“Me sacaron parte de mi juventud”, dice Cristina Vázquez a Página/12, desde su casa en Posadas, rodeada de su familia, mientras sorbe tereré para aplacar el calor misionero. Hace pocas horas recuperó su libertad después de estar presa injustamente durante 11 años. “No pensaba ya que iba a salir”, cuenta. Es difícil imaginar su alegría. Se ríe y se le amontonan las palabras. Poco antes del mediodía del viernes, dejó el penal de Villa Lanús, en las afueras de la capital provincial, luego de que el jueves la Corte Suprema ordenara su absolución y dejara sin efecto la condena a prisión perpetua que le aplicó la justicia en Misiones, sin ninguna prueba, por el homicidio de una vecina. Cristina estaba tan ansiosa por irse de la única unidad penitenciaria de mujeres de la provincia, que no esperó a su madre, Aurora, de 69 años, su padre, José, de 79 y su hermana Alejandra y su sobrina, de 3 años, que la estaban yendo a buscar. Quería dejar la cárcel pronto: se despidió de las autoridades y las guardias, de sus compañeras de encierro, y se fue --con una cajita donde atesoraba sus cosas--, en el auto con un fotógrafo y una periodista de un medio local, que la habían ido a esperar. Llevaba colgada la cadenita con el pañuelo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que le regaló Nora Cortiñas, cuando la visitó a principios de noviembre y reclamó por su libertad, junto a Magda Hernández, directora y productora del film «Fragmentos de una amiga desconocida», que se estrenó este año y retrata su historia. “Norita vino a verme al penal. Me prometió que iba a hacer algo por mí y se ve que hizo. Creo que su aparición movió todo esto”, dice la mujer. Lucía Rojas, la otra mujer condenada en ese caso, recuperó su libertad al caer la tarde.

En 2001, cuando tenía 19 años y estaba terminando el secundario, a Cristina Vázquez la acusaron de matar a una vecina. En 2008, sin pruebas ni testigos, la condenaron a perpetua como coautora. Entró a la cárcel el 19 de junio de ese año. “Desde ese día no salí más”, recuerda, en diálogo con este diario. Tiene 37 años. Esta cronista la entrevistó en la cárcel de Villa Lanús en agosto de 2017. Del fallo de la Corte Suprema que la absolvió el jueves se enteró a través del hijo de otra detenida, que llamó a su madre al penal para contarle la noticia que acababa de leer en un portal informativo. Así supo Cristina alrededor de las 20 horas del jueves la novedad que le da un giro de 180 grados a su vida.

--¿Cómo vivió estos años presa?

--Con mucha ansiedad, esperando una resolución, siempre esperando.

--¿Qué le diría a los jueces que la condenaron sin pruebas? --le preguntó este diario.

--Que admitan los errores que cometieron. El padre, que es la Corte Suprema para ellos, les dice que no hubo pruebas. Entonces, que reconozcan que me juzgaron a mí, a mi vida, y no realmente lo que había ocurrido.

--¿Por qué cree que la condenaron entonces?

--Nunca se pusieron a investigar el crimen. Necesitaban a alguien en la cárcel, que alguien pague. Y me condenaron por la vida que tenía, porque fumaba porro, andaba de joda, no tenía una vida tranquila... Ahora miro para atrás y en realidad, me doy cuenta de que esa es una vida normal cuando tenés 18 o 19 años. Es un sistema judicial machista. Y yo no tenía recursos para pagar un abogado. Eso te deja más vulnerable. Los jueces hicieron lo que quisieron.

--¿Qué planes tiene hacer ahora?

--Ayudar a mis viejos, estar con ellos. Espero conseguir trabajo. Y quiero tener un hijo. También estudiar para ser chef --dice y se ríe.

La Corte Suprema ordenó su absolución, al igual que la de Lucía Cecilia Rojas, que llevaba 14 años detenida por el mismo hecho, por haber sido condenadas sin pruebas a prisión perpetua por el homicidio de Ersélide Leila Dávalos. En la tarde de ayer, Rojas recuperó su libertad. Ella estaba presa en el penal de Ezeiza.

Anteriormente, el máximo tribunal había ordenado al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones que revisara las condenas de ambas y analizara los cuestionamientos que las imputadas planteaban en relación a la sentencia. Con otra integración, la máxima instancia provincial revisó las condenas y las confirmó. Pero la Corte Suprema entendió ahora que la revisión del fallo fue deficitaria , que los tribunales locales hicieron un “análisis parcial y sesgado de la prueba” y lo señalan como ejemplo de un “proceso indebido en el que se negó la vigencia del principio de inocencia y la aplicabilidad al caso del in dubio pro reo” (que tiene en cuenta el beneficio de la duda)” debido al prejuicio con que fue analizado el tema. La condena de por sí había estado basada en conjeturas que señalaban que Cristina tenía un “estilo de vida promiscuo y marginal”, que “consumía drogas” y no había terminado el secundario. Los supremos cuestionaron que después de nueve años de recursos de apelación y revisión de todo tipo todavía la sentencia --que la propia Corte ya había mandado a revisar-- no cumplía con ofrecer garantías básicas a ambas mujeres.

En el camino para desmontar las mentiras que condenaron a Cristina fue clave la intervención de Indiana Guereño, coordinadora del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal (OPSP) de la Asociación Pensamiento Penal (APP), quien se encargó de los recursos que llevaron el expediente al máximo tribunal. “El fallo de la Corte Suprema que las absuelve confirma lo que venimos diciendo desde que tomamos contacto con el expediente en 2014. Se trató de un proceso grave e injusto que no se puede admitir en un estado democrático de derecho”, dijo Guereño a Página/12. Se enteró del caso cinco años atrás, por dos amigas de Cristina, y desde entonces peleó por su libertad.

Para Cristina fue muy importante además, la visita de Nora Cortiñas el mes pasado. “Vino a verme al penal. Me prometió que iba a hacer algo por mí y se ve que hizo. Creo que su aparición movió todo esto”, dice la mujer.

La casa de sus padres está a unos dos kilómetros de la cárcel, en el barrio El Palomar, de Posadas. Finalmente, ahí, después del primer desencuentro, se pudieron abrazar. Para celebrar su liberación, la mamá preparó pizzas para el almuerzo y brindaron. En estos años de encierro de Cristina, su padre tuvo un infarto. Está jubilado como empleado provincial. A media cuadra está la casa de la vecina por cuyo homicidio fue condenada a perpetua junto a Lucía Cecilia Rojas y la pareja de ella, Ricardo Jara. El caso de Jara no llegó a la Corte por eso su condena no fue revisada.

A Cristina la fueron a saludar a su casa activistas feministas y de derechos humanos. También vecinos del barrio. La hija de Dávalos se enojó con la absolución. Al parecer, no cree en su inocencia. Según contó Cristina, supo que ya estuvo escribiendo en Facebook algunos posteos en contra de su liberación. “Pienso que es normal, pero me preocupa”, comentó Cristina.

¿Quién le devolverá los 11 años que le quitaron privada de su libertad por un homicidio que no se probó que haya cometido? Cristina espera que los jueces que actuaron en su caso, que la juzgaron a ella por su vida personal, con prejuicios sexistas y de clase, con una mirada estigamatizante más que con pruebas que la vincularan al asesinato de su vecina, digan algo, al menos, reconozcan que hicieron mal su trabajo para que “haya mejor justicia”.