El presidente de Centros Privados de Diálisis de Salta (Cepriadasa), Mario Espeche, informó que hoy a las 11 se reunirá con la ministra de Salud, Josefina Medrano, y espera arribar a una solución por la deuda que mantiene el gobierno provincial con los prestadores. Dijo que debido a esto, no están recibiendo a nuevos usuarios del servicio de salud desde noviembre.
Espeche explicó que la deuda de la provincia con 14 centros de diálisis es de más de 60 millones, entre la obra social del Instituto Provincial de Salud (IPS), la del Ministerio de Salud y la de la obra social nacional Incluir Salud, desde junio. Sostuvo que por ese motivo “no se reciben pacientes nuevos, nos hacemos cargo de los de siempre”. Son 1.100 usuarios de todo Salta.
El directivo explicó que hacen diagnósticos y derivan a los pacientes nuevos. En Capital el Ministerio de Salud los está derivando a los hospitales Oñativia y San Bernardo. “No poder usar los prestadores del interior es un problema serio", añadió Espeche.
Dijo que el domingo pasado al mediodía la ministra se comunicó con él y se acordó la reunión de hoy en el Centro Cívico del barrio Grand Bourg.
La cartera de Salud confirmó la reunión y aseguró que Medrano está trabajando para brindar una respuesta con datos certeros, considerando que “un paciente de diálisis no puede dejar de recibir esa atención porque puede morir”, se indicó ante la consulta de Salta/12.
Espeche también dijo que directivos de Cepridiasa se reunieron el lunes con la directora del IPS, Gladys Sánchez. “Fue una charla preliminar satisfactoria, creemos que al concluir esta semana tendremos buenas noticias”, manifestó.
Una deuda nacional
Además, los Centros de Diálisis de Salta son acreedores del gobierno nacional por prestaciones a afiliados a la obra social Incluir Salud por el término de dos años. El total de deuda de la Nación por este concepto es de 1.300 millones de pesos a todos los prestadores de diálisis de Argentina. Lo adeudado a prestadores de Salta sería de 300 millones. Espeche informó que desde diciembre de 2018 todas las provincias, salvo Tucumán, adhirieron al pedido de gobierno nacional de hacerse cargo de Incluir Salud.
Espeche contó que este año estuvieron en negociaciones durante 10 meses con el ex ministro de Salud de Salta, Roque Mascarello, quien sacó la resolución 2053, “que no se cumplió”. Además del pago de las deudas, los centros privados querían un convenio que formalice el servicio que brindan. La resolución establecía el aumento del precio de diálisis de $3.450 a $4.100 y accedía a otra de las demandas de los prestadores privados para que les quiten las obligaciones de garantizar los accesos vasculares. “Porque la cirugía es un acto médico muy necesario para que el paciente se pueda dializar, la problemática es que los cirujanos vasculares son escasos, los únicos que existen están en la Capital de Salta. En el interior no hay cirujanos vasculares, no es equitativo. Es muy difícil de cumplir”, sostuvo Espeche. Planteó que deben ser las obras sociales y el Ministerio de Salud quienes garanticen ese servicio,
Además dijo que la resolución 2053 no se cumplió y que en los Centros Privados siguen haciendo las cirugías vasculares. “El IPS no adhirió a esa resolución, eso origina estos conflictos”, afirmó.
“Seguimos haciendo las cirugías porque no hay nada que haga que se responsabilice quien corresponde. Soy prestador de diálisis, no cirujano vascular”, insistió.
