Ante la dimensión de la barbarie jurídica y social cometida contra Flavia Saganías, es indispensable realizar algunas breves reflexiones. Las sociedades recurren desde la antigüedad a normas que regulen la convivencia, siendo éste uno de los recursos más importantes de la cultura para poner una barrera a aquellas tendencias ancestrales de la venganza, que, sin contención adecuada terminarían destruyendo al hombre. Por supuesto que esos límites normativos y en especial la represión organizada por los sistemas penales, implican una nueva violencia, la que muchas veces llega a ser mayor que el daño generado por los comportamientos que la comunidad censura. Pero, aceptando que no sería posible convivir sin normas, el desafío es el de construir una sociedad en la que el cumplimiento de las leyes implique un beneficio social mayor que su violación.
El caso
Flavia Saganías publicó una frase en una red social a raíz de una situación extrema padecida por su hijita de 7 años. En estado de shock, en pleno puerperio y la desesperación por su hija abusada, Flavia posteó en Facebook, 3 días después de la denuncia: “Este abusador de niños, denunciado en la fiscalía de Cosquín sigue suelto. Un violador más que sigue libre entre nuestros niños. Se llama Gabriel Fernández y vive en calle Pampa al fondo. Por favor difundir. Cuidémonos entre nosotros ya que la justicia no hace nada”. Ninguna intervención personal tuvo en las agresiones que puede haber sufrido su ex pareja.
Sin embargo, una turba de 15 ciudadanos -12 jurados populares y 3 jueces no populares-, dictó una condena a 23 años de prisión que sin duda será revertida por la instancia superior correspondiente, pero el daño ya estará hecho. Los fundamentos del insólito fallo, confirman un nivel de misoginia y desprecio por la niña abusada y su madre, que difícilmente registre antecedentes en nuestra justicia.
La violencia del jurado, de la fiscala y los jueces, es infinitamente mayor que las lesiones que sufrió el sospechado abusador. El grupo de ciudadanos que encarceló a Flavia, fue designado por un sistema de juzgamiento que de buena fe se diseñó para acercar el pueblo a la justicia. Sin embargo, en cuestiones atravesadas por ideologías patriarcales de siglos, discriminadoras de género y edad, primero hay que erradicar esas miradas brutales y luego, recién, tratar de acercar ciudadanos comunes a la no común familia judicial. Experimentos que terminen con una madre protectora encarcelada injustamente, fracasaron en el mismo instante en que se cerró la puerta de la celda.
Quien aplica correctamente la ley en el contexto adecuado, es un ciudadano justo, sea jurado popular o juez profesional. Quien, desde su misoginia –sea varón o mujer-, encarcela una madre protectora, es un verdugo.
*Carlos Rozanski es exjuez federal