El gobierno saliente deja un saldo preocupante en materia de derechos humanos. El ciclo concluido el 10 de diciembre implicó graves retrocesos en la materia, no solamente desde lo simbólico: el discurso oficial negacionista que intentó deshacer el acuerdo alcanzado por nuestra sociedad acerca de lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar, logró también ralentizar a fuerza de inacción el proceso de justicia puesto en marcha, con muchas dificultades, con el retorno de la democracia. Si esta gran política de Estado no se detuvo completamente, fue gracias al compromiso incansable de cada unx de lxs militantes que, desde su lugar, en cada uno de los poderes del Estado o desde el territorio, pero completamente contracorriente, siguieron empujando para batallar contra la impunidad.

Pese a estos esfuerzos, hoy estamos frente a un gran problema: el ritmo que tomaron los juicios de lesa humanidad se choca de frente con la posibilidad real de hacer justicia. Las víctimas, los familiares, los organismos de derechos humanos y la sociedad toda venimos esperando más de cuarenta años. Cada vez son más los imputados que fallecen antes de llegar a juicio, cada vez son más los sobrevivientes y los familiares de las víctimas que se mueren antes de recibir justicia.

La gravedad de la situación en la que nos encontramos, con muchos menos juicios programados para el 2020 que en años anteriores, no es casual. Se debe a que en los últimos años el impulso a los juicios dejó de ser política de Estado. Por ejemplo, hace ya un tiempo dejó de funcionar la Comisión Interpoderes que había creado la Corte Suprema de Justicia, y que tenía por función dar respuestas a una de las causas principales de la demora de los juicios: la falta de integración de los tribunales federales, sumada a las limitaciones de las agendas de los jueces que ocupan varios Tribunales Orales Federales a la vez. Sin un involucramiento activo de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura y de la Procuración General de la Nación no lograremos que estos juicios adquieran la prioridad que deben tener en la agenda de los tribunales.

Poder acelerar los juicios por los crímenes de lesa humanidad del terrorismo de Estado será una prioridad de esta gestión de la Secretaría de Derechos Humanos. Pero no podemos hacerlo solos: para esto vamos a necesitar que la Corte Suprema reponga la Comisión Interpoderes; también necesitaremos que la Procuración General de la Nación instruya a los fiscales y a la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad a priorizar la realización de estos juicios, con un criterio que nos permita dejar de investigar a los genocidas pluricondenados para avanzar con aquellos que aún no fueron juzgados. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como querellantes en muchos de estos expedientes, presentaremos todos los recursos procesales a nuestro alcance para impedir que las desidias de los tribunales y las chicanas de los represores vulneren el derecho a la verdad y la justicia. Necesitamos además que haya una señal clara en lo que hace a la concesión de la prisión domiciliaria a los genocidas, que debe ser el último recurso frente a problemas concretos y no un beneficio otorgado en automático con criterios poco claros.

Estamos frente a la posibilidad histórica de impulsar desde los tres poderes del Estado el cierre de la que algunos consideramos la gran política de Estado desde el final de la última dictadura cívico-militar. El proceso de Memoria, Verdad y Justicia no puede ser eterno. Pero debe ser justo. Para eso, tenemos la obligación de articular desde los tres poderes del Estado y vencer el factor tiempo, que viene jugando a favor de la impunidad.

* Secretario de Derechos Humanos de la Nación.