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“El Estado vive una situación fiscal mucho más compleja de la que ustedes piensan. Solamente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, con el que le pagamos a los jubilados, está conformado en un 70 por ciento por papeles del Estado. El Estado se financió con los recursos de los jubilados. Cuando planteamos un mayor esfuerzo a las empresas, al agro y a la industria, lo hacemos para reconstruir esas cajas que han quedado vacías”. Alberto Fernández en el encuentro con la cúpula de la AEA (Asociación Empresaria de la Argentina).
El proyecto económico-político macrista provocó una ruptura del tejido social y productivo. En ese marco, el derrumbe de la actividad económica empeoró el estado de las finanzas públicas.
El acuerdo firmado con el FMI, por la administración Cambiemos, prevé una meta de superávit fiscal primario del 1 por ciento del PIB en 2020. Para cumplir con esa cifra, el gobierno de Alberto Fernández debería realizar un ajuste cercano al 2,6 por ciento del PIB.
En el documento "La trampa fiscal 2020", los investigadores del Instituto de Trabajo y Economía-Germán Abdala (ITE-GA) advierten que “en el contexto de crisis social que el macrismo dejará el gobierno, un ajuste de esa magnitud está muy lejos de ser políticamente posible”.
El Frente de Todos planea salir del laberinto por arriba. La estrategia oficial pasa por reforzar los recursos fiscales con un criterio progresivo: “Que paguen más, los que más ganan/tienen”.
En esa línea, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva autoriza incrementar las alícuotas de los Derechos de Exportación, crea el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), sube las alícuotas de Bienes Personales y de los impuestos internos sobre automóviles de gama media/alta, entre otros ítems.
Las provincias también enfrentan un complicado escenario fiscal. Por un lado, la recesión disminuyó su recaudación tributaria en términos reales. La única excepción es Neuquén por los mayores ingresos de Vaca Muerta.
Por el otro, el macrismo incentivó a las provincias a endeudarse en dólares. Las sucesivas devaluaciones dejaron a varias jurisdicciones al límite del ahogo presupuestario.
En el documento “Provincias complicadas para pagar sus vencimientos en 2020”, la consultora Elypsis comenta que “la deuda escaló del 31 al 52 por ciento de los gastos totales entre 2015 y 2018. La carga de intereses pasó del 1,5 al 5,2 por ciento del gasto primario en el mismo período, por la mayor deuda en dólares y las devaluaciones recientes. Todas las provincias tienen más del 65 por ciento de sus títulos públicos en moneda extranjera e incluso ocho de ellas (Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Rios, Jujuy, La Rioja, Santa Fe y Tierra del Fuego) tienen el 100 por ciento de sus bonos en dólares”.
Los vencimientos de los próximos dos años son exigentes: 4000 millones de dólares (2020) y 4100 millones (2021). La Provincia de Buenos Aires concentra la mayor parte de los montos: 68 por ciento y 50 por ciento, respectivamente. En el corto plazo, las restantes jurisdicciones más complicadas son: Neuquén, Córdoba, Jujuy, Río Negro, La Rioja y Santa Fe.
La suspensión del Consenso Fiscal, pactada entre Gobierno nacional y gobernadores, alivia un poco las finanzas provinciales porque deja sin efecto las rebajas de impuestos (Ingresos Brutos, Sellos) previstas en el acuerdo suscripto por 19 mandatarios en 2017.
Esa medida implicaría un alivio fiscal cercano a los 60 mil millones de pesos para las arcas subnacionales. En el debate de la ley de Solidaridad, el diputado del Pro Luciano Laspina sostuvo que “la declaración de ‘estado de emergencia’ es exagerado”. Los números dicen otra cosa.
@diegorubinzal
