El fiscal federal Carlos Stornelli retomó su estrategia de victimización al apelar el procesamiento que le dictó el juez federal Alejo Ramos Padilla, por formar parte de la organización responsable de extorsiones y operaciones ilícitas de espionaje que tiene como cara visible al falso abogado Marcelo D’Alessio. Según el escrito que firma su abogada Raquel Pérez Iglesias, el fiscal es “víctima de un plan orquestado para afectar importantes investigaciones” a su cargo, en particular la famosa causa de las fotocopias de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno. A años luz de la imagen del sabueso capaz de desentrañar oscuros casos de corrupción con que se paseó durante años por programas afines al gobierno de Mauricio Macri, Stornelli sugiere ahora ser el inocente damnificado por la “más que factible hipótesis del complot entre D’Alessio y (Pedro) Etchebest”, el empresario que denunció la extorsión en su contra luego de presenciar un extenso encuentro entre el fiscal y el agente de inteligencia en un parador de Pinamar.
Stornelli fue procesado la semana pasada, luego de diez meses de investigación, por los delitos de asociación ilícita, violación de la ley de inteligencia, coacción e incumplimiento de deberes de funcionario público. Ramos Padilla consideró probado que “se valió de ‘espías’, con quienes intercambiaba información sobre supuestas líneas de investigación, pero promoviendo denuncias asentadas en esas ilegalidad; buscando disuadir a abogados molestos” como José Manuel Ubeira, defensor del arrepentido Leonardo Fariña, “al tiempo que usaba esa relación y los métodos ilegales para cuestiones personales”, tal el caso de Jorge Christina Castañón, ex marido de su actual pareja. El juez dejó constancia que debería dictarle la prisión preventiva porque se mantuvo rebelde durante ocho meses y porque su libertad entraña riesgos procesales, pero no puede hacerlo porque tiene inmunidad como fiscal.
La apelación de Stornelli sugiere que el procesamiento es “arbitrario, dogmático, sesgado, conjetural y sin asidero probatorio”. “Pareciera que a fuerza de repetición pretende suplir la orfandad probatoria reinante”, sostiene en su apelación. La abogada apunta además que el juez “intenta además introducir sospechas de tipo políticas aseverando una inexistente relación de mi defendido con Mauricio Macri”, quien como presidente lo sentó a un par de metros de distancia en una acto oficial cuando ya había faltado cuatro veces a las citaciones a indagatoria.
Pérez Iglesias considera que “existen pruebas
objetivas que demuestran que mi asistido ha sido víctima de un
plan orquestado para afectar importantes investigaciones --de
público conocimiento-- que se llevan adelante en la Fiscalía a su cargo, como
así también a su propia persona”, en referencia al supuesto “armado y falsedad
de la denuncia” de Etchebest. “El accionar llevado a cabo por D’Alessio no fue
más que una mise en scene desplegada para lograr intimidar
a su víctima de un modo más efectivo. Allí utilizó la reunión que mantuvo con
el Dr. Stornelli (en el parador CR en Pinamar) a los efectos de mostrarse
vinculado a personas con determinado poder para crear una mayor intimidación en
la víctima y así obtener el pago espurio que pretendía”, sugiere la abogada,
que presenta a su cliente como un pobre hombre engañado en su buena fe.