La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, distinguió ayer la diferencia entre ser y parecer. Entre la apariencia y la realidad. El gobierno de Miguel Lifschitz –dijo- sostuvo hasta el final una “situación ficticia en la que parecía que estaba todo bien, porque se pagaban los sueldos públicos y se anunciaban obras”, pero esa figura “no tenía el sustento del financiamiento” del Estado. “Hoy, la provincia no sólo tiene déficit financiero, que es la falta de dinero para hacer frente a sus obligaciones, sino también un alto endeudamiento”, que en su cartera supera los 7.000 millones de pesos. Las cuentas están arriba de su escritorio. “El Ministerio debe 3.094 millones” (en obras de infraestructura). La Empresa Provincial de la Energía casi 4.000 millones (un monto que incluye una súper factura de 600 millones de pesos de intereses). Y hay más de 400 millones, que no tengo certezas de las cifras, porque son deudas sin registrar. Todo está sujeto a revisión”, aclara Frana. Y concluye: “Sí, tenemos una deuda que oscila en los 7.000 millones de pesos”, sólo en su área. La semana pasada, su colega Carlos Parola, reveló que el Ministerio de Salud debía 1.500 millones (1.200 millones en insumos y 300 millones en personal y otros gastos). Los dos coinciden que encontraron deudas atrasadas desde mayo, hace ocho meses.

--¿Cómo define esta situación? --preguntó Rosario/12.

--De emergencia –-contestó Frana. “Y cuando estamos en emergencia, está bien retomar el debate sobre la ley” que mandó el gobernador Omar Perotti a la Legislatura, pero que el bloque de Lifschitz archivó en la Cámara de Diputados. “El proyecto tiene muchos capítulos: la emergencia social, alimentaria, en salud, en seguridad, no hace falta demostrarla, sólo hay que salir de atrás del escritorio para entender lo que pasa en la calle. Y una emergencia por el nivel de endeudamiento requiere de un marco legal para hacer los acuerdos necesarios” con los acreedores, salir de ese pasivo y “seguir trabajando en las obras que necesita la gente”.

“Por eso, –siguió la ministra- creo que hubo un error de quienes fueron oficialistas y hoy son opositores (Lifschitz y su bloque) en no reconocer esta emergencia porque en la mayoría de los casos son emergencias provocadas por decisiones del gobierno anterior”.

"Los propios contratistas han decidido parar las obras porque no cobran desde el gobierno anterior, desde mayo o julio" 

La consulta a Frana era por la herencia en un súper Ministerio que concentró cuatro carteras del gabinete anterior (Infraestructura, Obras Públicas, Energía y Hábitat), más las empresas públicas. La ministra contestó con los papeles en la mano. “El Ministerio debe 3.094 millones de pesos. La deuda centralizada corresponde a: Vialidad Provincial (1.033 millones), Obras Públicas (976 millones 615 mil pesos), Asuntos Hídricos y Saneamiento (846 millones 747 mil) y Vivienda y Urbanismo (236 millones 971 mil). “Todo está sujeto absolutamente a revisión”, aclaró.

Pero a ese rojo, le agregó las deudas de la EPE por casi 4.000 millones a Cammesa, la proveedora de energía mayorista: 2.000 millones por facturas no pagadas en junio y julio de 2019, renegociadas, 594 millones por intereses, 2.109 millones por facturas vencidas. Y una cifra similar que vencerá el miércoles 8 de enero”, explicó (ver aparte). Más, una transferencia de 1.200 millones a la empresa Aguas Santafesinas. Y una deuda de 40 millones en un esquema de subsidios a comunas e instituciones.

-¿Una deuda que ronda los 7.000 millones? –le planteó este diario.

-Sí usted suma los 3.094 millones del Ministerio en forma centralizada, más los casi 4.000 millones de la EPE, más los 400 millones de promedio que no tengo certezas de las cifras porque son deudas sin registrar. Y sí, estamos en ese número, más de 7.000 millones de pesos –respondió.

“La mayoría son deudas exigibles”, dijo la ministra. La ley de emergencia que Perotti propuso a la Legislatura y el bloque de Lifschitz archivó estimaba la deuda flotante en 22.700 millones de pesos, al 30 de noviembre. “Lo que está claro es que hay una deuda importante y un déficit de casi 20.000 millones al final del ejercicio (2019). Cualquiera puede ver que esto es un problema para la provincia, en un momento en que la actividad económica está estancada y cae la recaudación impositiva”.

--¿Esto significa que las obras se paralizan?

--Los propios contratistas han decidido parar las obras porque no cobran desde el gobierno anterior. No es que no cobran en estos 20 días hábiles de nuestra gestión. Algunos no cobran desde el mes de mayo y otros desde julio.

“Insisto: esto amerita volver a debatir (en la Legislatura) la ley de emergencia que pide el gobierno provincial”, planteó Frana. “Santa Fe no escapa a la realidad del país, donde hay mucha gente que no come. Es así. Hay una emergencia social, alimentaria, en salud, en seguridad”.

“Hubiera sido un buen inicio” aprobar la emergencia que pidió la provincia y “darle gobernabilidad” a Perotti, de la que “tanto hablaba” Lifschiz. “Cuando el ex gobernador Antonio Bonfatti propuso la emergencia en seguridad (en 2012 y se prorrogó en 2014), el justicialismo acompañó”. “Tenemos que entender lo que le pasa a la gente, dejar de lado las chicanas y si el proyecto merecía modificaciones, había que sentarse en una mesa de acuerdos y no mandarlo al archivo, sin reconocer lo que se vive”, concluyó Frana.