El 70 por ciento de las sentencias por violaciones a los derechos humanos de la última dictadura cívico militar no están firmes. Así lo reveló el más reciente informe de la Procuraduría especializada en crímenes contra la humanidad, en donde se bautiza por primera vez con nombre propio --”espiral recursivo”-- al rebote de los expedientes entre tribunales orales, la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia, una de las razones principales del letargo que experimenta el proceso de juzgamiento a los responsables del plan represivo más sangriento que vivió el país en el siglo pasado. “No terminamos nunca de llegar al final de la etapa de juzgamiento y en el proceso se terminan muriendo no solo imputados sino víctimas y sus familiares, sin justicia”, advirtió la titular del área especializada, María Ángeles Ramos.

En el balance correspondiente a 2019 que realiza año tras año sobre el proceso judicial vinculado con los crímenes de lesa humanidad, la Procuraduría no solo repasó la cantidad de causas y su estado procesal (4 de cada 10 se encuentran en la instrucción, el inicio del proceso), los juicios realizados y los por venir (continúa la merma en la elevación a juicio de los expedientes), así como la cantidad de represores investigados, imputados, condenados y la calidad del cumplimiento de sus penas (cada vez más con prisión domiciliaria y un creciente número en libertad). En esta ocasión, además, dedicó un apartado a analizar la situación de los casos una vez que la instancia de juicio oral y público acabó. Y las conclusiones son alarmantes.

Solo un cuarto de las condenas está firme

El proceso judicial que recorren los crímenes de lesa humanidad vive una “alta tasa de revisión”, advierte la Procuraduría. ¿Qué significa? Que un fallo de un tribunal federal oral es recurrido, discutido, por las diferentes partes --defensas, querellas y Fiscalía--, lo cual obliga a que jueces en otras instancias lo revisen: en un primer lugar la Cámara Federal de Casación Penal y, si su opinión es nuevamente recurrida, la Corte Suprema. Según las estadísticas, de 238 causas con sentencia, solo 61, es decir un cuarto, quedaron firmes post fallo de la Corte Suprema. Han finalizado. ¿Y el resto?

De las sentencias dictadas, un 38 por ciento (81) son de un tribunal oral federal. Cuatro de ellas son veredictos recientes, es decir, que aún no se conocieron los fundamentos como para que las partes tengan elementos para discutir. Las 77 restantes se encuentran bajo análisis de la Casación Penal, un pantano en el que la circulación de expedientes de lesa se ralentiza: según el documento del Ministerio Público Fiscal, esa alzada confirmó solo 9 condenas en 2019, menos de la mitad que el año anterior.

Otro 40 por ciento, unas 96 sentencias, cuentan con fallo de Casación. De ellas, solo 11 fueron confirmadas ya que nadie discutió la decisión de las salas. El resto, 85, no conformaron a alguna de las partes por lo que se encuentran a la espera del análisis de la Corte. Y allí empieza el rebote.

En base a lo que se conoce como “Doctrina Duarte”, la Corte busca el “doble conforme” en los expedientes que analiza, una especie de “consenso” entre las resoluciones de las instancias judiciales que las preceden --tribunales orales y Casación--. Así, la circulación de los expedientes deja de ser lineal y empieza a saltar de un tribunal a una sala de la alzada, de nuevo a un tribunal, a la Corte, y vuelve a bajar a la alzada. De allí, la denominación de “espiral recursivo” que, en promedio, demora unos 3 años y medio. El efecto de este loop es “nocivo” para un proceso como el de lesa en el que el factor tiempo juega un factor fundamental.

"No terminamos nunca de llegar al final de la etapa de juzgamiento"

“Nadie discute la garantía que otorga el doble conforme al proceso, pero nos estamos encontrando con su efecto: no terminamos nunca de llegar al final de la etapa de juzgamiento y en el medio se terminan muriendo no solo imputados sino sus víctimas y sus familiares, para quienes no termina habiendo justicia”, advierte Ramos. De las 962 personas que fueron halladas culpables de haber cometido o sido cómplice de torturas, secuestros, desapariciones, asesinatos y otros delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, solo 254, el 26 por ciento, cuenta con una sentencia firme. 130 han fallecido en el camino.

En ese sentido, la fiscal apunta que el método de la doctrina Duarte, que “aporta seguridad jurídica” se “malcombina con una demora marcada en el análisis de las causas”, fundamentalmente en la Casación y en la Corte Suprema. “Si nos paramos a ver la congestión que atraviesan los tribunales, entonces la solución sería crear más salas de Casación. Si lo que sucede es que se demora en busca de la excelencia del análisis, opino que es primordial que se priorice la practicidad así como lo hace la acordada 1/12 de la Corte Suprema para la instrucción de las causas”, opinó la fiscal. .

Como sea, lo que para Ramos “más debiera llamar la atención al Poder Judicial, al Consejo de la Magistratura” es la demora que sufre el proceso en la confirmación de las sentencias. “Hay sentencias que tardan cinco años en confirmarse. Cinco años cuando se tiene 30 es una cosa, pero cuando se tiene 80 es el resto de la vida. No es lo mismo. Es necesario que las instancias recursivas se aboquen a analizar los fallos con la misma celeridad que está un tribunal obligado a juzgar en tiempo y forma”, concluyó.

Cifras generales

Tal como adelantó la Procuraduría a principios de diciembre, son 589 las causas que investigaron o investigan los crímenes de la última dictadura desde 2006, cuando comenzó formalmente el proceso de juzgamiento a los delitos de lesa humanidad. En ellas, son actualmente o fueron hasta su fallecimiento investigadas 3295 personas. Durante estos 13 años se dictaron 238 sentencias, en las que fueron condenados 962 represores y absueltos 157. La cantidad de sentencias, no obstante, continúa en descenso desde 2017: entonces, se conocieron 27 veredictos, mientras que durante 2019, fueron 19.

La ralentización no solo se observa en el tramo de sentencias del proceso de juzgamiento del terrorismo de Estado. De aquellas más de 500, solo nueve causas cuentan con fecha de juicio programada para 2020 según la agenda de la Procuraduría especializada. A las ocho que había anunciado este diario la semana pasada se sumó, en los últimos días, el comienzo del debate sobre los crímenes de los pozos de Banfield y Quilmes, fijado para el 5 de mayo de 2020.