"Mi función al frente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es remover completamente la política del macrismo respecto de los pueblos originarios." Magdalena Odarda --flamante presidenta de ese organismo y ex senadora nacional-- es tajante al definir sus objetivos. Cordobesa de nacimiento y rionegrina por elección, vive en Viedma y pasó el día de su cumpleaños en territorio de la comunidad mapuche donde apareció el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado. "Me reuní con la organización mapuche tehuelche de Cushamen durante una tarde, lo más grave es la falta de agua potable y el ataque de la tucura (langosta), que arrasa con todos los pastizales, por eso estamos tomando contacto con todos los ministerios, queremos que sientan que hay un Estado presente", dijo, en diálogo con PáginaI12. Y anunció que pidió al ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, que la tarjeta social del Plan Argentina contra el Hambre llegue a los cuarenta pueblos del país. "La tasa de pobreza de nuestras comunidades indígenas es una de las más altas de Latinoamérica", expresó.

La designación de Odarda fue saludada por representantes de los pueblos originarios, por su militancia en favor de los derechos ambientales y las comunidades indígenas. Desde su banca en la Cámara alta, Odarda impulsó proyectos de propiedad comunitaria indígena, de protección de sitios sagrados y ceremoniales declarados bienes culturales comunes, y de desclasificación de los documentos oficiales relacionados con el genocidio de indígenas, entre otros. 

"Haremos primar el diálogo por sobre la represión, que caracterizó al ministerio de Patricia Bullrich, y la entrega de los títulos comunitarios haciendo respetar todos los derechos consagrados en la Constitución Nacional luego de la reforma de 1994, que reconoce los derechos de los pueblos originarios, además del Convenio 169 de la OIT, el derecho a la consulta libre, previa e informada como obligación del Estado ante cualquier tipo de emprendimiento que pueda afectar su cosmovisión", describió. Esto significa que antes de cualquier obra los pueblos indígenas que viven en el lugar deben ser consultados.

"Es una vuelta de página, habrá respeto y se pondrá fin a los abusos que terminan con niños encarcelados, como pasó recientemente en Salta", dijo la presidenta del INAI. Otro de los ejes de su gestión será el cumplimiento de la ley que obliga a devolver los restos mortales a las comunidades. "No puede ser que aún exhiban la cabeza de Calfucurá en una caja del Museo de La Plata". 

Odarda visitó la más reciente recuperación de territorio mapuche de la comunidad Kurache en Chubut. "Ingresamos con autorización del fiscal y del comisario de El Maitén, a quien le pedimos que quite la guardia que traba las tranqueras e impide la circulación por ese paso o camino vecinal, y hablamos con la comunidad sobre la necesidad de un diálogo, algo que aceptaron siempre y cuando el INAI se haga presente, con los representantes del CPI" (Consejo de Participación Indígena), indicó la funcionaria.

El fiscal federal Oscar Oro, según dijo Odarda, le pidió que el INAI sea parte de esa mesa de diálogo con integrantes de la Defensoría de Lago Puelo. Este representante del Ministerio Público, que supo impulsar no pocas acciones judiciales contra poblaciones indígenas, se comprometió ante Odarda "a no reprimir ni desalojar con violencia a los Kurache, comunidad donde hay niños y personas enfermas".

--¿Cómo piensan frenar los desalojos?

--A través de nuestros abogados y representantes indígenas vamos a promover el cumplimiento absoluto de la Ley 26.160 que establece la emergencia en la propiedad y posesión hasta tanto finalice el relevamiento territorial. Lamentablemente, en el gobierno anterior se avanzó muy poco, pero la ley tiene vigencia por cuatro años por lo tanto vamos a promover que se aplique por todos los jueces. Es una norma nacional de modo que debe ser cumplida en todo el país. Además, el otro eje será el otorgamiento de los títulos comunitarios trabajando en conjunto con los gobiernos provinciales y los representantes indígenas, en donde se haya realizado el relevamiento técnico.

--¿Es posible reparar el daño sufrido por la comunidad de Cushamen, reprimida, con su lonko encarcelado y donde desapareció y luego apareció muerto Maldonado?

--Debe activarse con jueces imparciales la investigación respecto del asesinato de Santiago Maldonado, sobre todo el accionar de la Gendarmería en ese operativo, que a nuestro juicio fue ilegal, y acompañaremos a los familiares que siguen buscando justicia.