cobraron comisión para renovar o firmar un contrato, a pesar de que está prohibido. Los datos surgen del sondeo que realizó en noviembre pasado Inquilinos Agrupados. Su presidente, Gervasio Muñoz, dijo a Página/12 que “en seis meses el alquiler pasó de llevarse el 40 a casi el 42 por ciento de los ingresos. Creció la evasión y creció el incumplimiento de la ley que impide cobrar honorarios a los inquilinos. El otro dato es que el 60 por ciento de las familias que alquilan en la Ciudad están por debajo de la línea de pobreza”.

La encuesta fue respondida de forma online durante el mes de noviembre por más de 5000 inquilinos porteños. Los resultados indican que el 41.8 por ciento del ingreso de las familias se destina al pago del alquiler. Sin embargo, esa abultada cifra es aún mayor cuando se segmenta por edad y género: los jóvenes y los adultos mayores destinan el 47.8 por ciento y el 45.2 por ciento de sus ingresos respectivamente, mientras que las mujeres destinan el 43.5 por ciento, cifra mayor al 38.1 por ciento que destinan los varones.

“Crece la porción del salario destinado al alquiler y crecen los inquilinos por debajo de la línea de pobreza. Una familia tipo, de 4 personas, necesita 37.000 pesos por mes para no ser pobre más 25.000 de alquiler. Y en este contexto, se está generando una ciudad más elitista, dividida entre centro, norte y sur, en donde tenemos una ciudad muy pobre al sur, una clase media en la zona central y una clase alta, muy acomodada, en la zona norte, a la cual están dirigidos todos los servicios de la ciudad”, explicó Muñoz.

El referente de los inquilinos agregó que “el gobierno con la venta de tierras públicas, la desregulación de los alquileres, la falta de control del mercado inmobiliario y una urbanización de las villas pensada para expulsar a la gente a través de la presión del mercado inmobiliario, es un combo que genera que en la Ciudad lo que antes era clase media ahora sean pobres. Las consecuencias de un gobierno tan ligado al mercado inmobiliario se empiezan a ver ahora, cuando la cuestión económica empeoró. No hay una sola vivienda pública en alquiler en la ciudad ni una política de vivienda para los inquilinos, que somos el 38 por ciento de la población de la ciudad”. 

El relevamiento advierte que hay una alta evasión impositiva en el mercado inmobiliario, y señala que a pesar de que es una obligación legal entregar factura a cambio del alquiler, sólo “el 10.9 por ciento de los inquilinos manifestó que recibió una factura legal. El resto obtiene recibos no válidos como factura o directamente no obtiene ningún comprobante”.

Los datos también muestran que pese a la vigencia de la ley 5.859, que prohíbe el cobro de comisiones a los inquilinos, el 23.6 por ciento de los encuestados que alquilan por inmobiliaria contestaron que debieron afrontar el pago de la comisión durante el transcurso del último año. Según explicó Muñoz, tanto la falta de factura como el cobro de la comisión, están ligadas a la falta de control del sector inmobiliario por parte del gobierno porteño. En este sentido, el 97.5 por ciento de los encuestados consideró que el Estado no controla a las inmobiliarias, y el 96.7 por ciento que no controla a las administradoras de consorcio.

No obstante, otro dato que surge del relevamiento es que en el último año y medio creció la modalidad de alquiler a través de dueño directo. El 56.9 por ciento de los encuestados alquiló a través de una inmobiliaria -- a principios de 2018 ese valor rondaba el 63 por ciento, según la encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional-- el 38.1 por ciento lo hizo a través de un dueño directo y el 5 por ciento a través de otro tipo de intermediación. Según Inquilinos Agrupados, una posible interpretación es que "al establecer la ley que la comisión inmobiliaria debe ser afrontada por el dueño del inmueble, y no por el inquilino, esto incentiva a los locadores a ofrecer la vivienda de forma particular"

Muñoz dijo que es fundamental que se apruebe la ley de alquileres, pero adviritió que "hay un silencio muy grande en cuanto su tratamiento, pese a que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Vamos a insistir para que se trate en extraordinarias. Sólo falta que el Ejecutivo mande la ley al Senado", dijo, y remarcó que "parece que no hay dimensión del cambio radical que significará para los nueve millones de inquilinos que hay en todo el país".