Los nuevos ministros de Seguridad nacional y bonaerense impulsan para el 2020 un “debate serio” sobre la despenalización del cannabis para empezar a revertir el paradigma de la “lucha contra el narcotráfico”. Esa metodología, ensalzada por la ex ministra del área Patricia Bullrich, es la que hizo que en los años recientes “se abrieran 22 causas por día vinculadas a la tenencia de drogas para consumo personal”, según un estudio realizado en la provincia de Buenos Aires. Como resultado de esa política punitiva, en 2018 se incrementaron en un 23 por ciento los procesos por consumo, respecto de 2017.

Según un estudio realizado en 2019 por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, al que tuvo acceso Página/12, “una de cada cuatro causas iniciadas son por consumo” de drogas. El informe agrega que “en los últimos cinco años, se registró un aumento del 110 por ciento en el número de las instrucciones penales preparatorias vinculadas a la violación a la Ley de Estupefacientes”. Una de cada cuatro de las 38.516 causas abiertas entre 2014 y 2018 tienen que ver con tenencia para consumo personal.

Necochea es el departamento judicial donde este tipo de causas penales representan mayor porcentaje, seguido por San Nicolás, Trenque Lauquén y Azul.

El informe, dado a conocer por el defensor del pueblo adjunto, Walter Martello, señala que ante la situación descripta es necesario “prestar especial atención al habeas corpus presentado por el juez Mario Juliano que detectó, hasta agosto de 2019, 600 requisas policiales realizadas a jóvenes de Necochea, Lobería y San Cayetano”. El 85 por ciento de esos procedimientos “habría correspondido a tenencia para consumo personal”.

El juez estimó que “la apertura de cada una de estas causas implica una inversión de no menos 10.000 pesos”, con el agravante de que “terminan en el archivo”.

Esta actividad policial y judicial fue alentada por el ex presidente Mauricio Macri, por la gobernador María Eugenia Vidal y por la ministra Bullrich. La actividad punitiva contra los consumidores se mantuvo constante, a pesar de que el 25 de agosto de 2019 se cumplieron diez años del fallo por el cual la Corte Suprema de Justicia, en el Caso Arriola, declaró inconstitucional la aplicación del segundo párrafo del artículo 14 de la ley de drogas, que estable sanciones económicas y penas de un mes a dos años de prisión a los consumidores que tienen en su poder drogas para consumo personal.

La Corte, con su fallo, llamó a terminar con el viejo paradigma que dice que para combatir el narcotráfico hay que perseguir penalmente a los consumidores. Eso es lo que están convocando a discutir, con expertos y organizaciones sociales, la ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederic, y su par bonaerense, Sergio Berni. En principio, la idea es dar el primer paso con la legalización del consumo de cannabis, mediante una reglamentación “a la argentina”, tomando ejemplos de diferentes países, pero ajustándolos a las características propias.

La defensoría bonaerense expresó su apoyo al diseño “de un nuevo marco normativo y de renovadas políticas públicas que apunten a combatir el narcotráfico y prevenir las adicciones”, además del establecimiento de medidas tendientes a cuidar la salud de los consumidores de todo tipo de drogas.

En el informe se afirma que, además del incremento de las causas por consumo, en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), por delitos relacionados al narcotráfico, “la cantidad de presos procesados sin condena duplican a los que tienen sentencia: 3300 contra 1500”.

A este panorama se le sumó, en cuatro años de gobierno macrista, “un récord de deportaciones que, por general, involucran a personas de escasos recursos, que integran los eslabones más débiles del sistema de comercialización ilegal de estupefacientes”.

Se menciona también “el hostigamiento permanente y sistemático de integrantes de fuerzas de seguridad a consumidores de estupefacientes”, hechos que son “una realidad concreta, que se registra a lo largo y ancho del país”, no solo de la provincia de Buenos Aires. Se puntualiza que eso también viene siendo denunciado por el juez Juliano, a cargo del Tribunal en lo Criminal N° 1 de Necochea y actual presidente la Asociación de Pensamiento Penal. El magistrado, entre otras acciones, presentó un habeas corpus para que la población juvenil no sea acosada por la Policía por tenencia simple de marihuana.

Juliano expresó que “hay tres conclusiones que se pueden elaborar a partir de un muestreo de esos procedimientos por tenencia para consumo personal:

1) que la casi totalidad de los procedimientos se encuentran relacionados con la marihuana;

2) que las personas interceptadas, en su inmensa mayoría, son menores de 25 años; 

y 3) que el promedio de sustancias secuestradas (marihuana) oscila en los 4 gramos.

Juliano dijo que “una mera estimación de los recursos materiales públicos utilizados para llevar a cabo estos procedimientos (sueldos policiales, judiciales, papelería, combustible, reactivos) arroja un costo aproximado de 10.000 pesos por procedimiento”.

En el informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense se recuerda que en el caso Arriola la Corte dijo que “no hay dudas de que en muchos casos los consumidores de drogas, en especial cuando se transforman en adictos, son las víctimas más visibles, junto a sus familias, del flagelo de las bandas criminales del narcotráfico. No parece irrazonable sostener que una respuesta punitiva del Estado al consumidor se traduzca en una revictimización”.

Muertes por no prevenir

En el mismo informe, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires afirmó que “ante un sistema de prevención desmantelado” por falta de presupuesto, mientras se malgastan recursos en abrir expedientes contra consumidores, “el uso de estupefacientes se cobra una vida cada 36 horas en Argentina”, por sobredosis.

Se indica que “los últimos indicadores oficiales muestran que, en solo dos años, se duplicaron los casos de muerte por sobredosis”. Esto se debe a la “falta de políticas preventivas, en un contexto de presupuestos insuficientes. Se aplican más recursos a iniciar procesos penales a consumidores de drogas que a los programas nacionales de prevención y asistencia a las adicciones”.

Walter Martello, defensor del Pueblo adjunto de la provincia, reiteró el pedido para que se declare la emergencia en materia de adicciones y alertó sobre las consecuencias de la creciente judicialización de consumidores. En ese sentido, explicó que el último informe de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (ex Sedronar), publicado en 2019 con datos de 2017, muestra que dos de cada diez muertes de personas de entre 15 a 64 años se vincula con el consumo de drogas legales e ilegales, lo que representa una tasa de 54,9 por cada 100.000 habitantes.

Del total de estas muertes la mayoría corresponde a varones, significando el 69,4% y una tasa bruta de 77 cada 100.000 habitantes, frente al 30,6% de defunciones femeninas y su correspondiente tasa bruta de 33,3 casos cada 100.000 habitantes.

“Uno de los datos más alarmantes, que no debe pasar desapercibido, es el incremento exponencial de los decesos por sobredosis: el último indicador oficial evidencia que se registraron 100 casos en un año, prácticamente el doble que en 2015”, agregó Martello, que tiene a su cargo el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría.

Martello es autor del libro “Salió Mal”, que a través de 250 páginas plantea por medio de historias críticas y relatos en primera persona, la necesidad de un cambio de paradigma en lo que se refiere a las políticas de drogas que se vienen instrumentando desde hace décadas en la Argentina.

“El Estado está dilapidando cada vez más recursos en someter a consumidores y adictos a burocráticos procesos penales, que por lo general terminan archivados, mientras se registran muy pocos avances en el combate del financiamiento y del lavado de dinero de las grandes estructuras narcocriminales”, sostuvo Martello.