“Defendemos el agua” es el evento que llama a manifestarse en apoyo a los pueblos de Mendoza y Chubut movilizados para evitar reformas en sus leyes que contemplan el agua como derecho humano. La actividad está convocada para hoy a las 18 en la plaza 9 Julio.
“Me surgió llamar como una autoconvocatoria para demostrar que desde Salta apoyamos al pueblo de Mendoza”, manifestó Claudio Armando, permacultor y un “ciudadano muy preocupado y comprometido por las cuestiones ambientales”, como se describió.
A la convocatoria inicial se sumó el grupo ambientalista Yuyo Colorao, que agregó a la actividad el apoyo a la situación de Chubut, donde se enfrenta la intención de modificar la ley 5001, que regula el uso del agua.
“Si no hay marcha atrás por el pedido del pueblo las megamineras se van a quedar con todo y con la libertad de extraer todos los minerales con sustancias tóxicas”, expresó Armando ante la reforma de la ley 7722 en Mendoza. Ayer, el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, dijo que no reglamentará la ley que permitió las modificaciones.
Por su parte, el doctor en Filosofía de la Universidad Nacional de Salta, Carlos María Pagano Fernández, que también es uno de los convocantes, afirmó que “un derecho de negocio no puede superar un derecho humano”. Advirtió que la modificación a la ley mendocina “es orden de la minera Barrick Gold”. Dijo que en Mendoza existe una tradición de cultivo que “maneja equis agua en sus producciones que no necesariamente tienen que usar agua cianurada como el caso de San Juan a causa de Barrick Gold”.
Pagano Fernández aseguró que lo planteado por las mineras no representa “un hecho de evolución natural de la necesidad productiva” sino que es “un pedido de afuera”. “Es un sometimiento extraordinario al capricho de grandes empresas que están liquidando el planeta” y lo hacen “para que el oro salga del fondo de las montañas y se meta en el fondo de los bancos. Es abstracción financiera”.
El agua como derecho humano
Para Armando, la situación de Salta “es difícil” no solo por las mineras “sino por el modelo extractivista” que se impone. “Los llamemos minerales, oro, trigo, soja, tabaco; hay uso y abuso de agroquímicos que no son otra cosa que veneno”, señaló.
“En Salta no se dan las fumigaciones a cielo abierto, pero sí desde los equipos terrestres y eso genera mucho daño”, lamentó. Además, indicó que no vio intención por parte del anterior gobierno de Juan Manuel Urtubey de rever estas acciones. Afirmó que tampoco lo vio desde las Cámaras Legislativas de la provincia y los gobiernos municipales.
Por su parte, Pagano Fernández dijo que la provincia “está absolutamente entregada desde los gobiernos de Juan Carlos Romero”.
En esta línea repudió la designación de Ricardo Alonso como secretario de Minería y Energía de la provincia de Salta. Alonso es doctor en Geología y ocupó el mismo cargo en el período de 2005 y 2007 bajo la órbita de Romero.
“Es una vergüenza lo que está ocurriendo en Salta”, sostuvo Pagano Fernández. Afirmó que con los proyectos mineros que se desarrollan en la provincia, “le están vendiendo espejitos de colores a los pueblos originarios”, más precisamente con el proyecto en la Puna salteña. Cuestionó que se difunde y defiende el discurso de que “la única forma de trabajar es en la minería” con la intención de convencer de que "no hay otra forma de vivir”. “Es un marketing”, resaltó.
"Nosotros defendemos el agua y los salteños somos capaces de solidarizarnos con Mendoza" y "vamos a tomar conciencia de solidarizarnos con nuestra Madre Tierra”, sostuvo. Para Pagano Fernández, el territorio fue entregado por los gobiernos a las multinacionales mineras. “Están orgullosos de la minería de oro y cobre en la Puna, pero eso es una vergüenza mundial”, refutó.
También señaló que ni desde el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), ni de la empresa prestadora del servicio de agua en red, Aguas del Norte, ni gobernante y municipios, “se habla del agua como derecho humano”. Destacó que por el contrario desde hace un tiempo se habla del agua como recurso y que definirla desde esta concepción, es transformarla a “algo usable, comercializable y resulta una reducción típica de los apropiadores de los carteles del agua”.
Pagano Fernández insistió en que “el agua está reconocida como derecho humano fundamental y que por lo tanto no puede ser sometida al comercio” y advirtió que compararla un recurso comercialible responde al “fin principal que es el lucro y ahí hay una incompatibilidad de base en relación al derecho”. “Existe una negación cultural del agua como derecho humano”, insistió.
