El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció este jueves que no reglamentará la ley 9209, que facilita la explotación minera en la provincia al modificar la 7722, y que iniciará un diálogo abierto para lograr el consenso social. La decisión de Suárez fue leída como un triunfo de la movilización popular contra la megaminería y un paso en la dirección del veto a la 9209, que es el objetivo de las Asambleas por el Agua de todo el territorio provincial y del resto de los sectores que manifestaron su rechazo al uso de contaminantes químicos.
La reforma fue votada en la Legislatura provincial el viernes 20 en medio de una masiva manifestación de rechazo y generó el repudio generalizado de la población, que inmediatamente volvió a movilizarse. A los sectores que manifestaron públicamente su oposición se sumaron la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimi a y el Arzobispado de Mendoza, cuyo titular, Marcelo Colombo, envío una carta abierta a los legisladores y luego otra al gobernador para pedirle que vete la ley. “No voy a reglamentar la ley, no estará vigente", afirmó este jueves Suárez en conferencia de prensa, y anunció que se abrirá un diálogo con distintas organizaciones y la iglesia “para una gran convocatoria al diálogo e información de la gente".
“El primer deber que tiene un gobernador es garantizar la paz social", indicó el mandatario en una rueda de prensa realizada al mediodía en la Casa de Gobierno. Y criticó los “hechos de violencia, cortes de ruta, quejas de ciertos sectores, algunos muy violentos" y recordó que hasta “funcionarios recibimos amenazas y hostigamientos", aunque no hizo referencia a la represión a la mayor movilización en la provincia.
“La obligación del gobernador es mantener la paz social”, afirmó Suárez, y llamó a "reflexionar" en la actual situación, en la que “Mendoza tiene un modelo económico que hace tiempo no crece ni genera riqueza, y donde hay un 40 por ciento de la población por debajo de la línea de pobreza, que no comen o no pueden mandar a sus chicos al colegio y la están pasando muy mal”. “En la campaña dije que íbamos a generar empleo para esa gente que la está pasando muy mal, y lo haremos haciendo las cosas bien, y preservando un bien tan preciado como es el agua”, afirmó.
El ministro de Economía y Energía provincial, Enrique Vaquié, anunció que será el coordinador y uno de los interlocutores de la convocatoria a la mesa de diálogo, al que aseguró que serán convocados las universidades, los especialistas, los sindicatos, las organizaciones del agua, las cámaras empresarias, los representantes de todas las religiones y todos los sectores que soliciten participar.
La ley 7722 fue sancionada el 20 de junio de 2007, promulgada un día después y entró en vigencia el 22 de junio de ese año tras su publicación en el Boletín Oficial. Su artículo 1º dice textualmente: "A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo".
En la nueva redacción, de la ley 9209, el artículo 1º queda modificado así: "A los efectos de garantizar la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico y asegurar el cumplimiento de la actividad minera de los principios ambientales de sustentabilidad establecidos (...), establécese que el uso de sustancias químicas, mezclas o disoluciones de ellas, quedará restringido a aquellas que aseguren la sostenibilidad del proyecto y estará limitado a aquellos productos cuya producción, importación y uso esté permitido en la República Argentina, y su aplicación, transporte, almacenamiento y distribución estará sujeto a las normas vigentes provinciales, nacionales e internacionales".
Las reacciones contra el levantamiento de la prohibición del uso de sustancias químicas contaminantes abarcaron todo el espectro social. “Le escribo en estas difíciles horas que siguen a la sanción de las modificaciones de la Ley 7722 por parte de la Legislatura provincial”, indicó el arzobispo en la carta pública firmada en nombre de la comunidad católica mendocina. “Lo hago de este modo porque, a pesar de mis intentos, hasta el momento no he conseguido comunicarme de otra forma."
De todos modos, el anuncio de suspender la reglamentación no alcanzó para aplacar los reclamos. "El gobernador tomó una decisión vergonzosa que no varía legalmente la situación. La ley está vigente. La forma de frenarla es una nuevo proyecto de ley, que derogue las modificaciones, y ponga en vigencia nuevamente la 7722. Los puntos de la nueva ley no necesitan mucha reglamentación, se puede llevar adelante. Sobre todo por que la Secretaría de Ambiente es la que tiene que aprobar los estudios de impacto ambiental", consideró Julieta Lavarello, integrante de la Asamblea por el Agua de Mendoza capital que fue detenida durante la represión del lunes.
“Quienes tienen altas responsabilidad a su cargo también deben escuchar el clamor de su pueblo”, señaló Colombo, que encabezó su carta con una cita del libro Exodos ("He escuchado el clamor de mi pueblo"). “Es parte del delicado arte de gobernar y que no necesita llegar a situaciones límites para percibir cómo una determinada cuestión es vivida por la gente”. Seguidamente, el arzobispo pidió al gobernador que vete la modificación de la ley.
Tras la decisión de Suárez de reprimir brutalmente la movilización y promulgar la modificatoria a la 7722, reinas actuales y de mandato cumplido de la Fiesta de la Vendimia se sumaron al reclamo popular y solicitaron a través de un comunicado posteado en las redes sociales, que no se realice ningún acto vendimial previsto para el 2020 hasta que no se dé marcha atrás con la reforma. “Sin agua no hay vendimia”, dice el comunicado de las teinas e invita a los departamentos a que adhieran a la medida.
Por su parte, el Frente de Todos Mendoza difundió un comunicado en el que solicita "la derogación de la Ley 9209 para poder empezar el diálogo desde foja cero. Cualquier otra instancia que no sea vinculante puede ser interpretada como una maniobra dilatoria". Expresó que no tenía los votos necesarios para impedir las modificaciones enviadas por el gobernador y que frente "al escenario actual parece correcto el llamado al diálogo del gobernador, porque, tal como pusimos por condición, sin licencia social no se puede avanzar en cambios sustanciales para la sociedad".
Además, también este jueves, se presentó en la Cámara de Diputados provincial el primer proyecto de "Derogación de la ley 9209". El autor es el diputado Gustavo Majstruk y acompañan la presentación sus compañeros del bloque Partido Justicialista.
