A nivel internacional aumenta el consenso acerca del fracaso del abordaje prohibicionista de las drogas. Han crecido y se han multiplicado organizaciones criminales que lucran con uno de los principales negocios del mundo. Se han visibilizado aún más las amenazas que estas organizaciones significan para los ciudadanos y gobiernos: corrupción, violencia, inseguridad. No se han obtenido avances en el control de la demanda, sino que contrariamente han aumentado los consumos problemáticos y los daños asociados, incluidas las detenciones a los simples consumidores, se ha diversificado el mercado de las drogas y la toxicidad de las mismas y/o su adulteración que las hace más peligrosas.

Argentina en 2019 es escenario de algo innovador; más de cuarenta organizaciones coinciden en un Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis. A treinta años de la sanción de la Ley de estupefacientes 23.737 --el mejor analizador del fracaso del abordaje tradicional punitivo-- y a diez años del Fallo de la Corte Suprema (Arriola) que declaró inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal.

Se trata de un nuevo modelo que propone cambiar el estatus legal del cannabis, inspirado en legislaciones de Uruguay, Canadá y algunos estados norteamericanos. Este modelo permite al Estado regular un mercado y abordar una arista del narcotráfico. El mercado clandestino genera costos a la salud y seguridad de los ciudadanos, consuman o no marihuana, y lo hagan con fines recreativos o medicinales.

Regular es sujetar a las reglas. La propuesta de regulación de la marihuana insta a crear, aprobar y ejecutar normas, controlar su cumplimiento y sancionar su incumplimiento. Se trata de transmitir a las sociedades modernas en primer lugar la lógica del control estatal del tema y de la marihuana como asunto de salud pública. Es lo que hizo Uruguay, país pionero en el mundo en instalar en manos del Estado el control de la producción, comercialización y consumo adulto, sumando de esta manera a la legalización, la regulación y las medidas de restricción para el acceso a la marihuana. Uruguay determina la cantidad que se puede comprar y cultivar (máximo seis plantas por vivienda) y la composición de la sustancia. De manera similar, Canadá legalizó la marihuana para uso recreativo en octubre de 2018.

En la escala de grises quedó el modelo de los Países Bajos, que fuera hasta la década pasada el modelo más progresista, donde es legal la venta y consumo de haschich y marihuana en coffee-shops (máximo de cinco gramos por persona) pero todo procede del mercado negro.

Este modelo regulatorio en Argentina resolvería las deficiencias de la Ley 27.350 de Investigación médica y científica del uso medicinal (que no legaliza el autocultivo, ni el uso medicinal en multiplicidad de patologías) reduciendo algunos problemas de la Ley23.737, al menos forzando su adecuación en los casos de cultivo y consumo.

Siendo la sustancia legal, el ciudadano mayor de edad podría cultivarla o consumirla según lo reglamentado: en cuanto a cantidad, lugar de consumo, calidad controlada por el Estado en cuanto a concentracion de THC, etiquetado.

En Argentina para ciertos sectores hablar de despenalizar la tenencia de todas las drogas encuentra el límite de la toxicidad de algunas drogas, su potencial adictivo. El fenómeno mediático de la “salida del armario” de personajes públicos que reconocen haber probado o consumir marihuana nos revela que el nivel de tolerancia social a la marihuana no es equiparable a otras drogas. Los argumentos de la vetusta ¨teoría de la escalada” --la marihuana como droga de inicio en otras drogas-- no han logrado sustento científico. Los beneficios del uso medicinal se han socializado junto a la expansión del autocultivo y las redes de elaboración y venta clandestina de aceites.

Si la marihuana puede ser regulada en su producción, venta y consumo se reducirían muchos daños asociados y causados por su prohibición y también por la legislación actual. Se trata de instalar la marihuana, más allá de la lógica de la seguridad, en la lógica de la salud pública.

Lejos del modelo de legalización abierta, el modelo de la regulación es un modelo de legalización controlada. El Estado pasa a tener el control y por ello se trata de una política pública.

Hablar de regulación resulta mucho más amigable para la sociedad argentina; permite considerar las ventajas de la política de regulación del alcohol y tabaco y analizar costos. Las opciones de impulsar una nueva industria que pueda crear empleos, y gravar con impuestos la sustancia e invertir en salud y asistencia para los usuarios de drogas que la requieran, resulta mucho más prometedora para la Argentina actual que seguir dilapidando recursos en lo policial y judicial, mientras los usuarios de marihuana, muchos de ellos jóvenes y usuarios ocasionales siguen pagando por la política vigente con su vida y su libertad.

Enunciar cannabis, en vez de marihuana, permite a esta sustancia recuperar la dignidad pérdida cuando, en los inicios de la prohibición en Estados Unidos, se la asociara con la población inmigrante mexicana en clave de racismo y estigmatización. Si la dejamos de demonizar, será más fácil abordarla y controlarla.

Los tiempos actuales interpelan la sensibilidad y el intelecto. Quizá sea el pragmatismo lo que comience a devolverle la humanidad perdida a la política de drogas argentina. 

Silvia Inchaurraga es doctora en Psicología, directora del Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias y Sida (UNR), secretaria general de ARDA, miembro del Consejo Asesor del Acuerdo por la Regulación del Cannabis.