Desde Rio de Janeiro

De todos los puntos polémicos de su primer año como presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro logró concentrar críticas y preocupaciones alrededor del mundo en uno específico: la cuestión ambiental, con especial énfasis para la Amazonia.

En los últimos días de 2019 el presidente del IBAMA, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente decidió no llevar en cuenta los informes de los técnicos de la entidad y liberar la deforestación de una vasta área de mata Atlántica. Ha sido, de acuerdo a los críticos de la política ambiental del gobierno, el gesto de cierre de un año en que la política ambiental brasileña, antes considerada ejemplar, se transformó en preocupación alrededor del mundo.

El área de la mata Atlántica es reducida, situada en el sureste brasileño, y no tiene la importancia de las florestas de la región amazónica.

Lo importante, en este caso específico, es que pone en evidencia que bajo Bolsonaro toda la política ambiental construida a lo largo de décadas entra en un periodo de desmonte absoluto.

Si al inicio de su gobierno el presidente cesó a uno de los científicos más respetados en el mundo, el entonces presidente del INPE (Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, por la sigla en portugués) Ricardo Galvão, por haber cometido el pecado imperdonable de alertar sobre el aumento de las quemadas en la selva amazónica, basado en fotos realizadas por satélites monitoreados inclusive por agencias norteamericanas, lo que vino después confirmó los temores más agudos de especialistas de todas partes: la política ambiental anticipada por Bolsonaro en la campaña electoral del 2018 se confirmaba, y con los peores presagios.

La verdad es que 2019 terminó con datos alarmantes, todos y cada uno despreciados o desmentidos por el gobierno: los incendios en la región amazónica aumentaron un 30% este año, la minería ilegal de expandió de manera descontrolada, envenenando arroyos y ríos, la extracción ilegal de madera creció alrededor de otros 30%, y las invasiones de reservas indígenas, con asesinatos de líderes y dirigentes, alcanzó en un solo año marcas históricas acumuladas en otros diez anteriores.

De todos los retrocesos criticados por opositores al gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro, el que más impacto ha causado en el exterior ha sido precisamente lo relacionado al medioambiente.

Ya al inicio de su mandato, Bolsonaro cuestionó el derecho de países como Noruega y Alemania “invadiesen” la soberanía brasileña.

Ambos países hacían donaciones de alrededor de 750 millones de dólares anuales en un “Fondo Amazonia”, que repartía el dinero entre Organizaciones no Gubernamentales (ONGs).

El ministro de Medioambiente, Ricardo Salles, condenado en primera instancia cuando ocupaba cargo similar en el estado de San Pablo por haber adulterado un decreto de protección ambiental para favorecer a una constructora, dijo que rechazaría la donación europea a menos que se dejase a su ministerio la decisión sobre el destino de los recursos: serían destinados a indemnizar a terratenientes que tuvieron tierras desapropiadas por la entonces vigente ley de reforma agraria.

“¿Noruega no es aquel país que mata a ballenas allá arriba, en el Polo Norte? No tiene de decirnos qué hacer. Que agarren esa plata y se la regale a la Merkel, para que plante florestas en Alemania”.

Así reaccionó Bolsonaro en su sexto mes de presidente, al enterarse de las críticas del principal donador del Fondo Amazonia a su desmonte de las políticas ambientales brasileñas, erguidas a lo largo de décadas.

Los ataques sucesivos a ideas, personas y organizaciones sociales volcadas hacia la protección ambiental a lo largo de ese primer año de Bolsonaro en la presidencia no hicieron más que incentivar la acción de invasores de reservas, la minería ilegal y la extracción igualmente ilegal de floresta en reservas ambientales.

El año de 2019 rompió marcas históricas de matanza de líderes indígenas, de contaminación con mercurio de ríos y arroyos, de amenazas a líderes y dirigentes de los movimientos sociales de los sin tierras.

Las minerías avanzan sin obstáculos, la contaminación igual, y la deforestación obedece de manera cabal a lo que anunció Bolsonaro en su campaña electoral del 2018: a liquidar con la “industria de multas”, o sea, al control del medioambiente.

Lo que se pregunta en Brasil es qué pasará en 2020.

En 2019, no solo entraron en al país casi 500 agrotóxicos liberados para la agricultura (de los cuales 59% prohibidos en sus países de orígenes, principalmente en Europa), como la devastación en la Amazonia aumentó considerablemente.

El mundo se preocupa, y cada vez más.

Bolsonaro, todo indica, se preocupa cada vez menos.