La decisión de Axel Kiciloff, de cobrarle hasta un 75% más de impuesto inmobiliario, a las grandes propiedades rurales de 2000 hectáreas para arriba (que son solo el 7% de las partidas emitidas) y otorgar excepciones a los chacareros de menos de 100 ha, destinadas a tambos y ganadería; disparo una feroz resistencia política, capitaneada por medios de comunicación, políticos a su servicio, e idiotas útiles, que hacen de fuerza de choque para una causa ajena a sus propios intereses. La decisión es irreprochable desde lo tributario, paga más el que más tiene. Pero-además- pone en debate dos cuestiones capitales de la política argentina, que la oligarquía terratenientes había logrado invisibilizar por décadas; como son el latifundio y la diferenciación de los productores de acuerdo al tamaño de la explotación. Aquella falsa y esparcida premisa de que “el campo es uno solo”, fue por años el cendal bajo el cual se camuflo el latifundio, para que nadie lo cuestione, ni ose cobrarle algún impuesto adicional asociado a sus gigantescas proporciones. Kiciloff lo exhibió a la luz pública. Fatalmente para este escriba, se lo dejó engordar demasiado, hasta límites que lo hacen incompatible con la democracia, la soberanía y la seguridad alimentaria de la población; tampoco, la política nunca discutió seriamente diferenciar a los productores, de acuerdo al el tamaño de sus explotaciones, tal como se lo hace en el sector industrial con la Pymes… Axel de alguna manera está sufriendo desidia, de la que es responsable todo campo nacional y popular, que abdicó voluntariamente por años de batallar la cuestión agraria en general y el latifundio en particular; si estos temas hubieran estado -siempre- en el centro de nuestras preocupaciones, hoy otro gallo cantaría.

Decir que en la Argentina el latifundio no existe es como negar la existencia del sol, pero lo dicen y sin ruborizarse. Hace una semana el inefable Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, dijo por América TV, que los terratenientes no existen; el reputado (no se sabe porque) economista neoliberal Juan Carlos de Pablo lo afirmó en el 2018, en una charla en la Sociedad Rural de Río Cuarto; o Héctor Huergo, director de Clarín Rural, por citar solo algunos de los muchos propaladores de esta especia de terraplanismo agrario, negacionista del latifundio. Este último, sin duda el más consecuente vocero, del monocultivo de soja, con la concentración de tierras y rentas que este trajo consigo; refriéndose al proyecto de Kiciloff, lo describe con sorna: “El brulote vino disfrazado de consideraciones progresistas, que los latifundios, que los pequeños pagaran menos…” El proyecto de Axel los enferma: ¿saben por qué?, porque pone en crisis el mayor triunfo cultural de la oligarquía terrateniente argentina, que es el ocultamiento del latifundio y su rol como principal obstáculo a la industrialización del país; corre el velo a los números reales de quiénes son los auténticos dueños de la tierra y qué uso le dan. Puede ser-ojalo lo sea- el principio del fin de la licencia social que le otorgó la política a la clase terrateniente, gracias a lo cual pudo ocultarse por décadas, y tributar nada... El secretismo y un feroz ataque a quienes lo descubrieran, fue la eficaz táctica para camuflar a la gran propiedad terrateniente y hacerse pasar por esforzados labriegos, que se sacrifican por el país y son esquilmados por un estado voraz, que dilapida los impuestos que ellos generosamente pagan, en vez de lo que son, holgazanes oligarcas que evaden cuanto impuesto pueden. Es el falso: “Todos somos el campo”…

Pero el otro punto que los “saca” del proyecto de Kicillof es la segmentación de los productores; el reconocimiento explícito, por parte del Estado, de que no se puede tratar como iguales a los que son estructuralmente distintos; cuestión a la que la derecha siempre se opuso y mal. Amparándose en una falsa moralina anticorrupción u ocultándose en un eficientísimo burocrático, boicotearon todo lo que pudieron la puesta en práctica de cuanta medida de segmentación se intentó implementar. CKF y Kicillof (2015) merced al acuerdo que concibieron con la FAA, destruyeron por completo este mito, y devolvieron en forma por demás de transparente y rápida, retenciones a 21.000 pequeños productores. Lo que molesta acá es la luz que se prende y lo que ilumina.

Las políticas públicas diferenciadas no son una aspirina que todo lo puede o lo cura, ni la panacea universal para los problemas de la agricultura de rostro humano. Son una herramienta más, que ayuda a calibrar a la democracia, dándole color y contenido, ni más ni menos que eso; es una acción de gobierno predeterminada a partir de una definición ideológica para favorecer a sectores productivos o sociales señalados como estratégicos para la soberanía y seguridad alimentaria de la nación, como pueden ser campesinos o chacareros y la chacra mixta entre otros. Más un gobierno diferencia a sus productores por tamaño, producto y como lo hacen, más progresista es; pero esta política requiere de mucha fuerza social que la respalde para poder ejecutarse. Razón sin fuerza es como un tractor sin motor.