El gobierno propuso al abogado Carlos Cruz para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de prevenir y detectar delitos vinculados con el lavado de dinero. Su vice sería la abogada especialista en derecho tributario Mariana Quevedo. Como marca la normativa vigente, el Ministerio de Hacienda dejó abierta una ventanilla pública para recibir eventuales cuestionamientos fundados a la designación. Está previsto que el 22 de enero se realice una audiencia pública para analizar ambas designaciones. De no mediar inconveniente, asumirían a fines de enero.
Cruz egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en mayo de 1975. También es licenciado en Derecho, título homologado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España. Posteriormente, el futuro presidente de la UIF realizó un Posgrado en “Especialización en Protección Jurídica del medio ambiente, Flora y Fauna, Ordenación del Territorio y Patrimonio Histórico” en la Universidad de Castilla – La Mancha, también en España. Durante su carrera, Cruz formó parte del equipo de especialistas que “promovió la querella entablada para investigar el Plan sistemático de apropiación de menores” y “ha dirigido y participado en proyectos de investigación relacionados con delitos contra el orden económico y financiero”, informó el gobierno.
En el plano de la función pública, Cruz fue designado por la Secretaría de Estado de Comercio para “instruir actuaciones relacionadas con comercialización de mercaderías en zonas de frontera – ilícitos de importación y exportación – en las localidades de Clorinda, Puerto Pilcomayo, Formosa, Provincia de Formosa (año 1975)”. También fue asesor de varias comisiones en la Cámara de Diputados.
Por su parte, Mariana Quevedo es abogada por la Facultad de Ciencias jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e hizo un posgrado de derecho tributario en la UBA. Además, hizo una especialización en este mismo tema en la Universidad de Salamanca. En cuanto a la función pública, se desempeñó como directora de Asuntos Jurídicos de la UIF, directora general de Aduanas, de la AFIP y representante de la Argentina ante la ONU y ante el Grupo de Expertos en Lavado de Activos de la OEA. También trabajó dentro de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y como fiscal de Apelaciones bonaerense.
