Siguen las malas noticias para el radicalismo, luego de la condena al ex intendente de Paraná Sergio Varisco por narcotráfico . La diputada nacional Aída Ayala (UCR) fue procesada, sin prisión preventiva, por el presunto delito de "fraude en perjuicio de la administración pública". La Justicia Federal de Resistencia, Chaco investiga un supuesto direccionamiento, y el presunto pago de sobreprecios, en contrataciones realizadas por el municipio chaqueño de Quitilipi, cuando esta funcionaria se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, entre 2015 y 217, dentro del Ministerio del Interior. Además, el tribunal ordenó un embargo por un millón de pesos.

La jueza federal Zunilda Niremperger entendió que "existen sobrados elementos que acreditan el modo irregular en que se habrían afectado los fondos aportados por la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación una vez transferidos a la Municipalidad de Quitilipi". Además, destacó que, luego de analizar las diversas pruebas en el expediente, "no resulta excesivo afirmar que nos encontraríamos ante una contratación completamente viciada".

Junto con la diputada de Juntos por el Cambio, también fueron procesados sus colaboradores Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, y el empresario Claudio Tolosa. "Los intendentes son autónomos, nosotros le depositábamos a un intendente y el compraba y vendía", dijo Ayala esta mañana en la radio El Destape, y señaló que desconocía a Tolosa. Sobre la causa en la que está siendo investigada sostuvo que "es armada, definitivamente. Me destruyeron no solo la imagen pública sino la salud". 

Ayala descartó la posibilidad de renunciar a su banca en la Cámara de Diputados. "No estoy de acuerdo con el desafuero, yo no voy a renunciar, pero son legales mis fueros", agregó.

Esta no es la única causa por corrupción que tiene en la mira a Aída Ayala. En 2018 fue procesada por la Justicia Federal de su provincia por "enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de coautora, y lavado de activos", mientras era intendenta de la ciudad de Resistencia, cargo que ocupó durante 3 períodos, entre 2003 y 2015 cuando asumió en el Ministerio del Interior. 

En aquella oportunidad Ayala, se defendió: "No hay ninguna prueba en el expediente, repito ninguna, de que se hubiera modificado mi patrimonio, así como tampoco que hubiera algún beneficio indebido en esa contratación y/o sobre precio en el contrato, que sigue actualmente en vigencia".

Sin embargo, en octubre de 2018, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó el procesamiento de la diputada y la prisión preventiva, solicitada por la jueza Niremperger, en primera instancia. Incluso, en mayo del mismo año la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado nacional Pablo Tonelli (PRO), ya había comenzado con el tratamiento del desafuero. 

Finalmente, el pedido de prisión preventiva fue revocado en diciembre del mismo año, a través de un fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, compuesto por los magistrados Mariano Borinski, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, que además pedía que se revisara el procesamiento. De esta manera, el trámite legislativo del desafuero quedó desestimado y la legisladora siguió ejerciendo su rol en el Congreso.

Informe: Antonio Riccobene