El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a unos veinticinco imputados, entre ellos a la hija de Hebe de Bonafini, a la ex Ministra de Economía Felisa Miceli y a un grupo de ex gobernadores e intendentes. Se trata de un tramo de la causa por presunto desvío de fondos del programa “Sueños Compartidos”, que aún estaba en etapa de instrucción. La Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo asegura que fue engañada por los hermanos Shoklender.

La causa central que investiga presuntas irregularidades en el otorgamiento de fondos para la construcción de viviendas sociales ya está elevada a juicio oral. Ese expediente tiene como acusados a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, a la titular de Madres de Plaza de Mayo y a los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Abel Fatala, entre otros.

Sin embargo, un tramo de la pesquisa que aún continúa en manos de De Giorgi, quien declaró a Bonafini en rebeldía cuando la dirigente no se presentó a la declaración indagatoria en 2016. Ahora, para el magistrado "no existe indicio alguno que permita suponer que los imputados (…) hayan tenido un rol protagónico en la maniobra o en la dirección de las empresas con las cuales se vincularon algunos de ellos y que fueron utilizadas para perpetrarla”. Entre los beneficiados por el fallo están, además, la ex ministra de Economía Felisa Miceli; a la ex pareja de Sergio Schoklender, Viviana Sala y los ex gobernadores e intendentes Maurice Close, Jorge Capitanich, Gerardo Zamora, Daría Giustozzi, Alejandro Granados, José Benítez y Miguel Lifshit. Es porque el juez determinó que la responsabilidad del dinero no era de las provincias ni de los municipios, sino que las partidas eran administradas y asignadas por Nación.

Hebe de Bonafini siempre afirmó que fue víctima de los hermanos Schoklender, ex apoderados de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, quienes a través de la contratación de la empresa Meldorek S.A. eran los encargados de la construcción de las casas. El 90 % del paquete de Meldorek pertenecía a Sergio Schoklender, mientras que Alejandro Gotkin era el presidente de la cpmpañía. Por su parte Gustavo Serventich figuraba como el titular del 10 %restante de las acciones de Meldorek.

En este caso, el juez determinó que la prueba "no resulta de relevancia ni determinante para responsabilizarlos por los hechos". Según explicó en una resolución firmada este jueves, “más allá de los cargos societarios que supieron ostentar o la labor que se les asignó dentro de la propia Fundación Madres de Plaza de Mayo, no pueden por sí ser prueba irrefutable de su conocimiento acerca de la maniobra que llevaron adelante quienes hoy enfrentan un juicio oral”.

El objetivo de la pesquisa es determinar si las obras proyectadas fueron entregadas. Según un informe de la Auditoría General de la Nación, están construidas entre un 70 y 80 %. El punto más controvertido es la falta de pago de las cargas sociales y la ART de los trabajadores que hicieron las obras. La defensa de Bonafini sostiene que fueron los Shoklender los únicos responsables de las maniobras y que las Madres fueron engañadas. Incluso, dos peritajes que constan en el expediente comprobaron que la firma de Bonafini, en contratos con Meldorek S.A., fue falsificada. Las Madres aseguran que fueron víctimas de los engaños de los hermanos, por lo que la Asociación Madres de Plaza de Mayo es querellante en el caso.

En concreto, la Justicia ya pudo determinar que de los más de $ 700 millones que la secretaría de Obras Públicas designó a las viviendas, $ 500 millones fueron efectivamente ejecutados y las obras fueron finalizadas. La investigación es por el presunto desvío de los $ 200 millones restantes.