YPF tenía previsto aumentar un 5 por ciento el precio de los combustibles a partir de hoy. El ajuste formaba parte de un sendero de recomposición iniciado luego de las elecciones de octubre, destinado a cerrar el año con valores lo más cerca posible de la paridad de exportación. El presidente de la empresa, Guillermo Nielsen, dio el visto bueno al ajuste y la novedad trascendió a los medios de comunicación este domingo desde temprano. Sin embargo, cerca de las 18 desde el gobierno se dejó trascender que el propio presidente Alberto Fernández le dio la orden a Nielsen de no avanzar con la suba.
YPF concentra más del 55 por ciento del mercado. Por lo tanto, el resto de las empresas suelen seguir sus pasos aunque el sector esté formalmente desregulado. El problema es que si deciden aumentar y distanciarse demasiado de los valores que tiene la petrolera controlada por el Estado Nacional corren el riesgo de seguir perdiendo mercado. A raíz de ello, lo que decide YPF impacta en el conjunto del sector.
Luego de la derrota en las elecciones primarias, el gobierno de Macri anunció un congelamiento del precio del crudo y los combustibles para intentar revertir el resultado, pese a que el dólar había subido 25 por ciento al día siguiente de las PASO. Una vez consumada la victoria de Alberto Fernández en primera vuelta, la reacción fue exactamente la contraria. A comienzos de noviembre se autorizó un incremento de 5 por ciento pese a que el congelamiento todavía no había terminado. A mediados de noviembre, cuando se puso fin al control, llegó otro incremento de 5 por ciento y el 1 de diciembre se aplicó un nuevo retoque de hasta 6,3 por ciento. De este modo, en apenas un mes la suba llega casi al 18 por ciento acumulando hasta un 44,5 por ciento en el año en el caso del gasoil, por debajo de la inflación.
Las empresas venían presionando para aplicar un último ajuste, sobre todo porque la suba de retenciones las alejó todavía más de la paridad de exportación. Sin embargo, terminó primando la decisión de no autorizar aumentos en estos primeros seis meses de gobierno, en línea con lo ocurrido con el transporte de pasajeros y servicios públicos como luz y gas.
