El gobierno resolvió finalmente que el incremento salarial otorgado por decreto para los trabajadores del sector privado será 4000 pesos. Con el sueldo de enero se pagarán 3000 pesos y en febrero se sumarán otros 1000. Las pequeñas y medianas empresas quedarán eximidas del pago de contribuciones patronales y tendrán un financiamiento especial. Este aumento salarial no se aplicará para empleados públicos como los docentes, trabajadores rurales y el personal de casas particulares, aunque el Gobierno adelantó que la semana que viene se establecerán medidas de “alcance similar”.

En una conferencia de prensa, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, detalló el impacto de la medida: “Un millón 300 mil trabajadores lograrán recuperar la totalidad del poder adquisitivo perdido en 2019. Es el 20 por ciento del total de los trabajadores. En las categorías más bajas de los convenios esto termina siendo un incremento real de entre el 7 y el 20 por ciento”. De esta forma, los sectores básicos de 10 de los 25 convenios colectivos de mayor cantidad de personal recuperarán el poder adquisitivo perdido en 2019. 

El incremento salarial para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado establece un mínimo y no un tope. “Es una cifra fija para todas las escalas y categorías”, aclaró Moroni. Estará consignado en el recibo de sueldo como un rubro independiente denominado “incremento solidario”.

Por otro lado, Moroni aclaró que los 4000 no son un bono: “Esto no es una suma extraordinaria. Es un incremento de 4000 que sigue hasta tanto sea incorporado por la comisión paritaria, la única diferencia es que se liquida aparte, para no mezclarse con las escalas”. Además, dijo que queda incorporado a cuenta de lo que negocien las convenciones colectivas en la paritaria 2020. Y en los casos en los que hubiera aumentos previstos de la paritaria del 2019, los aumentos se van a superponen, no se van a compensar. En diversos momentos se encargó de aclarar que no buscaban reemplazar las negociaciones colectivas y los cambios no modifican las escalas.

La medida tiene dos objetivos. “La política es mejorar el poder adquisitivo”, aseguró Moroni en Casa Rosada. Pero además, desde el Gobierno estiman que el incremento tendrá un “efecto dinamizador” sobre la demanda dado que la suma va a incorporar en la masa salarial 20 mil millones de pesos. La medida beneficia a los 6,03 millones de asalariados registrados del sector privado. 

Como el aumento es remunerativo, Juan Pablo Chiesa, abogado laboralista, explicó cuánto percibirá el trabajador en forma neta: “Cuando se liquide el sueldo al empleado le van a sacar el 17 por ciento de aportes”, explicó. Esto significa que en la práctica con el sueldo de enero se cobrará 2490 y al de febrero se le sumarán 830. Es decir, un total de 3320 pesos a partir de los primeros días de marzo. En el caso de los empleados que prestan servicios por un tiempo inferior a la jornada legal o convencional, también recibirán el incremento, pero en forma proporcional.

Por otro lado, en el artículo 2, el decreto establece importantes aclaraciones. “El incremento deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias”, dice. “Cuando se negocien las paritarias en 2020 las partes decidirán libremente cómo van incorporando esta remuneración al salario, si no negocian un valor mayor, se seguirá aplicando esto”, aclaró Moroni. Además, el aumento no debe ser tenido en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial previsto en un convenio o en un contrato individual. Es decir que como el incremento no se incorpora al básico, no se computa para el cálculo de adicionales, como puede ser el presentismo, dado que en los convenios suelen establecerse como porcentuales de un salario básico.

Pymes

Un punto clave del documento es la referencia a las pymes. Informalmente le habían planteado al Gobierno la semana pasada tener algún tipo de flexibilidad impositiva para poder hacer frente a estos aumentos. Quedarán eximidas del pago de las contribuciones patronales durante tres meses o el menor plazo en el que el incremento sea absorbido por las futuras negociaciones paritarias. Para eso deberán contar con el certificado MiPyme vigente o en caso de no tenerlo, obtenerlo dentro del plazo de 60 días corridos desde la fecha de entrada del decreto. La misma exención tendrán las entidades civiles sin fines de lucro.

Por otro lado, Moroni finalizó la conferencia y dio respuesta a otro reclamo de las pymes: el financiamiento. “Hay áreas del Estado que están pensando mecanismos de financiamiento específico”, adelantó. Minutos después, el Banco Central publicó un comunicado en el que asegura que se flexibilizaran las exigencias de encaje exclusivamente para los bancos que financien a las pymes, a una tasa de interés del 40 por ciento anual. “Es para que las empresas puedan hacer frente a sus necesidades de inversión y capital de trabajo”, explica.