A Daniel Funes lo abrazaban. El hombre es un asambleísta de San Carlos, corazón de la lucha contra la megaminería contaminante, departamento que impulsó la Ley 7722, aprobada en 2007. En medio del gran festejo recordaba la gesta del domingo 22: la “marcha más grande de Mendoza”, como se la tituló, partió de San Carlos y fue nutriéndose a su paso por vecinos de otros departamentos. La caravana de autos, camionetas y bicicletas llegó a tener 12 kilómetros sobre la ruta 40, un largo tramo que muchos hicieron caminando.
Funes relató a Página/12 que esta movilización fue una decisión de los vecinos en el distrito de Eugenio Bustos, reunidos en una asamblea de casi 5 mil personas. El viernes 20, cuando la Legislatura concretó el intento de destierro de la ley parida por aquellos pagos, los vecinos se hundieron en un llanto colectivo. Angustia, depresión, desamparo. Pero la parálisis duró “10 minutos”. Uno de ellos aseguró: “No nos van a vencer”. Y propuso ir para la ciudad de Mendoza.
“En Eugenio Bustos tenemos la costumbre de que el que vota y levanta la mano pone el cuerpo. Es una condición que no se negocia. Había que arrancar el domingo: teníamos un día para organizar una marcha de 100 kilómetros”, contó el ambientalista. “Perdimos la ley pero encontramos un pueblo, con el pueblo vamos a recuperar la ley”: ése era el espíritu de los sancarlinos. “Fuimos contagiando a todo Mendoza. Había gente que se sumaba para caminar una hora y terminaba haciendo 25 kilómetros en chancletas. Mamás con sus bebitos hicieron con un cangurito diez, 15 kilómetros. Se hizo la noche en Luján y muchos durmieron ahí, sin nada, como los indios, tirados en la calle”, describió Funes.
“¿Qué vamos a hacer con el tesoro que hemos conseguido encontrar? No sé. Pero Mendoza no es la misma”, concluye luego de que la historia girara de nuevo para el lado del pueblo, gracias a un triunfo que él mismo se dio en las calles, activo y firme, sin confiar en ninguna promesa. Y “sin grietas”, como les gusta señalar. “Hay cosas que nos dividen profundamente, pero a partir de ahora no me voy a poder enfrentar al que estuvo abrazado conmigo en estas marchas de la misma manera que antes. Ojalá seamos capaces de mantener la empatía, el vínculo; que encontremos soluciones amigables y más familiares.”
Al cierre del festejo, representantes de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (madre de asambleas de toda la provincia) leyeron un comunicado. “Defender la 7722 ha sido otra batalla contra el modelo extractivista, que intenta perpetuarse en el fracking, las fumigaciones, los intentos de modificar regresivamente las leyes de glaciares y de aguas y otras formas de contaminación y despojo de los bienes comunes”, analizaba la AMPAP. Exigió el tratamiento y sanción del proyecto de ley que crea el Area Natural Protegida Uspallata-Polvaredas y del que declara a Mendoza libre de Fracking, el acceso a agua potable para los barrios populares y las comunidades del secano lavallino. Rechazó el tarifazo del agua y respaldó la lucha “hermana” del pueblo de Chubut en su defensa de la ley 5001.
El proyecto minero y contaminante impulsado por Suárez ni bien asumió y aprobado por 65 legisladores tuvo una efímera vida de diez días, pero todo parece indicar que la historia no terminó.