“En Malargüe hay licencia social para hacer minería y vamos a seguir luchando”, aseguró el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, que pidió una ley específica para esa zona. En esa localidad, dijo, “las cámaras empresariales y los modelos agropecuarios están a favor de la minería, y tenemos una ordenanza donde se declara pro minera”, sentenció. Para Ojeda, los vecinos que se manifestaron en contra de la minería contaminante no son importantes. El intendente dijo que “80 personas fueron a una caravana dirigida por alguien que no es del departamento”. 

También en Malargüe, el presidente de la Cámara de Comercio y Minería local, Gustavo Miras, viene insistiendo con que la localidad quede exceptuada de los alcances de la 7722 para que allí siga rigiendo la 9209. Es decir, para que sea posible realizar actividad minera usando cianuro, entre otras sustancias tóxicas.

Sin embargo, en la localidad existe una Coordinadora por el Agua y el Ambiente que afirma que el intendente Ojeda y la Cámara se atribuyen la representación del pueblo entero, cuando en realidad el pueblo apoya la “restitución íntegra” de la norma de 2007. En un comunicado, la Coordinadora advirtió que apoya la minería en caso de que no emplee sustancias tóxicas, repudia el argumento de que solucionará el problema del desempleo, denuncia “falta de control” en actividades extractivas y repudia la “persecución pública” por parte de “los representantes del pueblo”, ya que Ojeda se refirió a “violentos” y “anarquistas” e instó a aplicar contra ellos definiciones judiciales.

Este lunes, en la capital provincial, el intendente se acercó a conversar con legisladores y medios que estaban cubriendo la sesión en la Legislatura. Cuando se le preguntó por el comunicado de la Coordinadora y la existencia de una persecución, afirmó no estar al tanto y se mostró disgustado. Habló de “pícaros de la política asalariados del Estado nacional que llevan opiniones que no tienen legitimidad” dentro de los grupos que defienden el agua. 

La actividad genera “mucho trabajo”, según Ojeda, quien ponderó el caso de la brasileña Vale, una empresa que hizo sus tareas de exploración, generó expectativas laborales y cerró sus puertas porque bajó el precio del potasio. “Son actividades económicas a las que les puede ir bien o mal y en base a eso toman decisiones financieras”, sostuvo. 

El aval de la Legislatura a la exploración de la mina Hierra Indio hizo que los empresarios se envalentonaran con la minería metalífera. De acuerdo con el diario mendocino Los Andes, hay 19 proyectos en esa dirección. La página del Observatorio Petrolero Sur describe el entramado del proyecto Don Sixto, cuyos permisos pertenecen a Omar y Chafi Félix, del PJ, quienes “desde hace años tienen un litigio por este proyecto megaminero de oro y plata” en la zona entre San Rafael y Malargüe con la comunidad mapuche Lof Rukache.

Este lunes, el vicegobernador Mario Abed recibió a Ojeda, quien envió un decreto al Concejo Deliberante de Malargüe para que la localidad no participe de la Fiesta de la Vendimia. 

No sólo Ojea se hizo notar en la jornada de la derogación. En la sesión de Senado, --que se preveía exprés, aunque varios legisladores pidieron la palabra-- una frase quedará para la historia. Antes de manifestar su voto en contra, Gladys Ruiz (Cambiemos) citó a la Biblia para cargar contra el resto del recinto: “Si a Jesús lo crucificaron diciendo que quería salvar al mundo, digo lo mismo que él: ‘Perdónalos, señor, no saben lo que hacen”. Escudándose en el nombre de Alberto Fernández, Hilda Quiroga (PJ) sostuvo que hay que “construir futuro” para los jóvenes y solicitó que los recursos de la explotación queden en el departamento.