A grandes crisis, grandes lapiceras. En medio de una crisis inédita por el daño generado, el Presidente promulgó la ley ómnibus que le permite usar ya mismo una de las lapiceras más potentes de la historia. Y todo eso cuando todavía no cumplió dos semanas en el cargo. Los tiempos también son claves: la velocidad se convirtió en un símbolo de poder, y a su vez le otorga más poder para enfrentar un desafío complicado.

Si queda enredado en el 30 por ciento del dólar tarjeta, el repaso de la ley promulgada corre el riesgo de no sacar nada en limpio. El título es largo como un informe del Partido Comunista Chino: Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. Hasta una sigla sería larga: LSSRPMEP. Pero las prioridades quedan claras. Por un lado, la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Nueve sectores. Por otro lado la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo Nacional.

Hay siete claves de delegación. Cada una se convertirá como mínimo en una política pública que precisará de la negociación y el forcejeo. Una clave, por ejemplo, es el criterio de negociación de la deuda pública. Que sea “sostenible” significa que “deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos”. O sea, Fondo, no te pago de cualquier manera.

Otra clave es la reestructuración de tarifas de acuerdo con dos criterios: “equidad distributiva y sustentabilidad productiva”. Se terminó el paradigma macrista de energía y servicios públicos regidos por el costo o por la ganancia final buscada por las petroleras y energéticas. Incluso en el fallo Cepis, cuando hizo lugar al planteo del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad sobre las tarifas de gas, la Corte Suprema pidió razonabilidad pero dejó afuera a las pymes. Ahora estarán adentro. Y para que no haya dudas quedan intervenidos los entes reguladores del gas y la electricidad, que habían sido colonizados por las empresas. La ley tiene otra palabreja —“renegociación”— que debería leerse como un anuncio de pulseada. Si alguna de las energéticas soñaba con una estatización que le permitiera conservar los dólares fugados y retirarse para litigar en el futuro, tendrá en cambio un futuro de disputa.

Otra clave es la intervención en el sistema jubilatorio. Lo explicó en el Te Quiero de la AM750 el ex diputado Eduardo Santín, que acaba de ser nombrado en el IPS bonaerense. “No hay suspensión de la movilidad para nadie”, dijo Santín, quien recordó que en 2017 él mismo calificó de “explosiva” la fórmula de actualización basada en el índice inflacionario adoptada por el macrismo. “En diciembre los jubilados cobraron la actualización. Ahora los que perciban menos de 20 recibirán dos bonos, en diciembre y en enero. Y en marzo habrá otra vez actualización, ojalá que bajo una nueva fórmula.” Santín agregó que en su opinión no tiene legitimidad para criticar el nuevo régimen la actual oposición, que licuó la jubilación en términos reales un 30 por ciento y completó la poda con el encarecimiento de los remedios. Informó que hay medicamentos contra la hipertensión que superaron aumentos del 800 por ciento en cuatro años. Y que además se usan para el tratamiento de dolencias crónicas, no agudas.

“Confiamos en que el congelamiento de tarifas, la rebaja en los medicamentos del 8 por ciento y cierto nivel de reactivación productiva que pueda generar la tarjeta alimentaria termine creando un clima distinto”, dijo uno de los funcionarios consultados con pedido de reserva de su nombre.

Al mismo tiempo comenzará a funcionar la comisión para desmontar los sistemas jubilatorios de magistrados y diplomáticos. Una tarea difícil y que no opera hacia las jubilaciones actuales ni a la movilidad de los próximos meses. Pero según el Gobierno nada está de más si reduce la irritación y achica posibles flancos de ataque por parte del macrismo que encabezan el propio ex presidente, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la diputada con promesa de mandato cumplido Elisa Carrió.

Los reintegros de impuestos a los “sectores más vulnerados de la sociedad”, para citar textualmente, con participio y no con adjetivo, la frase de la ley, sería otra de las formas de agregar ingreso quitando ingreso de los hogares más pobres. En un sentido idéntico funcionaría el otorgamiento de un plazo de gracia de tres meses a quienes tomaron los usurarios créditos de la Anses, en muchos casos utilizados para pagar comida o las facturas de luz.

El único veto presidencial en 87 artículos fue un punto en el número 52, sobre el derecho de exportación de hidrocarburos y el sistema de regalías que debe pagarse a las provincias productoras.

Otro campo de disputa, política y económica, y quizás en ese orden, es el de las retenciones. Hay un título completo de la ley, el quinto, dedicado a derechos de exportación. Hay varios artículos escritos por la positiva. Las retenciones figuran como tope y no como piso. La alícuota “no podrá superar en ningún caso el treinta y tres por ciento del valor imponible”, dice la ley. Lo mismo rige para los porotos de soja. Para los productos agroindustriales de las economías regionales, el tope es el 5 por ciento. Igual que para los bienes industriales y para los servicios. Para hidrocarburos y minería, el 8 por ciento.

Hay un párrafo que por primera vez les pone destino a las diferencias entre las nuevas y las viejas retenciones. Sic: “El 67 por ciento del valor incremental de los derechos de exportación previstas en esta ley será destinado al financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social y a las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y Pensionados”. Habrá un tres por ciento para crear un Fondo Solidario de competitividad agroindustrial “para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos”.

Una novedad en la política agraria es el artículo 53. Otro sic: “El Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación”. También “establecerá criterios que estimulen la competitividad de la producción federal en función de las distancias entre los centros de producción y los de efectiva comercialización”.

Como se informa aparte, Alberto Fernández puso el acento en la segmentación también en la reunión que mantuvo con las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y Federación Agraria Argentina. A la salida el tono de los dirigentes fue dialoguista. Sin embargo, ya todos aprendieron del Papa cuando recibió a Macri a mirar hacia las cámaras sin esbozar una sonrisa. Es que, en rigor, para algunos de los presentes el diablo mismo son las retenciones mientras que los pequeños productores y algunos de los medianos se esperanzan o en quedar exceptuados o en conseguir mecanismos de devolución directa (dinero) e indirecta (bonos para compra de maquinaria de fabricación nacional).

Por lo pronto AF logró transitar las dos primeras semanas de gobierno sin el tractorazo que le habían prometido llevar al Congreso los Guardianes de la República, el grupo ultraconservador ligado a Carrió y a los radicales balbinistas que hace diez días ensayó una protesta en la ciudad santafesina de Armstrong. La apuesta de Fernández es que los resultados de su lapicera frenen la caída y le pongan tope a la inflación.

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