El 26 de diciembre de 2018 Sergio Fuentes secuestró, ató, violó y golpeó a su ex pareja y madre de sus dos hijos, Carla Barrera Soggiu. Esa misma noche y tras la denuncia, lo detuvieron. Pero tres semanas después, la mujer de 28 años apareció ahogada en el Riachuelo, a la altura del barrio porteño de Barracas. Había activado dos veces el botón antipánico y llegó a decir que estaba perdida, pero no pudieron encontrarla porque el geolocalizador no funcionó. Once meses después de su muerte, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20 de la Capital Federal condenó a 6 años de prisión a Fuertes por la agresión. Ahora avanza la causa que investiga si su muerte fue consecuencia de esa golpiza.
El juez Pablo Laufer aceptó la acusación del fiscal Marcelo Saint Jean, quien había pedido seis años de condena bajo la acusación del delito de “abuso sexual con acceso carnal”, pero sin ningún agravante. Los fundamentos de la sentencia recién se van a conocer en febrero. “Seis años parece poco para una violación y golpiza, pero era lo que esperábamos, porque era el pedido del fiscal”, dice Roxana Soggiu, la mamá de Carla. Junto a su marido, Alfredo Barrera, se pusieron al frente de la búsqueda de justicia y del cuidado de los hijos de Carla, que ahora tienen 5 y 3 años. “No entendemos todavía por qué no consideraron el vínculo como agravante y estamos esperando los fundamentos. Pero al menos nos alivia, porque nuestro terror es por los chicos si este tipo queda libre”, agrega el padre.
“Vamos por el femicidio”
Carla sufría de hidrocefalia y por eso, a los 15 años, le habían puesto una válvula detrás del ojo derecho. A raíz de eso, porque tenía la corteza cerebral muy fina y delicada, tenía que cuidarse de cualquier golpe. “Ahí le pegó este tipo, que por supuesto que sabía perfectamente todo esto”, dice el padre. Por eso, además de que Fuentes no salga en libertad, para los padres el valor de esta sentencia es para la causa por la muerte, que aún está en etapa de instrucción. Aunque lo habían pedido, no lograron que se unificaran en un solo proceso.
Entre la golpiza -y violación-, el 26 de diciembre, y la muerte por ahogamiento en el Riachuelo, el 15 de enero de 2019, pasaron tres semanas. Si bien Fuentes ya estaba detenido, Carla seguía con miedo, no se sentía bien y había empezado a sufrir cefaleas. “Ese día ella accionó varias veces el botón antipánico y por las conversaciones que tuvo con el operador surge que había perdido noción espacio-temporal. Está probado que eso tiene relación directa con los golpes que le propinó Fuentes semanas antes”, explica el abogado de la familia, Juan Dragani.
La autopsia corroboró que la mujer había muerto ahogada, pero también que había sufrido un golpe en la zona de la válvula que le permitía vivir con autonomía. “Estamos esperando el nuevo juicio y vamos por el femicidio, porque esos golpes la llevaron a la muerte. Estamos esperando la justicia por la que ella empezó a luchar cuando lo denunció”, dicen los padres.
Además, hay otro dato que irá a esta causa: cuando Carla accionó el botón antipánico, el GPS del dispositivo no funcionaba y el móvil policial no pudo encontrarla. La denuncia, publicada por El Destape Web y presentada en la causa, dice que el contrato de la empresa que prestaba el servicio de geolocalización al Gobierno de la Ciudad (Coradir) había finalizado el 31 de diciembre y que hubo un período en el que no funcionó el sistema, hasta que otra empresa (Soflex) tomó el servicio.
“En ese período pasó lo de Carla y es evidente que no funcionaba y no pudieron localizarla”, dice el abogado. El Gobierno de la Ciudad tendrá que presentar en la Justicia los contratos del servicio tercerizado de los botones antipánico que, según el informe, en ese momento tenían unas 7 mil mujeres y que, de probarse, habrían quedado desprotegidas. “La muerte de Carla se podría haber evitado en dos momentos extremos: si el marido no la golpeaba y si el botón antipánico funcionaba correctamente”, concluye Dragani.
“Los llamamos femicidios de Estado”
Para los padres de Carla, las dificultades en el acceso a la Justicia y el mal funcionamiento del sistema en general son parte de lo que condujo a la muerte de su hija. No sólo la falla en la localización sino que no haya un sistema integrado: ¿”Cómo puede ser que no supieran que esa misma persona que se manifestaba perdida tenía ese botón porque había denunciado a su marido por golpes en la cabeza y que además tenía una válvula de seguridad puesta? Esa es una falla integral del sistema”, denuncian. No sólo eso: en marzo de 2018, dos meses después de muerta Carla, llegó a su casa la citación de la Justicia por la denuncia contra su ex marido. “¿Qué protección pueden darle a una persona si no saben siquiera que murió hace dos meses? ¿Qué seguimiento había después de la denuncia que ella hizo?”
Por esto, empezaron a juntarse con otras familias que sufrieron situaciones similares en su búsqueda de justicia y formaron una agrupación llamada “Familias sobrevivientes del femicidio”. Entre ellos, están familiares de Lucía Pérez, Aracelli Fulles, Melina Romero y Agustina Fredes.
Bajo la consigna de “Estado femicida nunca más”, el 11 de diciembre presentaron un petitorio en Casa Rosada en el que reclaman al Estado cumplimiento efectivo de las penas, acompañamiento a familiares y ayuda a hijxs de las víctimas, capacitaciones a operadores y funcionarios judiciales, entre otros puntos. “Llamamos Femicidios de Estado a aquellos crímenes contra mujeres y personas trans que para que se produzcan, concreten y queden impunes necesitan de un escenario previo y garantizado por las políticas de Estado, tanto las que se llevan adelante como las que se dejan de hacer. Por eso mismo el Estado es responsable de estos crímenes femicidas por acción, aquiesencia u omisión”.
“Desde la Red de Abogadas Feministas, en base a los casos que litigamos y estudios que hacemos, vemos que todavía hay una Justicia muy machista que no recibe bien los avances que se van logrando: nos encontramos con muchas falencias en los procesos de Justicia que no sólo no protegen a las mujeres sino que las exponen a que terminen siendo víctimas de femicidio”, dice Alejandra Iriarte. Y enumera algunas de las medidas que podrían tomarse en este sentido: “Es muy importante que se aplique la Ley Micaela en la Justicia, para que haya formación en género en todos los operadores de justicia y en todos los fuero; es clave que se dicte la Ley de Emergencia en Violencia de Género, que ya hay varios proyectos presentados, para que se puedan adoptar políticas públicas activas. En este sentido creemos que el nuevo Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad va a ser muy importante, tanto en capacitaciones como en la articulación con la justicia. También creemos fundamental la aplicación de la ley para la creación de un cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género para que puedan acompañar estos procesos. Y para todo esto es clave también que se dote de mayor presupuesto para políticas de género en todas las áreas para enfrentar la violencia machista”.
