"Hablemos de regular", respondió la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, para sortear la aseveración de una periodista, cuando ésta resumía su postura de no criminalizar la tenencia de cannabis y otras drogas para uso personal y permitir una cantidad determinada de plantas para consumo doméstico, como estar a favor de "despenalizar y legalizar". Regular es otra cosa.

El 21 de septiembre pasado lanzamos el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis marcando esta necesidad de reconocer que existe un mercado y que abastecerlo legalmente implica permitir vías de acceso, como el autocultivo y las asociaciones de cultivo cooperativo que existen en algunas autonomías españolas y en Uruguay, y también desarrollar reglas e imponer criterios para la venta a gran escala, centralmente el de salud pública, para no repetir los errores que favorecieron la masificación del consumo de tabaco, por ejemplo.

Como señaló la ministra, venimos trabajando en la evaluación de los modelos de regulación de Uruguay, Canadá y algunos estados norteamericanos para elaborar un proyecto de ley desde este Acuerdo, integrado por asociaciones del campo de los Derechos Humanos, la Salud Mental, las Ciencias Sociales, la Seguridad Democrática, la Diversidad Sexual y de la Política de Drogas, especialmente quienes provienen de la lucha por implementar la reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades y el activismo cannabico.
Desde el Acuerdo se conformaron tres comités (asesor, ejecutivo y jurídico) con una composición que privilegió el federalismo, la experiencia en gestión pública y la paridad de género. Durante estos meses, se comenzó por analizar la regulación canadiense, siendo el segundo y último país en regular el cannabis para uso adultx. Los desafíos son muchos: limitar efectivamente la prohibición de vender a niños, niñas y adolescentes, establecer una política razonable sobre la conducción de vehículos bajo la influencia del cannabis, lograr un sistema que abastezca toda la demanda del mercado y tenga trazabilidad, entre otros aspectos.

Por otro lado, como afirmó la ministra, es necesario terminar con la criminalización del consumo de todas las sustancias como ya lo señaló hace 10 años la Corte Suprema. Esto también es parte de los cinco puntos con los que arrancó el Acuerdo, que pueden leer en regulacionlegal.org . Los costos económicos y humanos de sostener la prohibición del cannabis, la tercer droga más consumida en el país después del alcohol y el tabaco, son enormes y profundamente injustos. La superpoblacion carcelaria es tal vez uno de los peores, también el agravamiento de la violencia territorial por la disputa abastecer el mercado local.

En 2020 se cumplirán 100 años del inicio de la ley seca en los Estados Unidos de América. Las consecuencias nefastas de la prohibición del alcohol no cesaron por la lucha "ejemplar" de la policía y lxs fiscales incorruptibles sino por su posterior legalización y regulación. Hay mucho que aprender de esa terrible experiencia también: la prohibición puede causar más daños que el consumo de las drogas mismas.

Emilio Ruchansky es coordinador del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis.