Durante los últimos cuatro años, con el gobierno de Mauricio Macri, el Consejo de la Magistratura funcionó como instrumento de presión del poder político sobre el judicial y fue utilizado incluso para poner y sacar jueces en cargos estratégicos. Con la nueva conformación, que se terminó de delinear la semana pasada, el actual oficialismo no tendrá una mayoría agravada propia –un patrón habitual, que obliga a las fuerzas a negociar entre sí las decisiones claves como la selección de jueces/zas o el impulso de juicios políticos— pero apuesta a encontrar consensos para revertir los mecanismos que cultivó el macrismo y otros asuntos conflictivos. Uno de los temas centrales que tiene en carpeta es revisar los traslados a través de los cuales ciertos magistrados fueron cambiados de tribunal sin haber concursado para ese cargo. Entre los más polémicos figuran los nombramientos con esa modalidad en la Cámara Federal de Comodoro Py. Otra de las cuestiones en agenda apunta a establecer un sistema de trazabilidad de los sorteos informáticos con los que se asignan las causas judiciales, y que en los últimos tiempos habían logrado que mágicamente los expedientes más calientes y que tocaban o rozaban al kirchnerismo quedaran concentrados en los juzgados de Julián Ercolini y Claudio Bonadio. Un tercer punto será la implementación de una nueva reglamentación aprobada sobre fines del año pasado para garantizar la presencia de mujeres en las ternas para ocupar juzgados. El análisis de juicios políticos pendientes estará sujeto inevitablemente a negociaciones políticas por fuera de este organismo.

Al promediar 2019 el Consejo no llegó a elegir sus nuevas autoridades, porque a la vez quedaron dos de sus nuevos integrantes sin prestar juramento, cuyos nombres se confirmaron a último momento. Uno es el de la senadora chaqueña María Inés Pilati Vergara, de Unidad Ciudadana, ex ministra de Educación de Jorge Capitanich en Chaco, que reemplazará a Mario Pais por un evidente acuerdo que se hizo en el bloque dado que este último había surgido de una performance más marcada por la presencia, en su momento en el organismo, de Miguel Angel Pichetto. También quedó pendiente la asunción del senador elegido en octubre por el Frente de Todos Mariano Recalde, que reemplazará a Ada Iturrez de Capellini, pese a que tenía como suplente a Guillermo Snopek. Quien sí llegó a prestar juramento fue la diputada Vanesa Siley, también del Frente de Todos, que suplantará a Eduardo Wado de Pedro, que pasó a hacerse cargo del Ministerio del Interior. Junto con Siley –que además es secretaria de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales— asumió el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, antes asesor de De Pedro. Para entender cómo pueden funcionar en el nuevo cuerpo las mayorías, a este grupo con sello del kirchnerismo hay que sumarle las posibles voluntades del juez Alberto Lugones y del académico Diego Molea. Esto implica que sería un bloque de seis sobre trece miembros.

Por ahora continúa formalmente el camarista Ricardo Recondo como presidente, pero el candidato casi puesto para reemplazarlo es Lugones, quien quedaría secundado en una posible formula por el mismo Recondo, en otro tiempo un antikirchnerista furibundo hoy mucho más dispuesto a los entendimientos. Al frente de comisiones claves podrían quedar Graciela Camaño, en Selección –donde se dirimen los concursos—y para Disciplina y Acusación, un candidato factible es Molea. Todo está abierto aún, pero con las conversaciones iniciadas ése sería el escenario. De Cambiemos continúan en el cuerpo Pablo Tonelli, Marina Sánchez Herrero, Juan Pablo Más Vélez, y en sintonía con ellos –además de Recondo-- el juez Juan Manuel Culotta y, todo indica, la nueva consejera Silvia Giacoppo (senadora radical). El posible grupo opositor no está claramente definido. Camaño, por ejemplo, no suele tener posturas estancas.

Traslados

La práctica de hacer traslados de jueces o juezas de un tribunal a otro intentó ser utilizada por el gobierno de Cambiemos para asignar personas de supuesta confianza en cargos específicos. Este mecanismo intentó tener como amparo una controvertida ley aprobada a fines de 2016 que permitió transformar tribunales orales ordinarios (los que juzgan delitos comunes), en tribunales federales, con la excusa de que estaba pendiente el armado de seis tribunales para juicios en Comodoro Py, que como era obvio, eran candidatos a recibir los casos contra ex funcionarios del kirchnerismo. Con una simple mayoría en el Consejo se transformaba un tribunal. Así se intentó generar el célebre Tribunal Oral Federal 9, que recibiría los primeros expedientes contra Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez pese a que la Corte no lo había habilitado. El tema se volvió escándalo porque los supremos frenaron esa conformación y exigieron acuerdo del Senado, pero aún así se siguieron haciendo traslados con la ley en cuestión de jueces que no habían concursado el lugar donde iban a parar. Hubo 17 traslados desde 2016, y todos serán revisados según impulsará el nuevo oficialismo. Entre los más cuestionados están los de Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia que fueron mudados de un tribunal oral federal nada menos que a la Cámara Federal, epicentro de los tribunales de Retiro. Cerca de fin de año se aprobó una nueva reglamentación que exige mayoría agravada para estas definiciones y el acuerdo del Senado. Algunos consejeros consideran que se podrían revocar algunas designaciones, y aseguran que no habrá más traslados a la usanza macrista.

Sorteo de causas

El problema del direccionamiento de los sorteos informáticos de expedientes quedó a la vista en una causa a cargo de la jueza María Servini, donde la Auditoría General de la Nación evaluó que el sistema es completamente vulnerable y también hacía un ranking que mostraba que llamativamente se elegía con un frecuencia más elevada que al resto, al juzgado de Bonadio para distintas causas. Pero en medio de las sospechas hubo un caso elocuente de las maniobras que se pueden hacer: el día que se sorteó en el fuero federal el expediente sobre la muerte de Alberto Nisman –que venía de estar a cargo de la fiscal Viviana Fein y la jueza Fabiana Palmaghini en el fuero ordinario— se apagó o quedó “tildado” el sistema justo en el momento en que acababa de tocarle al juez Sebastián Casanello. Nunca nadie aclaró por qué razón no se pudo recuperar ese resultado, que muchos vieron, y en cambio se hizo un nuevo sorteo que le otorgó el caso al juez Ercolini. Es historia conocida que el macrismo buscó a toda costa que la causa concluyera que a Nisman lo mataron, para lo cual incluso se le encomendó un peritaje a la Gendarmería (para revertir al del Cuerpo Médico Forense que decía que no había participación de terceros en la escena de la muerte), cuyo resultado fue anunciado tres meses antes por el diario Clarin.

El hecho es que el oficialismo que responde a Alberto Fernández intentará provocar un cambio en esta costumbre de manipular sorteos de causas y lograr la instalación de un sistema de trazabilidad que permita controlar la asignación. El “data center” desde el cual se maneja este sistema depende del Consejo de la Magistratura, y algunos aspectos de la Corte, pero el eje de la responsabilidad estaría en el primero. En las causas judiciales nunca se determinó –no se sabe si porque no se pudo o no se quiso-- quiénes eran los responsables de las maniobras.

Mujeres al poder

Es una vieja problemática detectada que las mujeres son mayoría en el Poder Judicial, el 57 por ciento; pero solo el 27 por ciento según estadísticas de 2018 ocupa cargos jerárquicos. Esto sucede en parte porque se presentan menos a los concursos al creer que tiene menos chances, por ejemplo, por falta de antecedentes, algo que suele ser producto de la maternidad. En 2019 se aprobó una reglamentación para garantizar la presencia de al menos una mujer en cada terna. Por empezar, se estableció la inclusión de dos mujeres al momento de las entrevistas que forman parte del concurso, y luego a la inclusión de una en la terna, siempre que alcance un puntaje mínimo establecido. Esto se aprobó en el contexto de un compromiso internacional asumido por el Estado argentino tras el trámite de una denuncia ante el Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas. En el Consejo prevén que será conflictiva su implementación, por candidatos que puedan quedar afuera, de modo que la comisión de Selección quedará a cargo de establecer criterios. Todo esto se complementa con medidas para incorporar la evaluación de la perspectiva de género en los concursos y la realización de un curso específico.

Juicios políticos y pliegos en revisión

Uno de los grandes enigmas es qué pasará con juicios políticos pendientes en el Consejo de la Magistratura. En el primero grupo figuran algunos de los casos utilizados para presionar por el macrismo, donde es emblemático el de Alejo Ramos Padilla a raíz de la causa sobre espionaje que tramita en Dolores, por la que Cambiemos y sus intereses se vieron salpicados. También hay expedientes contra Rodolfo Canicoba Corral y Luis Rodríguez, ambos vinculados a cuestiones patrimoniales. El segundo por una coima que se le atribuyó en una causa vinculada a la de los cuadernos. Es posible que el oficialismo postule desestimarlos, y ahí se verá cómo funciona la nueva conformación del organismo. Luego hay causas pendientes contra Claudio Bonadío. El Gobierno apuesta a que se aleje del cargo, ya que tramitó la jubilación, que pareciera una opción más viable que la de encarar su enjuiciamiento. También hay denuncias contra Julián Ercolini, que no parecen encaminadas a prosperar. De todos modos estos dos últimos están sujetos a negociaciones en el ámbito de la política.

El Gobierno (y algunas de sus espadas en el Consejo), revisarán los 130 pliegos de jueces y juezas para cargos en todo el país que Mauricio Macri envió al Senado. Es algo común que suceda cuando asume una nueva administración. Pero existe la sospecha de que los intentos de designación se manejaron en muchos casos con el mismo criterio que se usó con la política judicial en general. Además, hay concursos claves pendientes: para dos cargos en la Cámara Federal y para el Juzgado electoral de La Plata, donde Ramos Padilla quedó primero. El Poder Ejecutivo tiene pendiente mandar un pliego para un cargo en la Cámara Electoral.