La jueza ecuatoriana Daniella Camacho llamó a juicio al ex presidente Rafael Correa por un caso que investiga la supuesta financiación ilegal de su movimiento político. La causa que lleva el nombre Sobornos 2012-2016 también involucra al ex vicepresidente Jorge Glas y otras veinte personas. Correa sostuvo que tanto él como los miembros de su partido son víctimas de una persecución judicial y política.
Fue acusado por la presunta existencia de una estructura integrada por funcionarios públicos. Para la fiscalía, la organización habría facilitado la entrega de recursos a través de dos modalidades: cruce de facturas y dinero en efectivo por parte de empresarios para beneficiarse de contratos con el Estado. La Fiscalía había presentado 837 pruebas para sustentar su acusación durante los once días que duró la audiencia previa al juicio. A ella se sumaron los argumentos presentados por la Procuraduría general del Estado como acusación particular. Según la Fiscalía, los sobornos realizados durante el período que abarca el caso superan los 7,5 millones de dólares.
Una vez conocida la decisión, Correa la calificó como una gran payasada. Insistió en que es víctima de una persecución judicial y política orquestada por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en connivencia con la justicia. “Se trata del LAWFARE. Objetivo: impedirnos participar en próximas elecciones”, aseguró el ex mandatario en Twitter. Correa sostuvo que las investigaciones sólo se dan contra su fuerza política. En cambio, aseguró que no hay medidas judiciales que involucren al actual presidente. “El Consejo Nacional Electoral acaba de certificar que todas las cuentas están en orden, pero no importa. Es la persecución política más brutal que la historia del país recuerde, pero eso no interesa a cierta prensa internacional”, sostuvo el ex presidente.
Durante la audiencia, la jueza también llamó fuertemente la atención a la Fiscalía General del Estado por la "formulación desordenada" de la acusación. Según la jueza esto habría complicado el análisis jurídico del caso. Además, observó que no se incluyera a la firma Odebrecht entre las empresas investigadas, pese a que figuraba como partícipe del supuesto delito que investigó la Fiscalía.
El llamamiento a juicio también afectó a varios ex funcionarios, como Vinicio Alvarado, Alexis Mera y Walter Solis, entre otros. Asimismo fueron sobreseídas tres personas, entre ellas María Augusta Enríquez, una ex asesora de Alvarado. Con este llamado a juicio, Correa acumula su segunda convocatoria a esta etapa procesal. También fue involucrado en un caso de supuesto secuestro al político opositor Fernando Balda en 2012.
