La vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández Kirchner, ordenó la realización de una auditoría de lo actuado durante 2019 por su antecesora, Gabriela Michetti. De acuerdo a la resolución, publicada durante la tarde del viernes, la secretaria Administrativa, María Luz Alonso solicitó la realización de un estudio de lo actuado puesto que se detectaron algunas "irregularidades" en cuanto a la designación de personal, la creación de nuevas áreas administrativas y recategorizaciones por fuera de la normativa vigente. En ese sentido, CFK decidió la formación de una Comisión Revisora que deberá emitir un informe en un plazo de 60 días con la posibilidad de realizar un sola prórroga de su tarea.

La comisión investigadora estará integrada por el director General de Recursos Humanos, el director General de Administración y la Dirección General de Asuntos Jurídicos a cargo de Graciana Peñafort. Estos tienen la tarea de "proceder al análisis y revisión legal de los recursos humanos" del  Senado. Para ello deberán revisar los legajos del personal de planta permanente designado en los últimos 12 meses; los de planta transitoria designados este año; las recategorizaciones dispuestas en 2019 y los concursos para la cobertura de cargos en el Senado de la Nación también de este 2019.

"La Comisión Revisora deberá llevar adelante su cometido dentro de los sesenta de publicada la presente", señala la resolución firmada por la vicepresidenta poco antes de partir hacia Cuba, donde pasará Año Nuevo con su hija Florencia. Concluido el procedimiento de análisis, se elevarán las conclusiones a la Presidencia junto con "las propuestas respecto a las medidas correctivas que pudieren corresponder en relación a las irregularidades que fuesen detectadas". En la resolución la vicepresidenta invita a los sindicatos con actuación en el Congreso de la Nación a participar de la actividad de la Comisión creada en calidad de "veedores".

Según la resolución la anterior gestión dictó actos administrativos que "vulneran explícitamente los derechos de los trabajadores" y que la Dirección General de Recursos Humanos ya se había expedido en contra de lo resuelto por Michetti durante este 2019 al entender que se incumplían con diversas disposiciones legales que perjudicaban a los trabajadores de la Cámara alta. 

En sus fundamentos, al resolución que lleva la firma de la vicepresidenta advierte que lo que se pretende "no tiene por objeto contravenir los derechos laborales que por ley corresponden a cada uno de los trabajadores". Por el contrario, el texto asegura que lo que se pretende es "aplicar un criterio de estricta legalidad a cada uno de los actos administrativos emitidos" por el Senado.