El presidente de Brasil Jair Bolsonaro sancionó un paquete anticrimen que endurece el código penal en sintonía con su retórica de mano dura. El presidente derechista realizó algunos vetos al texto original aprobado por el Senado hace dos semanas. Esos cambios ahora vuelven al Congreso para su aprobación o rechazo. El ministro de justicia, Sergio Moro, había hecho algunas de las propuestas que forman parte del paquete de medidas.
La ley sancionada, que modifica el Código Penal y otras leyes de seguridad pública, pretende reforzar el combate al crimen. Fue publicada, junto a los vetos, en una edición extra del Diario Oficial de la Unión (boletín oficial) la noche del martes. Según la Secretaría de la Presidencia, los vetos de Bolsonaro obedecen a razones de interés público e inconstitucionalidad. Un grupo de trabajo establecido por el Ejecutivo fue el encargado de analizar y debatir el texto que llegó del Congreso.
Entre los artículos vetados figuran la triplicación de la pena para delitos cometidos o divulgados en internet, y la extracción de ADN a acusados solamente en algunos casos. Bolsonaro expresó que según la ley quedaban excluidos de dar muestras personas acusadas de crímenes que calificó como “hediondos”. Para el presidente de Brasil esto va en contra del interés público por lo que amplió el tipo de crímenes que caen sobre esta norma. Así, las extracciones se extenderán a acusados de cometer delitos como: comercio ilegal de armas, tráfico internacional de armas y organización criminal; acusados de crímenes dolosos practicados contra la vida, libertad sexual o crimen sexuales. Las muestras de ADN serán almacenadas en un banco genético.
El presidente mantuvo de la ley sancionada la creación de un "juez de garantías", figura incluida por los parlamentarios. Este tendrá entre sus funciones supervisar los procesos y será diferente al magistrado que dictará sentencia sobre el caso analizado. Sin embargo, Bolsonaro vetó el punto que posibilitaba realizar audiencias entre presos y el juez de garantías vía videoconferencia en un plazo de 24 horas. Igualmente fue vetado el apartado que aumentaba la pena para homicidios cometido con armas de fuego de uso restringido o prohibido, al ser considerado que la propuesta podría generar "inseguridad jurídica".
Bolsonaro también restableció la posibilidad de realizar interceptaciones ambientales en la residencia de los investigados, y vetó la limitación del uso de la prueba de captación ambiental solamente por la defensa, por considerarla contraria al interés público. "Una prueba no debe ser considerada lícita o ilícita únicamente en razón de la parte que beneficiará", justificó el mandatario.
Participó del proyecto de ley una comisión de juristas coordinada por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, y varios parlamentarios. La ley que endurece la legislación penal había sido aprobada por el Senado el pasado 11 de diciembre. Ahora deberá regresar al Congreso donde los legisladores decidirán si aceptan o no los vetos presidenciales.
El texto sancionado contiene parte de las medidas presentadas por Moro. Antes de llegar al ministerio de Justicia de Brasil, Moro fue el juez que lideró las investigaciones de la Operación anticorrupción Lava Jato. No obstante, el Congreso había archivado algunas de las principales reformas defendidas por el ex juez, que otorgaban amplias facultades a la policía. Entre ellas se destacan la que eximía de castigo a los policías que provocaran bajas en situaciones de “miedo justificado, sorpresa o emoción violenta”, o la prisión tras una condena ratificada en segunda instancia y aún cuando al reo le quedan recursos pendientes en cortes superiores.
La Seguridad Pública es una de las principales banderas de Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña y quien cumplirá un año en el poder el próximo 1 de enero. El presidente que defiende la mano dura contra la criminalidad. Suele decir que "bandido bueno es bandido muerto" y en varias ocasiones manifestó que si un policía mata a un delincuente debería recibir una condecoración en vez de ser investigado.
Este lunes, el presidente reafirmó su política de tolerancia cero contra el crimen al firmar su primer indulto navideño. Los principales beneficiados fueron policías y militares condenados por delitos culposos cometidos en defensa propia o sin intención. La medida también beneficiará a aquellos agentes hayan sido condenados por actos realizados en sus días libres. El indulto se produce en un contexto de creciente violencia policial en el país, según denunciaron diversas organizaciones, como Human Rights Watch (HRW).
