La multitudinaria marcha por el agua en la provincia de Mendoza mostró el rotundo rechazo a la modificación de la ley 7722, que habilita el uso de sustancias tóxicas en la megaminería. La norma había sido modificada con el aval del oficialismo y de la oposición, que comparten la idea del desarrollo minero como motor del despegue de la economía de la región. 

Ya desde hace algunos años, sectores de la dirigencia mendocina creen que la provincia está perdiendo peso relativo frente a San Juan. La clave de ese retraso relativo es, desde su punto de vista, la megaminería que hace tiempo se transformó en un sector económico clave en la vecina provincia. Pero el pueblo mendocino parece preferir evitar el riesgo de contaminación de sus recursos hídricos, al aporte de empleo e ingresos que pueda generar la actividad minera en gran escala.

El debate en torno a la megaminería en Mendoza pone sobre la mesa un debate más amplio sobre la tensión entre el desarrollo productivo y su impacto ambiental. 

La visiones desarrollistas tradicionales suelen menospreciar el valor de un ambiente saludable, y centran su análisis exclusivamente en el impacto en término de generación de ingresos, empleo o divisas de los diversos proyectos. 

En contraste, las nuevas visiones del desarrollo basadas en el buen vivir, consideran vivir en un ambiente sano tan o más relevante que tener un auto o salir al cine. El hecho de que no tenga un valor de mercado, no le quita valor en términos de bienestar para la vida. En ese sentido, el impacto ambiental de los proyectos productivos debe ser tomado en consideración a la hora de evaluar su conveniencia.

En países del Tercer Mundo como el nuestro, la cuestión ambiental es relegada en nombre de la urgencia de generar empleo e ingresos para las mayorías empobrecidas. Sin embargo, son esas masas marginadas las que sufren la peor parte de la contaminación ambiental. 

Así lo atestiguan los asentamientos populares sobre basurales y napas contaminadas a lo largo de la cuenca Matanza-Riachuelo o del Reconquista; los pueblos fumigados con agro tóxicos, o poblados cuyos ríos contaminados les quitan su única fuente de subsistencia. Por otro lado, las ganancias de muchos de esos contaminantes proyectos productivos quedan concentradas en pocas manos y, en gran medida, son fugadas al extranjero.

En ese sentido, el debate en torno a las vías del desarrollo debe mediar la cuestión medioambiental con el impacto económico y distributivo de las actividades. 

Más allá del absurdo humano de destruir montañas y contaminar ríos para sacar oro y plata que luego volverá a ser enterrada en la bóveda de una banca central, es importante saber si esa banca central será el nuestro o el ajeno. 

¿Conviene destruir la cordillera con cientos de megaproyectos mineros cuyas divisas serán remitidas por las multinacionales a sus casas matrices? ¿O es preferible desarrollar 2 o 3 proyectos bajo una dirección nacional que retenga las divisas y multiplicar el empleo aprovechando ese saldo externo para movilizar actividades internas que solucionen problemas sociales como la vivienda?  

@AndresAsiain